Zacatecas, Zac.- Tras la recomendación de la Comisión deDerechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), los habitantes deSalaverna afectados por el desalojo, encabezados por el delegadoRoberto de la Rosa Ávila, demandaron la inmediata destitución deFabiola Gilda Torres Rodríguez como secretaria general degobierno, y de los demás funcionarios del Gobierno del Estadoinvolucrados en los hechos.
Al gobernador Alejandro Tello Cristerna, le pidieron quereconsidere su postura en relación a la recomendación de laCDHEZ, y atienda todas y cada de las recomendaciones específicascontenidas en ella.
Conforme a los derechos que se les reconoce en la Carta Magna ya las facultades que les asisten, exigieron al gobierno federal,estatal y municipal, que ordenen a la empresa minera Frisco Tayahuadeje de realizar obras y trabajos en el subsuelo de las comunidadesde Salaverna, Las Majadas y Santa Holaya.
Esto, mientras se llevan a cabo los estudios científicotécnicos pertinentes a efecto de determinar un perímetro, radio oesfera de seguridad, que deberá ser respetado por esta u otrasempresas mineras a efecto de garantizar el respeto a la integridadfísica, la salud y la vida de los habitantes de estascomunidades.
Además, que se cancele definitivamente cualquier posibilidad deque esta empresa minera abra una explotación a cielo abierto, yaque ello significaría la destrucción total del ecosistema; elenvenenamiento de tierra, aire, agua, así como la destrucción delhábitat de seres humanos, flora y fauna.
Respecto a la recomendación 03/2017 emitida por la Comisión deDerechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), dirigida a lasSecretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública y a laProcuraduría General de Justicia del Estado del Estado deZacatecas; y a la negativa del Gobierno del Estado a aceptar dicharecomendación, los habitantes de la comunidad de Salaverna,Mazapil, Zacatecas, manifestaron:
“Hacemos un público reconocimiento al trabajo que hasta lafecha ha realizado la CDHEZ bajo la presidencia de Ma. de la LuzDomínguez Campos. En el caso que nos ocupa, tanto los visitadoresque estuvieron en la comunidad el 23 de diciembre pasado, como suConsejo Directivo y su Presidenta, se han conducido conindependencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo yvalentía; características absolutamente indispensables en unorganismo que pretenda ser un verdadero defensor de los derechoshumanos de la ciudadanía”.
Afirmaron que si no fuera por la presencia de los visitadores enla comunidad aquel 23 de diciembre y por la movilización deactivistas y organizaciones sociales solidarias en la capital delestado, hoy la comunidad de Salaverna ya no existiría.
Los argumentos del Gobierno para rechazar la recomendación dela CDHEZ no son sino una exhibición más de cinismo puro yduro.
Es tan evidente que no tenían, ni tienen, una orden judicialpara realizar el operativo de desalojo forzoso y demolición de lasviviendas y de los edificios públicos de la comunidad, que nisiquiera se atreven a afirmarlo.
Dice la Secretaria General de Gobierno que “en ningún momentoel Gobierno del Estado forzó a los habitantes de Salaverna aabandonar el lugar en que residen, pues únicamente se lesnotificó del riesgo existente”.
Sin embargo, para entregar una simple notificación cerraron loscaminos de acceso, violentando la libertad de tránsito, cercaroncada una de las casas con policías antimotines, abrieron puertas apatadas, entraron a las viviendas, sacaron muebles, utensilios yenseres y se los llevaron en camiones de mudanzas, todo ello sinorden judicial alguna.
Demolieron la vivienda de una familia, la iglesia, el jardín deniños, la primaria y la agencia municipal con trascabos.
La empresa minera Frisco Tayahua, perteneciente al magnateCarlos Slim, y el Gobierno del Estado son cómplices también deldesplazamiento forzoso de más de 70 familias que habitan en elllamado “Nuevo Salaverna”.
Se miente cuando se afirma que “decidieron voluntariamentecambiar su lugar de residencia”, y que “existe constancia deque gozan de seguridad jurídica en su patrimonio y en el acceso ala salud, educación y trabajo”.
Muy por el contrario, los obligaron a aceptar el traslado, y afirmar un documento renunciando a sus derechos de posesión sobresus viviendas y sobre sus tierras de cultivo y de pastoreo, bajotodo tipo de amenazas, destruyendo de paso su modo de vidatradicional, su cultura.
“La prepotencia de la señora secretaria general de gobiernoes tal, que incluso se niega a incorporar a los las habitantes,tanto de Salaverna, como del “Nuevo Salaverna” en los programassociales del gobierno del estado”.
Dice que “se hace especial énfasis al punto 8, porque laCDHEZ pretende que se incluya en el programa de apoyos a las másde 70 familias que desde 2012 decidieron voluntariamente cambiar sulugar de residencia, por lo que es inatendible talrecomendación”, tal y como si, por el solo hecho de seroriginarios o resientes de esta comunidad, deba tratárseles comoparias; es decir, como absolutamente carentes de derechoalguno.
En el colmo de la arbitrariedad, dice la secretaria general degobierno: “En torno al cuarto y quinto puntos, nos pronunciamospor la no aceptación, ya que en las mismas se ordena larealización de dos estudios relativos a monitoreos sísmicos y elimpacto del uso de explosivos en el interior de la mina”.
Ellos saben que si se hicieran esos estudios se demostraríafehacientemente que la empresa minera ha estado haciendo un usocalculadoramente malintencionado para provocar fracturas yhundimientos en el suelo y en las viviendas de la comunidad; setrata de una táctica criminal encaminada a sembrar el pánicoentre los pobladores para que acepten “voluntariamente” serdesplazados.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el diputadoJosé Luis Medina Lizalde, Edith Ortega González, CuauhtémocEspinosa Jaime, el diputado Omar Carrera Pérez, Efraín Arteaga,Pedro Ovalle Vaquera, Felipe Pinedo Hernández, entre otros.
