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Rezago en carpetas de la Fiscalía para atender delitos contra periodistas

En sus siete años de existencia, la Feadle ha iniciado más de mil 500 averiguaciones previas por amenazas, abuso de autoridad, lesiones, homicidios, robo, privación ilegal de la libertad, daño en propiedad ajena, tentativa de homicidio, entre otros, contra periodistas.

De las cuales, 924 están pendientes y solo se ha consignado a 93 personas ante el juez. Existen tres sentencias dictadas por un juez.

En 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), inició con un presupuesto de 695 mil pesos en 2010. Pese al aumento de agresiones y homicidios a periodistas, en 2016 su presupuesto fue de 25 millones 121 mil pesos, y para este año se le redujo a 18 millones 433 mil pesos.

Desde 2010, han desfilado tres fiscales: Laura Angelina Borbolla Moreno, Ricardo Nájera y Ricardo Sánchez, quienes han tenido que enfrentar los 121 asesinatos de periodistas, registrados de 2000 a la fecha, y además la desaparición de al menos 25 periodistas.

Hasta antes del 2010, dicha fiscalía se llamaba Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (Feadp) y estuvieron al frente Octavio Alberto Orellana Wiarco y David Vega Vera.

Al cambiar a Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, la PGR comenzó a dar estadísticas que indican que de 2012 y hasta abril de 2017, se le ha dado seguimiento a 258 solicitudes de medidas cautelares y de protección dictadas por agentes del Ministerio Público de la Federación, de las cuales 122 son a diversas autoridades y 136 medidas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

“A abril de 2017, se han capacitado cuatro mil 708 servidores públicos y tres mil 973 personas relacionadas con la libertad de expresión, dando un total de ocho mil 681 personas, más de la mitad de dicho total se capacitó en el 2016”, señala la Feadle.

La PGR detalla que la Feadle es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión.

En su informe estadístico de delitos cometidos contra la libertad de Expresión, la Feadle establece que ha elaborado el análisis de mil 176 estudios de riesgo, emitidos por la Unidad de Evaluación de Riesgo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A partir del 2010, la fiscalía ha llevado a cabo cuatro mil 559 comisiones ministeriales, siendo el 2013 y 2014, los años que más comisiones ha llevado a cabo, mil 41 y mil 129 respectivamente, en contra de las 272 y 258 que ha llevado en 2011 y 2017 respectivamente.

En este contexto, el presupuesto asignado a la Fiscalía ha variado en los últimos siete años. Mientras que en 2010 se le asignaron 695 mil 419 pesos, para el siguiente año subió a 636 mil 740 pesos.

Para el 2012, el gobierno federal le asignó tres millones de pesos más, 38 millones de pesos para el siguiente año y 39 millones de pesos en el 2014.

En 2015 a la Feadle se le asignaron 28 millones 891 mil pesos, para el 2016 el presupuesto fue de 25 millones 121 mil pesos, y para este año se le redujo a 18 millones 433 mil pesos. El gasto de recursos, la Feadle los gasta en tres rubros: servicios profesionales, materiales y suministros, y servicios generales.

En este contexto, la PGR señala que la situación de violencia contra las personas periodistas en México ha sido motivo de intranquilidad especial en los últimos años, lo que ha generado una atención inmediata, por lo que la Feadle implementó el Sistema de Alerta Temprana (SAT/Feadle), con el fin de garantizar una respuesta inmediata, de manera ágil y adecuada para la atención a periodistas, víctimas del delito, cuando ven afectada su integridad y libertad, a través de la aplicación inmediata de acciones de prevención y protección, a fin de evitar la posible consumación de un delito.

A través del Sistema de Alerta Temprana (SAT) se monitorea, recolecta y procesa datos sobre una posible amenaza o riesgo hacia una persona, proporcionando las acciones necesarias a fin de salvaguardar los bienes jurídicos más preciados que tienen las personas que ejercen la libertad de expresión.

El SAT permite conocer anticipadamente y con un alto nivel de certeza la posible amenaza o evento adverso generado por la actividad humana, la cual puede desencadenar en situaciones potencialmente peligrosas para las personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, por tanto, de acuerdo a su creación, disminuye el riesgo latente hacia las personas que ejercen la libertad de expresión.

En lo que va del año, las agresiones en contra de comunicadores, se ha traducido en siete ejecuciones de periodistas: Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez Córdova.

En su informe, la Feadle señala que Chihuahua y Veracruz encabezan la lista de entidades con el mayor número de periodistas ejecutados con 16, seguido de Tamaulipas (13), Guerrero (11), Sinaloa (7), Oaxaca (6) y Durango(5).

El agente del Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de hacer saber la existencia del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Ley que lo crea y su Reglamento.

Finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación gestionará las medidas cautelares y de asistencia social ante las instancias de gobierno correspondientes, para garantizar la seguridad, integridad y sobre todo, el libre ejercicio de la libertad de expresión.

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