/ martes 27 de julio de 2021

"Estamos ante una catástrofe educativa”: Obispos de México

Urgen considerar al sector educativo como prioritario dentro de la política nacional

El Sol de Zacatecas

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer este martes un documento en el que los obispos de México apremian para considerar al sector educativo como prioritario dentro de la política nacional e implementar un plan de vacunación que permita alcanzar en menor tiempo una inmunidad de toda la sociedad, ante la posibilidad de un regreso presencial a clases el próximo 30 de agosto, así como generar un pacto educativo local para responder al desafío de la reconversión física y social, de cada comunidad escolar.

En el documento, dividido en siete puntos, los obispos mexicanos reconocen que la educación es la piedra angular de todo proyecto de Nación y reconocen la necesidad de un verdadero Estado Social que resguarde y promueva en primer lugar, la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de los más pequeños, según lo establece la Constitución en su artículo cuarto, recientemente reformado.

Así, los prelados exhortan a reconocer que se está ante una "catástrofe educativa" de dimensiones globales, que puede dejar fuera del sistema educativo a más de 250 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Enfatizan, además que "las medidas sanitarias son insuficientes si no van acompañadas de un nuevo cambio en el modelo de desarrollo... para que se respete y proteja la dignidad de la persona humana. La crisis que atravesamos es una crisis global, que no se puede reducir ni limitar a un único ámbito o sector. Es general."

Por ello, proponen siete prioridades:

1. Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad, articulando una respuesta gradual y solidaria para todos.

2. Responder con toda la fuerza del Estado (sociedad y gobierno), ante esta crisis sanitaria, económica y educativa.

3. Abrir a la participación de la sociedad la implementación de la vacunación (académicos, empresarios y organismos intermedios), con el fin de alcanzar en menor tiempo una inmunidad de toda la sociedad.

4. Procurar el bienestar integral de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (educación, salud, seguridad, afecto, etc.) observando el principio constitucional del interés superior de la niñez.

5. Realizar un esfuerzo en el presupuesto para apoyar al sector público y privado de la educación, y así garantizar protocolos en donde se reconozca la realidad de cada centro. Igualmente, se incorpore una real participación de la comunidad educativa. Así mismo se hace un llamado a toda la sociedad en la corresponsabilidad de los centros educativos para que impulsen las prudentes actividades educativas.

6. Poner al servicio de la niñez los medios pedagógicos, tecnológicos e instrumentales para el regreso a clase.

7. Finalmente, y no menos importante, responder al desafío de la reconversión física y social, de cada comunidad escolar, a través de la generación de un pacto educativo local, entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos, asociaciones religiosas (en una sana laicidad positiva y constructiva), entre otros.

Consideran, además, urgente recuperar toda una estructura para la educación temprana, que antes de la Pandemia ya había sido restringida. “No podemos arriesgar el porvenir de esta generación” -advierten-. Se requieren guarderías, estancias infantiles, pre-escolares, así como una atención integral y de calidad que garanticen las futuras condiciones educativas”.

La educación, no debe ser un instrumento de ideologización, ni tampoco un botín para favorecer a un gremio, sino que es la acción más noble y auténtica que puede tener el ser humano con sus semejantes.

Concluye en una de sus partes el documento, firmado por Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM.

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En el documento, dividido en siete puntos, los obispos mexicanos reconocen que la educación es la piedra angular de todo proyecto de Nación y reconocen la necesidad de un verdadero Estado Social que resguarde y promueva en primer lugar, la educación, la salud, la seguridad y el bienestar de los más pequeños, según lo establece la Constitución en su artículo cuarto, recientemente reformado.

Así, los prelados exhortan a reconocer que se está ante una "catástrofe educativa" de dimensiones globales, que puede dejar fuera del sistema educativo a más de 250 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el mundo.

Enfatizan, además que "las medidas sanitarias son insuficientes si no van acompañadas de un nuevo cambio en el modelo de desarrollo... para que se respete y proteja la dignidad de la persona humana. La crisis que atravesamos es una crisis global, que no se puede reducir ni limitar a un único ámbito o sector. Es general."

Por ello, proponen siete prioridades:

1. Garantizar un Programa Estratégico General para el Regreso Presencial a la Comunidad Educativa, el próximo 30 de agosto, que parta de un diagnóstico serio, calificado y amplio, que recoja las realidades y las voces de la educación pública y privada, con especial atención a las dolorosas situaciones de inequidad, articulando una respuesta gradual y solidaria para todos.

2. Responder con toda la fuerza del Estado (sociedad y gobierno), ante esta crisis sanitaria, económica y educativa.

3. Abrir a la participación de la sociedad la implementación de la vacunación (académicos, empresarios y organismos intermedios), con el fin de alcanzar en menor tiempo una inmunidad de toda la sociedad.

4. Procurar el bienestar integral de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (educación, salud, seguridad, afecto, etc.) observando el principio constitucional del interés superior de la niñez.

5. Realizar un esfuerzo en el presupuesto para apoyar al sector público y privado de la educación, y así garantizar protocolos en donde se reconozca la realidad de cada centro. Igualmente, se incorpore una real participación de la comunidad educativa. Así mismo se hace un llamado a toda la sociedad en la corresponsabilidad de los centros educativos para que impulsen las prudentes actividades educativas.

6. Poner al servicio de la niñez los medios pedagógicos, tecnológicos e instrumentales para el regreso a clase.

7. Finalmente, y no menos importante, responder al desafío de la reconversión física y social, de cada comunidad escolar, a través de la generación de un pacto educativo local, entre directivos, maestros, padres de familia, estudiantes, comunidad en general, incluyendo autoridades civiles, académicos, asociaciones religiosas (en una sana laicidad positiva y constructiva), entre otros.

Consideran, además, urgente recuperar toda una estructura para la educación temprana, que antes de la Pandemia ya había sido restringida. “No podemos arriesgar el porvenir de esta generación” -advierten-. Se requieren guarderías, estancias infantiles, pre-escolares, así como una atención integral y de calidad que garanticen las futuras condiciones educativas”.

La educación, no debe ser un instrumento de ideologización, ni tampoco un botín para favorecer a un gremio, sino que es la acción más noble y auténtica que puede tener el ser humano con sus semejantes.

Concluye en una de sus partes el documento, firmado por Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey y Presidente de la CEM.

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