En cuatro años (2012, 2014, 2015 y 2016), la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso 39 mil 872 sanciones en contra de servidores públicos por malas prácticas o irregularidades administrativas, de acuerdo con el estudio “Las responsabilidades administrativas en el Sistema Nacional Anticorrupción” elaborado por la organización Impunidad Cero.

Sin embargo, solo la tercera parte acabó en una sanción firme, es decir, que legalmente ya no es posible modificar la sanción por ningún medio legal y por ello sólo queda el cumplimiento de la sanción impuesta.

La mayoría de las sanciones que prosperan tienen que ver con penalizaciones menores como amonestaciones públicas o privadas y suspensiones temporales, en tanto que una minúscula cantidad de las sanciones más severas tienen el mismo desenlace. Por ejemplo, de más de 6 mil 500 destituciones del cargo ordenadas por la SFP, apenas quedaron firmes 404, es decir, el 6%.