Corte da trámite a reclamo de AMLO contra suspensión del “Plan B” electoral

La suspensión otorgada la semana pasada evita que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre surtan efecto en Coahuila y el Edomex

Alfredo Fuentes | El Sol de México

  · martes 7 de marzo de 2023

Ayer se conoció que la Suprema Corte, a través del ministro Alberto Pérez Dayán, aceptó siete nuevas controversias constitucionales / Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite este martes un recurso de reclamación promovido por presidente Andrés Manuel López Obrador contra la suspensión del “Plan B” electoral concedida por el ministro Alberto Pérez Dayán.

La suspensión otorgada la semana pasada evita que las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre surtan efecto en Coahuila y el Estado de México, debido a que este año celebrarán elecciones.

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En su argumentación, el ministro advirtió que en caso de permitir que se llevarán a cabo las modificaciones a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas se podrían generar “afectaciones irreparables al sistema democrático”.

Derivado de ello, fue que la oficina de la presidencia; el presidente del Senado, Alejandro Armenta; y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Karla Almazán, promovieron las quejas contra esta suspensión.

Estos recursos fueron turnados a la segunda sala de la SCJN, donde además de Pérez Dayán, se encuentras los ministros Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, estas dos últimas quienes fueron propuestas por el propio López Obrador para integrar el Alto Tribunal.

Ayer se conoció que la Suprema Corte, a través del ministro Alberto Pérez Dayán, aceptó siete nuevas controversias constitucionales presentadas por municipios de Coahuila, el Estado de México, además de Guanajuato.

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Sin embargo, a diferencia de las localidades de las dos primeras entidades, el ministro se ha negado a conceder más suspensiones a otros municipios del país, toda vez que no considera que existan derechos humanos vulnerados de manera inmediata.