/ lunes 4 de junio de 2018

EU financia presuntas ejecuciones de pandilleros en El Salvador

FBI y DEA apoyan a policías de élite para realizar ejecuciones extrajudiciales de miembros de la MS-13 y barrio 18, afriman

SAN SALVADOR, El Salvador. Las acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales de pandilleros, desmentidas por autoridades salvadoreñas, resurgen tras un reporte que denuncia incluso un financiamiento de Estados Unidos.

Según un reporte de CNN difundido en El Salvador por el portal La Página, Washington financió y equipó a unidades policiales de élite, algunas de ellas acusadas de ejecutar sumariamente a "mareros" (pandilleros).

La cadena informativa cita un reporte de Naciones Unidas sobre un "patrón de comportamiento" en estos asesinatos y denuncia su impunidad, algo rechazado varias veces por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

El documento de la ONU señala al controvertido programa "Mano Dura", lanzado en 2003 por el gobierno del derechista partido Arena, con asesoría del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

El medio estadounidense también sostuvo en su publicación que la Policía Nacional Civil "será ampliamente acusada" en junio próximo de mantener "un patrón de comportamiento del personal de seguridad que asciende a ejecuciones extrajudiciales" en un informe de la ONU.

CNN apuntó que "la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, destacará en su próximo informe que el 92% de las investigaciones contra la policía salvadoreña se desestiman en las primeras 72 horas, y muy pocas resultan en condenas". Callamard denunció en febrero pasado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, por lo que pidió al gobierno "esfuerzos más serios" para eliminar esta lacra.

No obstante, el gobierno salvadoreño se desliga de estas acusaciones y no reconoce las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la PNC como ejecuciones extrajudiciales.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81.7 y 60 por cada 100 mil habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Sin embargo, el actual gobierno cambió el enfoque en el combate a la violencia con el Plan El Salvador Seguro, que combina la vigilancia y las redadas con la prevención, el rescate de espacios de convivencia y otras alternativas al crimen.

Además, las fuerzas del orden público insisten en el respeto a los derechos humanos, cientos de casos de violencia excesiva o abuso de poder son investigados e incluso una unidad anti-pandillas fue desmantelada por tales irregularidades.

En entrevista con medios salvadoreños, la subcomisionada Karla Andrade, portavoz de la Policía Nacional Civil, negó que las ayudas que otorga Estados Unidos a las unidades de élite de la institución sirvan para el "exterminio" de pandilleros, sino que son para "profesionalizar" a los uniformados.

"Si hay una financiación, es para profesionalizar a la PNC para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, que están en la línea de actuar bajo la legalidad", porque "la PNC no extermina pandillas, no extermina a nadie", dijo.

Sin revelar cifras de dinero ni el tipo de capacitación, Andrade reconoció que las unidades especializadas entre ellas la denominada "Jaguares" que encabeza el combate de pandillas, reciben apoyos del gobierno de Estados Unidos.

SAN SALVADOR, El Salvador. Las acusaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales de pandilleros, desmentidas por autoridades salvadoreñas, resurgen tras un reporte que denuncia incluso un financiamiento de Estados Unidos.

Según un reporte de CNN difundido en El Salvador por el portal La Página, Washington financió y equipó a unidades policiales de élite, algunas de ellas acusadas de ejecutar sumariamente a "mareros" (pandilleros).

La cadena informativa cita un reporte de Naciones Unidas sobre un "patrón de comportamiento" en estos asesinatos y denuncia su impunidad, algo rechazado varias veces por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

El documento de la ONU señala al controvertido programa "Mano Dura", lanzado en 2003 por el gobierno del derechista partido Arena, con asesoría del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

El medio estadounidense también sostuvo en su publicación que la Policía Nacional Civil "será ampliamente acusada" en junio próximo de mantener "un patrón de comportamiento del personal de seguridad que asciende a ejecuciones extrajudiciales" en un informe de la ONU.

CNN apuntó que "la relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, destacará en su próximo informe que el 92% de las investigaciones contra la policía salvadoreña se desestiman en las primeras 72 horas, y muy pocas resultan en condenas". Callamard denunció en febrero pasado la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de atropellos en los cuerpos de seguridad de El Salvador, por lo que pidió al gobierno "esfuerzos más serios" para eliminar esta lacra.

No obstante, el gobierno salvadoreño se desliga de estas acusaciones y no reconoce las muertes de pandilleros en enfrentamientos con la PNC como ejecuciones extrajudiciales.

El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81.7 y 60 por cada 100 mil habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes atribuidas principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Sin embargo, el actual gobierno cambió el enfoque en el combate a la violencia con el Plan El Salvador Seguro, que combina la vigilancia y las redadas con la prevención, el rescate de espacios de convivencia y otras alternativas al crimen.

Además, las fuerzas del orden público insisten en el respeto a los derechos humanos, cientos de casos de violencia excesiva o abuso de poder son investigados e incluso una unidad anti-pandillas fue desmantelada por tales irregularidades.

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"Si hay una financiación, es para profesionalizar a la PNC para el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales, que están en la línea de actuar bajo la legalidad", porque "la PNC no extermina pandillas, no extermina a nadie", dijo.

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