/ jueves 24 de enero de 2019

Ex alcalde continúa en prisión preventiva

En maratónica sesión (más de ocho horas) se determinó que existía un importante grado de riesgo de no comparecer

Zacatecas, Zac.- Tras acogerse al plazo legal de 144 horas para determinar si se dicta o no el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, el juez Rodolfo Moreno Murillo determinó que el exalcalde de Trancoso, Ricardo “N” permaneciera en prisión preventiva, ante un importante grado de riesgo de no comparecer.

En una audiencia que tuvo una duración aproximada de ocho horas y 40 minutos, la fiscalía fundamentó las razones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en cuanto a la acusación por la distracción de recursos.

Se estableció que el exalcalde Ricardo “N” desvió recursos en obras que no fueron realizadas o que lo fueron parcialmente, moviendo recursos entre diversas partidas que no acreditan su uso.

De esta manera, se señaló que la afectación al municipio se habría dado por un monto de 34 millones 895 mil 587.85 pesos, de los cuales se desconoce el destino.

Se indicó que el exalcalde no entregó los Informes mensuales, trimestrales ni anuales que le correspondía “N” además de la no presentación de la Cuenta Pública, por lo que se entró a una revisión en el que el Ayuntamiento no entregó la documentación completa.

La audiencia inició en la Sala 4 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral y tras un primer receso se movió a la Sala 2.

En la audiencia estuvo presente la esposa del exalcalde, Gloria Estela Rosales, a quien en tres momentos se le acercó para intercambiar unas palabras.

Al saber su destino, el expresidente municipal volteó con un gesto de resignación hacia su esposa, mientras el abogado defensor, Alberto Gaytán buscaba que no se aplicara la prisión preventiva y aseguró que la defensa va a demostrar la no responsabilidad del imputado, además de señalar una acusación “imprecisa y oscura” por parte de la fiscalía.

En la exposición de la ASE, se indicó que, en la revisión realizada al municipio, no hay evidencia de obras ni del destino de los recursos ejercidos.

Entre las obras etiquetadas que no se realizaron estuvo ampliación del lienzo charro, la remodelación del auditorio municipal, la ampliación de la Plaza de Los Pintores, entre otras.

Hubo otras obras, como la construcción del domo en la secundaria, que se quedó en proceso.

Ante la falta de evidencia física de las obras, se hizo una inspección física en la cual se entrevistó a varias personas, como el párroco de la iglesia que presumiblemente se iba a restaurar, que dijo que no tenía conocimiento de un proyecto y que, aunque lo hubiera, se debía tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la cual no tenía conocimiento que alguna vez se hubiera solicitado.

Es decir, los posibles beneficiarios no tenían conocimiento de que fueran a llevar a cabo obras, o que hubiera proyectos, lo que da claros antecedentes para señalar que se desviaron recursos etiquetados de diversos Fondos, y de los cuales no se tiene certidumbre de su destino.

Resolución

Al emitir su resolución el juez Rodolfo Moreno Murillo admitió que un importante riesgo de la no comparecencia del imputado, aparte de los antecedentes de una sentencia previa por tres años y seis meses que purga en libertad bajo caución.

Dijo tomar en cuenta la pena correspondiente a la acusación que se le hace, que va de los dos a los diez años de prisión y que la reparación del daño, al ser de 34 millones de pesos, sería una dificultad en un caso de sanción pecuniaria.

A pesar de ello, admitió que el debate en el sentido de las imputaciones aún no existe y señaló que la defensa tiene un lapso de tres días para recurrir legalmente la prisión preventiva.

De esta manera, dejó para el próximo lunes a las 09:00 horas en el Juzgado de Control, la determinación de la realización de la audiencia de vinculación a proceso penal.

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En una audiencia que tuvo una duración aproximada de ocho horas y 40 minutos, la fiscalía fundamentó las razones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en cuanto a la acusación por la distracción de recursos.

Se estableció que el exalcalde Ricardo “N” desvió recursos en obras que no fueron realizadas o que lo fueron parcialmente, moviendo recursos entre diversas partidas que no acreditan su uso.

De esta manera, se señaló que la afectación al municipio se habría dado por un monto de 34 millones 895 mil 587.85 pesos, de los cuales se desconoce el destino.

Se indicó que el exalcalde no entregó los Informes mensuales, trimestrales ni anuales que le correspondía “N” además de la no presentación de la Cuenta Pública, por lo que se entró a una revisión en el que el Ayuntamiento no entregó la documentación completa.

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En la audiencia estuvo presente la esposa del exalcalde, Gloria Estela Rosales, a quien en tres momentos se le acercó para intercambiar unas palabras.

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En la exposición de la ASE, se indicó que, en la revisión realizada al municipio, no hay evidencia de obras ni del destino de los recursos ejercidos.

Entre las obras etiquetadas que no se realizaron estuvo ampliación del lienzo charro, la remodelación del auditorio municipal, la ampliación de la Plaza de Los Pintores, entre otras.

Hubo otras obras, como la construcción del domo en la secundaria, que se quedó en proceso.

Ante la falta de evidencia física de las obras, se hizo una inspección física en la cual se entrevistó a varias personas, como el párroco de la iglesia que presumiblemente se iba a restaurar, que dijo que no tenía conocimiento de un proyecto y que, aunque lo hubiera, se debía tener la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la cual no tenía conocimiento que alguna vez se hubiera solicitado.

Es decir, los posibles beneficiarios no tenían conocimiento de que fueran a llevar a cabo obras, o que hubiera proyectos, lo que da claros antecedentes para señalar que se desviaron recursos etiquetados de diversos Fondos, y de los cuales no se tiene certidumbre de su destino.

Resolución

Al emitir su resolución el juez Rodolfo Moreno Murillo admitió que un importante riesgo de la no comparecencia del imputado, aparte de los antecedentes de una sentencia previa por tres años y seis meses que purga en libertad bajo caución.

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A pesar de ello, admitió que el debate en el sentido de las imputaciones aún no existe y señaló que la defensa tiene un lapso de tres días para recurrir legalmente la prisión preventiva.

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