/ miércoles 29 de mayo de 2019

¿Quién manda en las cárceles estatales?

Zacatecas, entre los ocho estados peor evaluados

CDMx.- En 74 penales estatales, de los 267 que hay en el país, la población recluida vive bajo el régimen de autogobierno, una problemática que favorece la violencia dentro de los mismos.

Las penitenciarías donde se vislumbra esto se encuentran distribuidas en 25 entidades federativas, en ocho de ellas el autogobierno está relacionado con un sistema carcelario vulnerable y en tres se atribuye a la presencia de grupos delictivos en el territorio.

De febrero a diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitó 165 Centros de Reinserción Social (Ceresos), 61 por ciento del total (267), para evaluar los aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.

Como resultado elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el cual en el apartado de gobernabilidad arrojó que en 45 por ciento de las cárceles visitadas, las personas privadas de su libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad (autogobierno/cogobierno).

En este rubro consideró factores como “la normatividad que rige al centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario”, se lee en el documento.

Las problemáticas detectadas con mayor presencia en los 165 centros visitados se refieren a las separaciones entre procesados y sentenciados (76 por ciento), deficientes condiciones materiales y de equipamiento dormitorios (72 por ciento) e internos sancionados y sujetos a protección (33 por ciento).

Además, insuficiente personal de seguridad y custodia (84 por ciento), actividades ilícitas (53 por ciento) y condiciones de autogobierno (45 por ciento).

De acuerdo con los datos del DNSP, los incidentes más frecuentes al interior de los penales son los homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas. Durante 2018 el más usual fueron las riñas, con 484 casos.

Las entidades con mayores reportes de este tipo fueron Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Chihuahua; las principales causas fueron por diferencias personales, agresiones y motivos patrimoniales como deudas o robo.

Por otra parte, en Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León los enfrentamientos están relacionados a las pugnas entre grupos criminales rivales que se encuentran en estas entidades.

En cuanto a motines, el año pasado únicamente se registraron dos en Baja California Sur, uno en Quintana Roo y otro en Veracruz.

Al calificar todos los aspectos, los ocho estados peor evaluados (el 25 por ciento) con promedio menor a 5.9 fueron: Tamaulipas (4.92), Baja California Sur (4.95), Nayarit (4.99), Guerrero (5.17), Hidalgo (5.28), Zacatecas (5.53), Sinaloa (5.62) y Veracruz (5.8).

En estas entidades los Centros de Reinserción Social están bajo el control de los propios internos.

Otras 21 entidades (65 por ciento) obtuvieron una evaluación entre 6.0 y 8.0, y sólo tres estados (10 por ciento), Guanajuato (8.21), Querétaro (8.21) y Coahuila (8.01), lograron el puntaje entre 8.1 a 10.

Baja California, con una calificación de 7.32, cuenta con seis penales ubicados en Tijuana, Mexicali, Ensenada y tres en Tecate, además de tres Centros de Internamiento para Adolescentes. En total la comunidad penitenciaria del estado es superior a 11 mil internos.

En Ceresos de la entidad los principales problemas que se presentan son hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones.

Por su parte, Baja California Sur es el penúltimo estado peor evaluado por la CNDH. La evaluación de sus cuatro centros de reinserción social tienen una calificación por debajo de 5.79, la cual desde hace siete años se mantiene a la baja.

Coahuila cuenta con cinco Ceresos, de los cuales los de Torreón y Piedras Negras han registrado los mayores casos de fugas masivas de reos y asesinatos de reclusos.

Uno de los escapes se registró en el Centro Penitenciario varonil de Piedras Negras en septiembre de 2012, con la evasión de 132 presos que sometieron a los custodios y lograron escapar por un túnel de al menos siete metros de longitud.

En el Centro Penitenciario de Torreón en septiembre de 2018, dos reclusos se escaparon del penal; anteriormente en abril de 2013, cuatro internos se fugaron de la cárcel, dos de ellos fueron recapturados.

Mientras, Guerrero cuenta con 15 penitenciarias estatales con una sobrepoblación del 10 por ciento y donde la pugna al interior entre personas ligadas a grupos delincuenciales y pandillas, es uno de los principales problemas.

El estado recibió en 2018 una calificación general de 5.17, ocupando el lugar 29 de las 32 entidades federativas.

En el Centro Regional de Reinserción de Acapulco quienes pelean el control son el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), y los grupos “Los Capuchinos”, “El Virus” y “La Barredora”.

En el penal de Chilpancingo se disputan el dominio los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Ardillos”, mientras en Iguala, hacen lo propio “Guerreros Unidos”, el CIDA y “Los Capuchinos”.

El vocero de la mesa de Coordinación para la Reconstrucción y La Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que en los 15 penales guerrerenses, no existen condiciones que garanticen una estadía digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de los internos y atención con requerimientos específicos.

El funcionario estatal recordó que derivado de la pugna entre grupos contrarios que hay en el Cereso de Acapulco, se han registrado peleas entre internos como la ocurrida el 6 de julio del 2017 que dejó el saldo de 28 muertos y tres lesionados.

Asimismo, el 10 de septiembre de 2014 ingresaron cuatro camionetas, alrededor de las 04:30 horas para una revisión institucional, derivado de esto un grupo de internos se amotinaron. A pesar de ello se registró saldo blanco.

El 6 de enero de 2014 tres personas privadas de su libertad fueron asesinadas en el penal de Las Cruces, en Acapulco, horas después de que fueron trasladadas desde la cárcel de Tuxpan, municipio de Iguala.

Con respecto al estado de Hidalgo, existen 15 Ceresos los cuales presentan una sobrepoblación del 13.37 por ciento. La calificación general de 2018 fue de 5.28, la cual presenta una tendencia a la alta en los últimos dos años.

En el caso de Jalisco, la Secretaría de Seguridad estatal informó que tienen 12 Centros de Reinserción Social para adultos y dos para menores de edad. Sus Ceresos están entre los 10 mejor calificados a nivel nacional con 7.09.

Indicó que actualmente, las cárceles jaliscienses no son consideradas como conflictivas por la CNDH, ya que no se ubican en el listado de las identificadas como prioritarias en el Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria.

El estudio precisó que entre las anomalías que fueron detectadas en el diagnóstico inicial, destaca la falta de mantenimiento general a las instalaciones, en específico sobre el Sistema de Agua Potable, por lo que se atendió la problemática.

A su vez, el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rubén Ortega Montes, en entrevista con Notimex, señaló que la condición de los Ceresos es precaria, además, su sobrepoblación de un 35.24 por ciento, afecta a la reinserción social del preso.

“No puede hablarse de una reinserción social porque no son atendidos, se convierten en bodegas de hombres que se suponen son delincuentes, porque bajo la presunción de inocencia todavía no tienen una sentencia que los declare culpables”, aseguró.

Por su parte, en Michoacán, la coordinadora del Sistema Penitenciario, Citly Velazco Martínez, aseguró en entrevista con Notimex que en la entidad no hay datos oficiales de autogobiernos o grupos de control. La calificación de los penales estatales es de 6.54.

Explicó que para evitar esta problemática se llevan a cabo traslados o rotación de internos cuando se considera conveniente, hecho que ha disminuido drásticamente las riñas o pugnas internas.

El último acto de violencia registrado al interior de un penal michoacano se registró el 9 de marzo de este año, cuando una pelea entre personas privadas de su libertad, tuvo lugar en el interior del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto Número 1.

Otro hecho registrado recientemente en la misma cárcel fue el suicidio de un interno el pasado 29 de abril.

CDMx.- En 74 penales estatales, de los 267 que hay en el país, la población recluida vive bajo el régimen de autogobierno, una problemática que favorece la violencia dentro de los mismos.

Las penitenciarías donde se vislumbra esto se encuentran distribuidas en 25 entidades federativas, en ocho de ellas el autogobierno está relacionado con un sistema carcelario vulnerable y en tres se atribuye a la presencia de grupos delictivos en el territorio.

De febrero a diciembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitó 165 Centros de Reinserción Social (Ceresos), 61 por ciento del total (267), para evaluar los aspectos que garantizan una estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno y atención a internos con requerimientos específicos.

Como resultado elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), el cual en el apartado de gobernabilidad arrojó que en 45 por ciento de las cárceles visitadas, las personas privadas de su libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad (autogobierno/cogobierno).

En este rubro consideró factores como “la normatividad que rige al centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario”, se lee en el documento.

Las problemáticas detectadas con mayor presencia en los 165 centros visitados se refieren a las separaciones entre procesados y sentenciados (76 por ciento), deficientes condiciones materiales y de equipamiento dormitorios (72 por ciento) e internos sancionados y sujetos a protección (33 por ciento).

Además, insuficiente personal de seguridad y custodia (84 por ciento), actividades ilícitas (53 por ciento) y condiciones de autogobierno (45 por ciento).

De acuerdo con los datos del DNSP, los incidentes más frecuentes al interior de los penales son los homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes, abusos y quejas. Durante 2018 el más usual fueron las riñas, con 484 casos.

Las entidades con mayores reportes de este tipo fueron Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Chihuahua; las principales causas fueron por diferencias personales, agresiones y motivos patrimoniales como deudas o robo.

Por otra parte, en Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León los enfrentamientos están relacionados a las pugnas entre grupos criminales rivales que se encuentran en estas entidades.

En cuanto a motines, el año pasado únicamente se registraron dos en Baja California Sur, uno en Quintana Roo y otro en Veracruz.

Al calificar todos los aspectos, los ocho estados peor evaluados (el 25 por ciento) con promedio menor a 5.9 fueron: Tamaulipas (4.92), Baja California Sur (4.95), Nayarit (4.99), Guerrero (5.17), Hidalgo (5.28), Zacatecas (5.53), Sinaloa (5.62) y Veracruz (5.8).

En estas entidades los Centros de Reinserción Social están bajo el control de los propios internos.

Otras 21 entidades (65 por ciento) obtuvieron una evaluación entre 6.0 y 8.0, y sólo tres estados (10 por ciento), Guanajuato (8.21), Querétaro (8.21) y Coahuila (8.01), lograron el puntaje entre 8.1 a 10.

Baja California, con una calificación de 7.32, cuenta con seis penales ubicados en Tijuana, Mexicali, Ensenada y tres en Tecate, además de tres Centros de Internamiento para Adolescentes. En total la comunidad penitenciaria del estado es superior a 11 mil internos.

En Ceresos de la entidad los principales problemas que se presentan son hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y deficientes condiciones materiales y de higiene de instalaciones.

Por su parte, Baja California Sur es el penúltimo estado peor evaluado por la CNDH. La evaluación de sus cuatro centros de reinserción social tienen una calificación por debajo de 5.79, la cual desde hace siete años se mantiene a la baja.

Coahuila cuenta con cinco Ceresos, de los cuales los de Torreón y Piedras Negras han registrado los mayores casos de fugas masivas de reos y asesinatos de reclusos.

Uno de los escapes se registró en el Centro Penitenciario varonil de Piedras Negras en septiembre de 2012, con la evasión de 132 presos que sometieron a los custodios y lograron escapar por un túnel de al menos siete metros de longitud.

En el Centro Penitenciario de Torreón en septiembre de 2018, dos reclusos se escaparon del penal; anteriormente en abril de 2013, cuatro internos se fugaron de la cárcel, dos de ellos fueron recapturados.

Mientras, Guerrero cuenta con 15 penitenciarias estatales con una sobrepoblación del 10 por ciento y donde la pugna al interior entre personas ligadas a grupos delincuenciales y pandillas, es uno de los principales problemas.

El estado recibió en 2018 una calificación general de 5.17, ocupando el lugar 29 de las 32 entidades federativas.

En el Centro Regional de Reinserción de Acapulco quienes pelean el control son el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), y los grupos “Los Capuchinos”, “El Virus” y “La Barredora”.

En el penal de Chilpancingo se disputan el dominio los grupos criminales “Los Rojos” y “Los Ardillos”, mientras en Iguala, hacen lo propio “Guerreros Unidos”, el CIDA y “Los Capuchinos”.

El vocero de la mesa de Coordinación para la Reconstrucción y La Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que en los 15 penales guerrerenses, no existen condiciones que garanticen una estadía digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de los internos y atención con requerimientos específicos.

El funcionario estatal recordó que derivado de la pugna entre grupos contrarios que hay en el Cereso de Acapulco, se han registrado peleas entre internos como la ocurrida el 6 de julio del 2017 que dejó el saldo de 28 muertos y tres lesionados.

Asimismo, el 10 de septiembre de 2014 ingresaron cuatro camionetas, alrededor de las 04:30 horas para una revisión institucional, derivado de esto un grupo de internos se amotinaron. A pesar de ello se registró saldo blanco.

El 6 de enero de 2014 tres personas privadas de su libertad fueron asesinadas en el penal de Las Cruces, en Acapulco, horas después de que fueron trasladadas desde la cárcel de Tuxpan, municipio de Iguala.

Con respecto al estado de Hidalgo, existen 15 Ceresos los cuales presentan una sobrepoblación del 13.37 por ciento. La calificación general de 2018 fue de 5.28, la cual presenta una tendencia a la alta en los últimos dos años.

En el caso de Jalisco, la Secretaría de Seguridad estatal informó que tienen 12 Centros de Reinserción Social para adultos y dos para menores de edad. Sus Ceresos están entre los 10 mejor calificados a nivel nacional con 7.09.

Indicó que actualmente, las cárceles jaliscienses no son consideradas como conflictivas por la CNDH, ya que no se ubican en el listado de las identificadas como prioritarias en el Análisis de las Principales Dinámicas Económicas, Sociales y Políticas de los Estados con Mayor Problemática Penitenciaria.

El estudio precisó que entre las anomalías que fueron detectadas en el diagnóstico inicial, destaca la falta de mantenimiento general a las instalaciones, en específico sobre el Sistema de Agua Potable, por lo que se atendió la problemática.

A su vez, el investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Rubén Ortega Montes, en entrevista con Notimex, señaló que la condición de los Ceresos es precaria, además, su sobrepoblación de un 35.24 por ciento, afecta a la reinserción social del preso.

“No puede hablarse de una reinserción social porque no son atendidos, se convierten en bodegas de hombres que se suponen son delincuentes, porque bajo la presunción de inocencia todavía no tienen una sentencia que los declare culpables”, aseguró.

Por su parte, en Michoacán, la coordinadora del Sistema Penitenciario, Citly Velazco Martínez, aseguró en entrevista con Notimex que en la entidad no hay datos oficiales de autogobiernos o grupos de control. La calificación de los penales estatales es de 6.54.

Explicó que para evitar esta problemática se llevan a cabo traslados o rotación de internos cuando se considera conveniente, hecho que ha disminuido drásticamente las riñas o pugnas internas.

El último acto de violencia registrado al interior de un penal michoacano se registró el 9 de marzo de este año, cuando una pelea entre personas privadas de su libertad, tuvo lugar en el interior del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto Número 1.

Otro hecho registrado recientemente en la misma cárcel fue el suicidio de un interno el pasado 29 de abril.

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