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Profesionalismo, meritocracia e integridad: pilares del servicio público, señala Arely Gómez

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Arely Gómez González / Secretaria de la Función Pública

El Sistema Nacional Anticorrupción establece los lineamientos generales que deben seguir el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención, detección y sanción de la corrupción en las instituciones públicas. Dentro de estos lineamientos existen dos principios rectores que, de manera transversal, poseen particular relevancia: el profesionalismo y la competencia por mérito dentro del servicio público.

Estos dos principios impactan de manera directa a las personas que trabajamos en los órdenes federal, estatal y municipal, lo cual revierte particular importancia en los procedimientos de reclutamiento y selección, así como a la estructura de incentivos que define quién o quiénes, y a partir de qué capacidades y principios se ejercen los actos de gobierno.

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En este sentido, somos las y los servidores públicos quienes constituimos el rostro de la administración pública frente a la ciudadanía. Su ética y profesionalismo definen no solo la calidad en la prestación de servicios sino la legitimidad de las instituciones y la confianza ciudadana en su gobierno. De ahí que la eficiencia, eficacia, e integridad (1) sean variables inherentes del personal que labora en las instituciones públicas.

De esta forma, se vuelve urgente y prioritario diseñar e implementar acciones que fortalezcan y consoliden el profesionalismo y la competencia por mérito en el servicio público. Considero que la mejor manera de hacerlo es sumando esfuerzos, compartiendo experiencias y buenas prácticas, escuchando opiniones de expertos académicos y de la sociedad civil, e identificando los desafíos que implica adoptar un sistema de profesionalización.

En México, los tres órdenes de gobierno, en mayor o menor medida, han realizado esfuerzos para promover la profesionalización basada en méritos. En el nivel federal se implementó el Servicio Profesional de Carrera (SPC) a partir de 2003. En estos 14 años de vigencia de la Ley del SPC, el Sistema ha sido sujeto de diversos estudios y análisis realizados por organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, y por la SFP en su experiencia de operarlo.

Entre los principales hallazgos encontrados se constató una complejidad de origen. El SPC en México tomó como base un diseño mixto, entre el sistema francés y el new public management. Adicionalmente, el alcance del SPC es considerablemente limitado, pues en la actualidad existen poco más de 28 mil empleados en la Administración Pública Federal (APF) que pertenecen al SPC. Otro descubrimiento fue el alto número de concursos declarados desiertos y la gran cantidad de ocupación temporal de plazas. Por último, es ineludible reconocer que la evaluación del desempeño se ha convertido en un trámite de utilidad limitada.

Consecuentemente, y a partir de este análisis, la SFP desarrolló de la mano de la sociedad civil (a través del acompañamiento de la Red por la Rendición de Cuentas) una propuesta específica de un nuevo modelo de profesionalización para la APF. Este nuevo modelo delinea un SPC fortalecido, íntegro, incluyente, intercultural, con perspectiva de género y apegado a los derechos humanos. Además, el nuevo modelo amplía su alcance, es claro en sus conceptos y sencillo y flexible en su implementación, lo cual permite desarrollar nuevas reglas de profesionalización destinadas a impulsar una carrera administrativa estable y confiable, un cuerpo preparado de alta dirección preparado, y listo para su homologación a nivel nacional.

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No podemos dejar de lado que el nuevo modelo es necesario, mas no suficiente para lograr un cambio cultural profundo. Si bien este modelo será una de las herramientas principales en la lucha contra la corrupción, lo más importante es la conducta de los funcionarios. La ética, integridad y profesionalismo del servidor público son una condición indispensable para combatir la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en su gobierno; confianza sin la cual no seremos capaces, como país, de lograr las transformaciones que la sociedad demanda. Con este matiz, podemos afirmar que a través de este modelo será posible desarrollar una nueva forma de interacción entre las y los servidores públicos, y entre éstos y la ciudadanía.

*Secretaria de la Función Pública.
(1) Entendida como la actuación sustentada en la honestidad, atendiendo siempre a la verdad. Conduciéndose de esta manera, la o el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. Voz del Código de Conducta de la SFP.

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