La senadora zacatecana Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a la Fiscalía General de la República, y a la Unidad de Inteligencia Financiera, un informe puntual y detallado del estado que guarda la investigación sobre los supuestos desvíos de recursos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa relacionados con el otorgamiento de contratos sin licitación por casi 300 mil millones de pesos.
Mediante un punto de acuerdo, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo enfatizó que estos contratos que fueron otorgados sin licitación y de manera directa a particulares para la administración de al menos ocho penales que se concesionaron entre 2011 y 2012 y que causan un daño al erario.
Por ello, pidió a la Secretaría de Gobernación informar sobre el estado actual que guardan los centros penitenciarios federales, su cumplimiento en materia de protección de derechos humanos y las cláusulas de los contratos celebrados con particulares para operar cárceles.
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“En el Grupo Parlamentario compartimos el malestar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaria Rosa Icela Rodríguez ante los eminentes desvíos de recursos otorgados en el sexenio de Felipe Calderón, donde se benefició a empresas privadas y servidores públicos en detrimento de la sociedad mexicana”, señaló.
Hasta el momento, en la investigación de la Fiscalía que podría abarcar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se encuentra implicado García Luna y otros exfuncionarios por la administración de los penales varoniles de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y el femenil de Morelos.
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El pasado 23 de abril, el Gobierno Federal informó sobre la reducción de 15% en los pagos de autoridades por el funcionamiento de ocho reclusorios federales, cuyos contratos fueron firmados en el sexenio de Calderón Hinojosa con empresas privadas, seis de las cuales traspasaron los beneficios a otras compañías.
La representante por Zacatecas reconoce que el sistema penitenciario es fundamental para cumplir con el mandato constitucional de reinsertar a las personas a la sociedad; sin embargo, a raíz de los contratos celebrados, el costo diario por la atención de cada interno se estima en 3 mil pesos.
“Es decir, al mes se deben pagar 114 mil 588 pesos por cada uno de los reclusos en dos centros penales privados”, aclaró.
De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno federal en 2020, 15 mil 562 millones de pesos fueron utilizados para pagar a las empresas privadas; es decir, el 68.3% del presupuesto ejercido por Prevención y Readaptación Social.
En este sentido, Geovanna Bañuelos enfatizó que los presuntos hechos cometidos durante el sexenio 2006-2012 deben ser investigados profundamente, ya que la corrupción vulnera los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.
“Asimismo, condenamos la privatización del sistema penitenciario federal, en donde las utilidades desplazan a los derechos de las personas internas y de sus familiares”, mencionó.
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Por lo que Geovanna Bañuelos urgió a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades sobre el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios involucrados durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa en el desvío de recursos.
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