Exigen a diputados zacatecanos apegarse a la ley

Zacatecas, Zac.- Representantes de grupos de la diversidad sexual pidieron a la Legislatura que se apegue a la ley, y al gobernador Alejandro Tello Cristerna, a su esposa Cristina Rodríguez Pacheco y al obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, que saquen las manos del proceso legislativo y dejen de discriminar a grupos minoritarios.

Señalaron que acudieron ante la secretaría de Gobernación (Segob) para que les garantice sus derechos, así como a la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues “nos parece de alta peligrosidad el grado de violencia que se está viviendo en zacatecas ante la necesaria y obligatoria aprobación de matrimonio civil igualitario".

Al gobernador Alejandro Tello le exigieron “se mantenga sus prejuicios personales en el ámbito de su vida privada y le exigimos el respeto pleno al marco de constitucionalidad y legalidad que nos rige, usted gobierna para todas y todos y debe mantenerse imparcial y en este proceso legislativo, con las manos fuera de la función legislativa.

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“A usted, adicionalmente, le aplica toda la normatividad de separación de poderes, puesto que tiene derecho de iniciativa y de cabildeo de las mismas, pero nunca de incidir para que se violen los derechos humanos de las personas, a las que de manera indirecta, con sus posicionamientos, considera de menor valía como seres humanos”.

Agregaron que “a la señora Cristina Rodríguez Pacheco, le recordamos públicamente que no forma parte de la estructura del Estado, que toma decisiones a nombre y en representación del pueblo, que su papel es como esposa y, por lo tanto, no debe señalar, a la usanza de las viejas monarquías quién tiene derechos o no, con quiénes el Estado asume su obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos humanos, plenos o no, su papel, en todo caso, es honorífico y no implica la toma de decisiones fundamentales para la vida de todas las personas en nuestra entidad”.

Evidentemente, “exigimos que el obispo de la Diócesis de Zacatecas (Sigifredo Noriega) se conduzca conforme al marco normativo del Estado mexicano, y que recuerde que entre sus facultades no está la de hacer política, que no tiene derecho a regir la agenda pública y a formar, con políticas y políticos que no recuerdan que esto es un Estado laico, una asociación fuera de la ley para transgredir los derechos humanos de las personas que no se ajustan a sus estrechos parámetros de ser persona”.

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“Le recordamos que incluso dentro de sus templos y en su púlpito no puede utilizar un lenguaje homofóbico y denigrante, y no puede, a través de frases cargadas de odio, incitare a la violencia en contra de una parte de la población, usted, igual que las diputados y diputadas, que el gobernador y su esposa, tiene derecho a profesar la religión que le agrade, a comunicarse con quien coincide con ustedes, pero no puede utilizar las ideas como verdad y modelo para todas y todos nos unamos a ellas”.

“Le decimos incluso que ni siquiera se asume como verdad religiosa absoluta, pues el sentido del Estado laico no implica la ausencia de religión, sino el respeto a todas las manifestaciones religiosas, por ello, exigimos a quienes forman parte de otros grupos religiosos que en este país también han vivido discriminaciones y persecución y que ahora la aplica en contra de quienes no se ajustan a sus parámetros, les recordamos que les aplica la misma normatividad y que no tienen derecho a discriminar y violentar a ninguna persona, por ninguna condición, como la de preferencia u orientación sexual.

Como colectivo, reivindican sus derechos humanos plenos y su derecho a vivir libres de violencia, a vivir con dignidad, y sin discriminación alguna y exigimos la intervención de la autoridad para que nuestra entidad vuelva al cauce de la ley.

La condición de inferioridad en que se considera a un grupo de personas dotadas, como las demás de dignidad y que por lo estrecho de la mente de algunos y algunas, los fundamentalismos religiosos intentan regresarnos siglos atrás, a la época medieval.

Es deplorable que después de 162 años de que la religión católica dejó de ser oficial y se dio paso a la separación iglesia estado, hay autoridades que no conceptualicen la diferencia entre tribuna púlpito, ni gobierno civil ni religión.

Afortunadamente, en este momento histórico, el paradigma de derechos humanos es el que nos rige y no las formas de moral personal y religiosa, por muy extendidas que estén.

Como ciudadanas y ciudadanos a quienes se intenta menoscabar el ejercicio de sus derechos humanos, se manifestaron para exigir a la Legislatura del Estado que se apegue a la ley, que como personas tienen el derecho a profesar la religión que decidan pero que no es vinculante a su actividad legislativa, porque tienen obligaciones con todas y todos.