/ sábado 23 de febrero de 2019

Alistan debate sobre la reforma laboral

La iniciativa busca brindar democracia sindical a los agremiados, además de crear una nueva estructura para la resolución rápida de los conflictos y las demandas de empleo

Por iniciativa del Gobierno federal, en la Cámara de Diputados la próxima semana iniciarán las mesas de trabajo para la discusión de una Reforma Laboral de gran calado que busca, entre otras cosas, cambiar dos aspectos sustanciales como: brindar democracia sindical a sus agremiados y crear una nueva estructura para la resolución de conflictos y demandas laborales.

La Reforma Laboral, busca asegurar la democracia sindical para que la clase trabajadora elija a sus dirigentes de manera libre, personal y secreta, desde secretarios generales hasta los más bajos cargos de representación en los sindicatos. Incluso, pretende garantizar la paridad de género en representación gremial.

Por lo que toca a los contratos colectivos de trabajo planea que éstos, deberán revisarse al menos una vez durante los cuatros años posteriores a la entrada en vigor del decreto, para garantizar que todos los contratos colectivos se hayan hecho del conocimiento de los trabajadores que cubre cada contrato en particular.

De acuerdo con la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo, y en la que se tomará como base para la Reforma Laboral, tiene como objetivo fundamental orientar la reglamentación de la ley antes mencionada, para “garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como al libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores” para que “el mercado de trabajo vuelva a ser un factor de inclusión social en lugar de un generador de pobreza y desigualdad”.

Dentro de los aspectos más relevantes de esta iniciativa, se propone: garantizar a los sindicatos democracia y “libertad de negociación colectiva”, a través de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autónomo de decisiones y de gestiones, en los que se detallarán las funciones por la Constitución para el registro de sindicatos.

Su director será designado por el Senado de la República de entre una terna propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tendrá una Junta de Gobierno que estará integrada por la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como del Instituto Nacional Electoral; además el Centro tendrá las facultades para conciliar los conflictos obrero-patronales, y en el ámbito de las entidades federativas, quedará a cargo de los Centros de Conciliación estatal.

La reforma prevé también garantizar la perspectiva de género y de los derechos fundamentales, respondiendo a un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia; además de promover la igualdad de género.

Asimismo, propone un nuevo orden de “justicia laboral”, implementado por órganos del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en el local, que se concentrará en tres tareas fundamentales, la primera es la conciliación para solución a los conflictos laborales; la segunda, el desarrollo de juicios laborales para cumplir con una tutela judicial efectiva, y dar atención a los procedimientos ordinarios individuales.

En este sentido, la nueva justicia laboral buscará acortar el tiempo de los juicios, por lo que se promoverán soluciones mediante un acuerdo previo, el cual no deberá tardar más de 45 días naturales, y buscará que lleguen a tribunales sólo los casos en que “sea imposible un arreglo conciliatorio”.

Prevé también, un capítulo de sanciones para aquellos servidores públicos de los Centros de Conciliación que obstruyan o dilaten el procedimiento conciliatorio o la entrega de la Constancia de Representatividad.

En cuanto a la transformación de los centros de impartición de justicia y sus procedimientos, los cuales dejan de ser juntas de conciliación y arbitraje para ser tribunales laborales, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Priscila González expresó su preocupación sobre lo que pasará con los juicios en curso tanto para trabajadores como patrones, o los sindicatos que mantienen huelgas cuando ente en vigor la reforma, pues dijo que, aún no se detalla esto; sin embargo, atajó que esto será tema de análisis en las mesas de trabajo que arrancan este martes 26 de febrero a las 16:00 horas en la Cámara de Diputados.

Por lo que toca a la primera mesa de trabajo, esta consistirá en analizar la “Reforma Laboral en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Tribunales del Poder Judicial federal y local, así como su impacto presupuestal de la implementación de la Reforma”, con los ejes temáticos: derechos laborales del personal de las Juntas y el desahogo de los juicios en trámite.

Para el miércoles 27 se prevé la continuación de las mesas con el tema de “Derecho Colectivo” y los ejes que se tratarán son: el Derecho de asociación y negociación colectiva, voto secreto y la rendición de cuentas en los sindicatos y contratación colectiva.

Por iniciativa del Gobierno federal, en la Cámara de Diputados la próxima semana iniciarán las mesas de trabajo para la discusión de una Reforma Laboral de gran calado que busca, entre otras cosas, cambiar dos aspectos sustanciales como: brindar democracia sindical a sus agremiados y crear una nueva estructura para la resolución de conflictos y demandas laborales.

La Reforma Laboral, busca asegurar la democracia sindical para que la clase trabajadora elija a sus dirigentes de manera libre, personal y secreta, desde secretarios generales hasta los más bajos cargos de representación en los sindicatos. Incluso, pretende garantizar la paridad de género en representación gremial.

Por lo que toca a los contratos colectivos de trabajo planea que éstos, deberán revisarse al menos una vez durante los cuatros años posteriores a la entrada en vigor del decreto, para garantizar que todos los contratos colectivos se hayan hecho del conocimiento de los trabajadores que cubre cada contrato en particular.

De acuerdo con la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados para modificar la Ley Federal del Trabajo, y en la que se tomará como base para la Reforma Laboral, tiene como objetivo fundamental orientar la reglamentación de la ley antes mencionada, para “garantizar el acceso a una justicia independiente e imparcial, así como al libre y pleno ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores” para que “el mercado de trabajo vuelva a ser un factor de inclusión social en lugar de un generador de pobreza y desigualdad”.

Dentro de los aspectos más relevantes de esta iniciativa, se propone: garantizar a los sindicatos democracia y “libertad de negociación colectiva”, a través de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, autónomo de decisiones y de gestiones, en los que se detallarán las funciones por la Constitución para el registro de sindicatos.

Su director será designado por el Senado de la República de entre una terna propuesta por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tendrá una Junta de Gobierno que estará integrada por la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría de Hacienda, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como del Instituto Nacional Electoral; además el Centro tendrá las facultades para conciliar los conflictos obrero-patronales, y en el ámbito de las entidades federativas, quedará a cargo de los Centros de Conciliación estatal.

La reforma prevé también garantizar la perspectiva de género y de los derechos fundamentales, respondiendo a un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia; además de promover la igualdad de género.

Asimismo, propone un nuevo orden de “justicia laboral”, implementado por órganos del Poder Judicial, tanto en el ámbito federal como en el local, que se concentrará en tres tareas fundamentales, la primera es la conciliación para solución a los conflictos laborales; la segunda, el desarrollo de juicios laborales para cumplir con una tutela judicial efectiva, y dar atención a los procedimientos ordinarios individuales.

En este sentido, la nueva justicia laboral buscará acortar el tiempo de los juicios, por lo que se promoverán soluciones mediante un acuerdo previo, el cual no deberá tardar más de 45 días naturales, y buscará que lleguen a tribunales sólo los casos en que “sea imposible un arreglo conciliatorio”.

Prevé también, un capítulo de sanciones para aquellos servidores públicos de los Centros de Conciliación que obstruyan o dilaten el procedimiento conciliatorio o la entrega de la Constancia de Representatividad.

En cuanto a la transformación de los centros de impartición de justicia y sus procedimientos, los cuales dejan de ser juntas de conciliación y arbitraje para ser tribunales laborales, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Priscila González expresó su preocupación sobre lo que pasará con los juicios en curso tanto para trabajadores como patrones, o los sindicatos que mantienen huelgas cuando ente en vigor la reforma, pues dijo que, aún no se detalla esto; sin embargo, atajó que esto será tema de análisis en las mesas de trabajo que arrancan este martes 26 de febrero a las 16:00 horas en la Cámara de Diputados.

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