Zacatecas, Zac.- En un rancho ubicado en el semidesierto que comparten los municipios de Santo Domingo, San Luis Potosí y Villa de Cos, Zacatecas, se pretendía instalar un basurero de desechos industriales y mineros, proyecto que fue detenido luego de que se otorgara un amparo definitivo al Comité en Defensa de la Vida del Altiplano Potosino.
El lugar donde se pretendía construir dicho basurero es conocido como el rancho Palula, en el municipio de Santo Domingo, perteneciente al estado de San Luis Potosí.
El Juzgado Cuarto de Distrito con sede en la ciudad de San Luis Potosí concedió un amparo definitivo a los ejidatarios del municipio y localidades vecinas en contra de la construcción del basurero de desechos tóxicos, por las irregularidades en el proceso de aprobación del cambio de uso de suelo y la autorización en materia ambiental.
A casi tres años de la autorización, el amparo resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito protege los derechos humanos, ambientales y sociales de los habitantes de la región, quienes conformaron el “Comité en defensa de la vida del altiplano potosino”.
El proyecto, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim), fue impulsado por el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu).
En junio de 2015, se otorgó el visto bueno de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA), perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de las anomalías contenidas en la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que entre otros puntos ubicó territorialmente el confinamiento en San Luis Potosí, cuando en realidad la zona se localiza dentro de Zacatecas.
Para dicha aprobación se exhibió un acta del ayuntamiento de Santo Domingo con fecha 3 de septiembre de 2012, con la supuesta aprobación del pleno. Sin embargo, cuatro exregidores denunciaron ante la Fiscalía estatal que sus firmas fueron falsificadas y, por tanto, el acta es apócrifa.
Aunque formalmente se informó que el basurero se construiría en 20 hectáreas, los especialistas revelaron que ocuparía las 600 hectáreas del rancho Palula y ahí se pretendía confinar los desechos de más de tres mil industrias del centro del país.
El Consejo de la Judicatura publicó ayer un resumen del amparo: ‘‘La Justicia de la Unión ampara y protege a José Contreras Delgado, Tereso Doñez Flores y J. David Ruiz Regino contra los actos reclamados (…) relativos a la licencia de cambio de uso de suelo del 3 de septiembre de 2012, expedida en favor de Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula, SA de CV.’’
