/ domingo 3 de noviembre de 2024

Un país de viejos: a México le quedan seis años antes de empezar a envejecer

El sexenio de Sheinbaum será el último antes de que inicie el envejecimiento de la población; demógrafos son pesimistas sobre los alcances de las actuales políticas públicas y las condiciones de empleo y salud en el país

En 2030 no sólo terminará el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, también llegará a su fin el bono demográfico, una etapa de casi seis décadas en la que el número de personas en edad de trabajar fue superior al de personas dependientes (niños y adultos mayores).

Quedan seis años para aprovechar una circunstancia que, en teoría, debía favorecer el crecimiento económico, el ahorro y el desarrollo de capacidades, antes de que México se convierta en un país con elevados porcentajes de población anciana, con las consecuentes presiones al sistema de salud y a las finanzas públicas.

El Sol de México entrevistó a expertos en demografía para preguntarles si el bono poblacional ha sido aprovechado o si los seis años que restan son suficientes para hacer lo que no se hizo en nueve sexenios anteriores (desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador). Los diagnósticos son poco optimistas.

“Tuvimos más de 50 años para sacar ventaja de esta ventana demográfica; sin embargo, no supimos aprovechar las oportunidades”, afirma Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“No tuvimos las políticas públicas adecuadas para aprovechar que teníamos una mayor participación de población en edades activas, pues al momento de insertarse en el mercado laboral lo hicieron en actividades precarias; más del 50 por ciento de la población ocupada está participando en la informalidad”, subraya.

“Desde hace por lo menos 30 años era muy importante elevar el nivel educativo de la población, aumentar el número de universidades, incrementar los niveles de capacitación de la población, sobre todo para enfrentar un mercado de trabajo cada vez más competitivo; desgraciadamente se hizo muy poco”, apunta, por su parte, Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la UNAM.

De acuerdo con la investigadora, la incapacidad del sistema productivo de integrar la mano de obra al mercado formal de trabajo no únicamente arroja grandes problemas de corto plazo, como el crecimiento del trabajo informal, también acumula una masa creciente de mexicanos que no contarán en su vejez con seguridad social y algún tipo de fondo para su retiro.

El segundo piso de la 4T

La mayoría de los estudios poblacionales ubican el arranque de los años 70 como el inicio del bono demográfico, cuando el número de personas dependientes comenzó a descender y, en paralelo, despegó el volumen de mexicanos en edad laboral. En 1970, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 30.6 millones de personas tenían entre cero y 18 años o más de 60; en contraste, 20.1 millones tenían entre 19 y 59 años. La balanza era deficitaria.

Según la tendencia, el punto más amplio de la brecha entre ambos sectores de la población se alcanzará justo en 2030, cuando 59.3 millones sean dependientes y 78.2 millones estén en edad laboral. A partir de ahí, las líneas se cerrarán.

A pesar de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será la última con la oportunidad de aprovechar el bono demográfico, los planes de gobierno divulgados hasta el momento (el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 aún no se publica) no parecen empujar una agenda que procure una mayor resiliencia ante el envejecimiento de la población.

En el documento “100 pasos para la transformación”, donde se plantean las principales líneas de acción del gobierno de Sheinbaum, el capítulo sobre educación media superior señala que “la educación de los jóvenes es la más alta prioridad nacional debido al cambio demográfico y a la georelocalización de la alta manufactura. Será necesario un enfoque de política intersectorial para que, más allá de la educación escolarizada, las y los jóvenes dispongan de acceso a la salud, al deporte, la recreación y el trabajo”.

No obstante, la más reciente Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que cinco de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 15 y 29 años.

Este grupo es el más afectado por la falta de trabajo, a pesar de los programas generados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca integrarlos al mercado laboral.

Este programa —que otorga alrededor de siete mil 500 pesos mensuales durante un año a jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras se capacitan en un oficio— fue la columna vertebral de las políticas públicas dirigidas hacia el sector durante el gobierno anterior y lo seguirá siendo durante la gestión de Sheinbaum, toda vez que ya fue incorporado a la Constitución.

Sin embargo, su eficacia no está del todo probada. Un análisis coordinado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y plasmada en el libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República señala que Jóvenes Construyendo el Futuro presenta irregularidades como la limitada transición que tienen los beneficiarios para contratarse en los establecimientos en los que fueron becados, la informalidad que subyace en las relaciones preexistentes de trabajo y la gestión inadecuada de pagos a los beneficiarios.

Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM considera que se están atendiendo ciertos sectores de la población que antes estaban desprotegidas, con la pensiones no contributivas a los mayores de 65 años, y cree que han habido mejoras porque ahora la población que no tiene un acceso formal a los sistemas de seguridad social, tiene la oportunidad de atenderse, vía el Seguro Popular o el IMSS Bienestar. “Aun así, nos falta mucho trabajo en prevención. Somos una una sociedad que no estamos tomando en cuenta la presencia de todas estas enfermedades crónico degenerativas que se presentan en las edades avanzadas y no estamos previniendo en términos de una mejor alimentación, de hacer ejercicio y de ahorrar para el retiro”, enumera.

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Respecto a si estamos a tiempo de tomar medidas y rescatar algo del bono demográfico, Héctor Hernández Bringas, expresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y presidente fundador del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población es cauto. "Me gustaría ser optimista como lo fuimos a principios del año 2000 y decir que sí, pero sólo hay que ver cuáles son las perspectivas económicas de México. Traemos un déficit fiscal muy importante, que será de tres puntos del PIB, lo cual va a implicar necesariamente que haya ajustes. Traemos un crecimiento económico que no alcanza uno por ciento y traemos un crecimiento poblacional mayor a ese porcentaje".

—¿La pensión universal para adultos mayores podría ayudar a enfrentar el fenómeno del envejecimiento?

—Yo considero que a pesar de todas las críticas que puedan hacerse al gobierno de López Obrador y al actual, la pensión para adultos mayores fue uno de los grandes aciertos, porque en México hoy por hoy hay millones de personas adultas mayores que no tienen acceso ni a un ingreso ni a la seguridad social.

En 2030 no sólo terminará el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, también llegará a su fin el bono demográfico, una etapa de casi seis décadas en la que el número de personas en edad de trabajar fue superior al de personas dependientes (niños y adultos mayores).

Quedan seis años para aprovechar una circunstancia que, en teoría, debía favorecer el crecimiento económico, el ahorro y el desarrollo de capacidades, antes de que México se convierta en un país con elevados porcentajes de población anciana, con las consecuentes presiones al sistema de salud y a las finanzas públicas.

El Sol de México entrevistó a expertos en demografía para preguntarles si el bono poblacional ha sido aprovechado o si los seis años que restan son suficientes para hacer lo que no se hizo en nueve sexenios anteriores (desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador). Los diagnósticos son poco optimistas.

“Tuvimos más de 50 años para sacar ventaja de esta ventana demográfica; sin embargo, no supimos aprovechar las oportunidades”, afirma Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

“No tuvimos las políticas públicas adecuadas para aprovechar que teníamos una mayor participación de población en edades activas, pues al momento de insertarse en el mercado laboral lo hicieron en actividades precarias; más del 50 por ciento de la población ocupada está participando en la informalidad”, subraya.

“Desde hace por lo menos 30 años era muy importante elevar el nivel educativo de la población, aumentar el número de universidades, incrementar los niveles de capacitación de la población, sobre todo para enfrentar un mercado de trabajo cada vez más competitivo; desgraciadamente se hizo muy poco”, apunta, por su parte, Verónica Montes de Oca, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, de la UNAM.

De acuerdo con la investigadora, la incapacidad del sistema productivo de integrar la mano de obra al mercado formal de trabajo no únicamente arroja grandes problemas de corto plazo, como el crecimiento del trabajo informal, también acumula una masa creciente de mexicanos que no contarán en su vejez con seguridad social y algún tipo de fondo para su retiro.

El segundo piso de la 4T

La mayoría de los estudios poblacionales ubican el arranque de los años 70 como el inicio del bono demográfico, cuando el número de personas dependientes comenzó a descender y, en paralelo, despegó el volumen de mexicanos en edad laboral. En 1970, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 30.6 millones de personas tenían entre cero y 18 años o más de 60; en contraste, 20.1 millones tenían entre 19 y 59 años. La balanza era deficitaria.

Según la tendencia, el punto más amplio de la brecha entre ambos sectores de la población se alcanzará justo en 2030, cuando 59.3 millones sean dependientes y 78.2 millones estén en edad laboral. A partir de ahí, las líneas se cerrarán.

A pesar de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum será la última con la oportunidad de aprovechar el bono demográfico, los planes de gobierno divulgados hasta el momento (el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 aún no se publica) no parecen empujar una agenda que procure una mayor resiliencia ante el envejecimiento de la población.

En el documento “100 pasos para la transformación”, donde se plantean las principales líneas de acción del gobierno de Sheinbaum, el capítulo sobre educación media superior señala que “la educación de los jóvenes es la más alta prioridad nacional debido al cambio demográfico y a la georelocalización de la alta manufactura. Será necesario un enfoque de política intersectorial para que, más allá de la educación escolarizada, las y los jóvenes dispongan de acceso a la salud, al deporte, la recreación y el trabajo”.

No obstante, la más reciente Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que cinco de cada 10 personas desempleadas en México tienen entre 15 y 29 años.

Este grupo es el más afectado por la falta de trabajo, a pesar de los programas generados en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca integrarlos al mercado laboral.

Este programa —que otorga alrededor de siete mil 500 pesos mensuales durante un año a jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras se capacitan en un oficio— fue la columna vertebral de las políticas públicas dirigidas hacia el sector durante el gobierno anterior y lo seguirá siendo durante la gestión de Sheinbaum, toda vez que ya fue incorporado a la Constitución.

Sin embargo, su eficacia no está del todo probada. Un análisis coordinado por expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y plasmada en el libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República señala que Jóvenes Construyendo el Futuro presenta irregularidades como la limitada transición que tienen los beneficiarios para contratarse en los establecimientos en los que fueron becados, la informalidad que subyace en las relaciones preexistentes de trabajo y la gestión inadecuada de pagos a los beneficiarios.

Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM considera que se están atendiendo ciertos sectores de la población que antes estaban desprotegidas, con la pensiones no contributivas a los mayores de 65 años, y cree que han habido mejoras porque ahora la población que no tiene un acceso formal a los sistemas de seguridad social, tiene la oportunidad de atenderse, vía el Seguro Popular o el IMSS Bienestar. “Aun así, nos falta mucho trabajo en prevención. Somos una una sociedad que no estamos tomando en cuenta la presencia de todas estas enfermedades crónico degenerativas que se presentan en las edades avanzadas y no estamos previniendo en términos de una mejor alimentación, de hacer ejercicio y de ahorrar para el retiro”, enumera.

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Respecto a si estamos a tiempo de tomar medidas y rescatar algo del bono demográfico, Héctor Hernández Bringas, expresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y presidente fundador del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población es cauto. "Me gustaría ser optimista como lo fuimos a principios del año 2000 y decir que sí, pero sólo hay que ver cuáles son las perspectivas económicas de México. Traemos un déficit fiscal muy importante, que será de tres puntos del PIB, lo cual va a implicar necesariamente que haya ajustes. Traemos un crecimiento económico que no alcanza uno por ciento y traemos un crecimiento poblacional mayor a ese porcentaje".

—¿La pensión universal para adultos mayores podría ayudar a enfrentar el fenómeno del envejecimiento?

—Yo considero que a pesar de todas las críticas que puedan hacerse al gobierno de López Obrador y al actual, la pensión para adultos mayores fue uno de los grandes aciertos, porque en México hoy por hoy hay millones de personas adultas mayores que no tienen acceso ni a un ingreso ni a la seguridad social.

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