Ante de la dilación en la impartición de justicia en la investigación del incidente que costó la vida de 49 niñas y niños en la Guardería ABC, ocurrido hace 11 años, la senadora Geovanna Bañuelos urge a la Fiscalía General de la República (FGR) para que deslinde responsabilidades a la brevedad.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo destacó que dada la lentitud de la justicia mexicana, el pasado 6 de julio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras analizar el caso, lo declaró admisible.
Por lo que Geovanna Bañuelos señaló como oportuno que la FGR inicie una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre las presiones políticas, que pudieran constituir un delito, efectuadas en el pasado por el Poder Ejecutivo Federal en contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de la Guardería ABC.
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Asimismo, pidió a la Fiscalía esclarecer, lo más pronto posible, los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la estancia infantil ubicada en Hermosillo, Sonora, así como los presuntos actos de corrupción que derivaron en la tragedia y los actos que pudiesen constituir la obstrucción de la justicia.
“También exhortamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que genere las medidas de reparación integral a las familias de las víctimas. Y expresamos su solidaridad, en la búsqueda de justicia, con las familias”, especificó.
La legisladora por Zacatecas destacó que la tragedia ocurrida en Sonora, es tan sólo la culminación de todo un sistema de seguridad social y burocrático, corroídos por la corrupción.
Desde su inicio, el desdén de las autoridades encargadas de impartir justicia fue notorio en este caso, como lo ha sido en miles de expedientes. “A 11 años de la tragedia ocurrida aquella tarde en el norte del país, la justicia aún no ha llegado”.
Ante la lentitud de la justicia mexicana, los familiares de las víctimas presentaron, en octubre de 2014, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras analizar el caso, la CIDH declaró el caso como admisible el 6 de julio de 2020.
De acuerdo con la CIDH, “el Estado [mexicano] no ha esclarecido si el incendio fue provocado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales”.
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“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos comprometidos con el derecho a la justicia y la reparación del daño hacia las víctimas de México”, concluyó Geovanna Bañuelos.
