/ jueves 10 de marzo de 2022

Estigmatizan el aborto en Centroamérica

Prohíben la educación sobre diversidad sexual y los matrimonios igualitarios en Guatemala

En pleno avance de la denominada “ola verde” que vela por los derechos de las diversidades y la implementación del aborto, persiste en algunos países de Latinoamérica un obstruccionismo que en la práctica impide que las mujeres puedan ejercerlos a plenitud.

En varios países como Guatemala y El Salvador existe una preocupación para ejercer estos derechos. En el tema del aborto, la ley lo regula pero es muy difícil garantizar su realización adecuadamente. La lista de países con leyes estrictas la complementan Nicaragua y Honduras, en el centro; en el Caribe son Haití y República Dominicana, y en el sur, solo Surinam.

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“Preocupa que existan países que conservan una total criminalización del aborto, países donde adolescentes y niñas no pueden llevar a cabo esta práctica bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas o cuando es el resultado de una violación”, denuncia la ONG Movimiento Causa Justa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos

Esto ocurre en una región en donde, según datos del Instituto Guttmacher, de Nueva York, cada año se practican más de seis millones de abortos, el 60 por ciento de los cuales no son seguros.

GUATEMALA CONSERVADORA

El Salvador y Honduras lideraban la lista de países que criminalizan el aborto en todas las circunstancias, sin embargo, ayer se sumó Guatemala.

El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores, aprobó en el marco del Día de la Mujer la ley que endurece penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.

La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que cause su aborto o consiente que otra persona se lo cause”. En la ley actual la pena máxima es de tres años. El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente conservador Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta, delito considerado como un “aborto calificado”.

En Guatemala solo está permitido el denominado aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, que ahora tendrá un mayor control, según la nueva ley. Las estrictas leyes en Guatemala no solo se enfocan en el aborto, dentro del paquete aprobado por legisladores, se presentan reformas en el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.

En este contexto, una organización religiosa declaró a Guatemala como “Capital Pro Vida de Iberoamérica”.

“Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, dijo Giammattei.

RIGIDEZ EN EL SALVADOR

El gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, persisten en la rigidez de las leyes sobre el aborto. Actualmente un grupo de siete mujeres están encarceladas con condenas entre 15 y 30 años de cárcel tras sufrir, cada una, una emergencia obstétrica y fueron procesadas por la Justicia local por el delito de homicidio, al supuestamente abortar.

ONG estiman que en El Salvador varias mujeres que han sufrido emergencias obstétricas (pérdidas involuntarias del embarazo) terminan siendo procesadas penalmente, denunciadas por aborto y posteriormente perseguidas por el delito de homicidio agravado”.

Las leyes son tan duras que muchas salvadoreñas en lugar de recibir atención médica y acompañamiento psicológico, son arrestadas y reciben penas de 2 a 30 años de cárcel.

En Honduras, pese a la creciente presión de los colectivos feministas, el Parlamentó blindó el artículo 67 de la Constitución que rechaza la interrupción del embarazo y penaliza totalmente la práctica.

Lo mismo sucede en Nicaragua, donde está considerado delito desde 2006 y en donde en 2017, la Asamblea Nacional sucumbió a las presiones de distintos sectores religiosos para impedir que se modificaran la legislación en la materia.

República Dominicana, que completa varios años con el aborto legal en su agenda pública, no ha logrado sin embargo cambios legales, por lo que este derecho no se admite bajo ninguna causa.

La lista de naciones con estas mismas medidas la completan Surinam y Haití, que hace un par de años no logró el consenso necesario para despenalizar el aborto hasta la semana 12, como pretendían algunas asociaciones defensoras de derechos.



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En pleno avance de la denominada “ola verde” que vela por los derechos de las diversidades y la implementación del aborto, persiste en algunos países de Latinoamérica un obstruccionismo que en la práctica impide que las mujeres puedan ejercerlos a plenitud.

En varios países como Guatemala y El Salvador existe una preocupación para ejercer estos derechos. En el tema del aborto, la ley lo regula pero es muy difícil garantizar su realización adecuadamente. La lista de países con leyes estrictas la complementan Nicaragua y Honduras, en el centro; en el Caribe son Haití y República Dominicana, y en el sur, solo Surinam.

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“Preocupa que existan países que conservan una total criminalización del aborto, países donde adolescentes y niñas no pueden llevar a cabo esta práctica bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando el embarazo pone en riesgo sus vidas o cuando es el resultado de una violación”, denuncia la ONG Movimiento Causa Justa para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos

Esto ocurre en una región en donde, según datos del Instituto Guttmacher, de Nueva York, cada año se practican más de seis millones de abortos, el 60 por ciento de los cuales no son seguros.

GUATEMALA CONSERVADORA

El Salvador y Honduras lideraban la lista de países que criminalizan el aborto en todas las circunstancias, sin embargo, ayer se sumó Guatemala.

El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores, aprobó en el marco del Día de la Mujer la ley que endurece penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.

La “Ley para la Protección de la Vida y la Familia” sanciona con hasta 10 años de cárcel a “la mujer que cause su aborto o consiente que otra persona se lo cause”. En la ley actual la pena máxima es de tres años. El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente conservador Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un “aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer” y que causen la muerte de esta, delito considerado como un “aborto calificado”.

En Guatemala solo está permitido el denominado aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, que ahora tendrá un mayor control, según la nueva ley. Las estrictas leyes en Guatemala no solo se enfocan en el aborto, dentro del paquete aprobado por legisladores, se presentan reformas en el Código Civil para dejar en claro que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo” en Guatemala.

Igualmente “prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”.

En este contexto, una organización religiosa declaró a Guatemala como “Capital Pro Vida de Iberoamérica”.

“Este es un día para celebrar que tenemos un país que aprende, que enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, dijo Giammattei.

RIGIDEZ EN EL SALVADOR

El gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, persisten en la rigidez de las leyes sobre el aborto. Actualmente un grupo de siete mujeres están encarceladas con condenas entre 15 y 30 años de cárcel tras sufrir, cada una, una emergencia obstétrica y fueron procesadas por la Justicia local por el delito de homicidio, al supuestamente abortar.

ONG estiman que en El Salvador varias mujeres que han sufrido emergencias obstétricas (pérdidas involuntarias del embarazo) terminan siendo procesadas penalmente, denunciadas por aborto y posteriormente perseguidas por el delito de homicidio agravado”.

Las leyes son tan duras que muchas salvadoreñas en lugar de recibir atención médica y acompañamiento psicológico, son arrestadas y reciben penas de 2 a 30 años de cárcel.

En Honduras, pese a la creciente presión de los colectivos feministas, el Parlamentó blindó el artículo 67 de la Constitución que rechaza la interrupción del embarazo y penaliza totalmente la práctica.

Lo mismo sucede en Nicaragua, donde está considerado delito desde 2006 y en donde en 2017, la Asamblea Nacional sucumbió a las presiones de distintos sectores religiosos para impedir que se modificaran la legislación en la materia.

República Dominicana, que completa varios años con el aborto legal en su agenda pública, no ha logrado sin embargo cambios legales, por lo que este derecho no se admite bajo ninguna causa.

La lista de naciones con estas mismas medidas la completan Surinam y Haití, que hace un par de años no logró el consenso necesario para despenalizar el aborto hasta la semana 12, como pretendían algunas asociaciones defensoras de derechos.



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