/ martes 20 de noviembre de 2018

Juez bloquea prohibición de Trump de otorgar asilo a migrantes ilegales

La administración de Trump tiene prohibido aplicar las nuevas reglas hasta que el caso judicial proceda el 19 de diciembre

Un juez federal en California bloqueó temporalmente las nuevas reglas establecidas por el presidente Donald Trump para prohibir el asilo a los inmigrantes que ingresaran en forma ilegal al país, pero sin resolver en definitiva la cuestión de si las medidas son legales o no.

El juez federal Jon Tigar, dictaminó casi al punto de la media noche de este lunes que la nueva política de la administración que restringe el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente en el país parece estar en conflicto con la ley que específicamente les permite hacerlo.

El pasado 9 de noviembre, ante el posible arribo de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, el presidente Trump emitió nuevas directrices para que sólo las personas que cruzan en los puertos de entrada legales a lo largo de la frontera con México pudieran solicitar asilo.

Bajo dichas medidas, los que cruzan en otros lugares, pueden buscar una forma de protección temporal que sea mucho más difícil de calificar y que no lleve a la ciudadanía estadounidense.

Sigue aquí el paso de la caravana migrante

Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a los Estados Unidos, puede solicitar asilo.

La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliablemente con el INA y la intención expresada por el Congreso. Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente.

Tigar emitió una orden de restricción temporal, lo que significa que la administración tiene prohibido aplicar las nuevas reglas hasta que el caso judicial proceda el 19 de diciembre.

El Departamento de Justicia puede apelar el fallo. Pero a medida que avanza el proceso legal, el fallo podría tener un impacto inmediato en los miembros de la caravana de migrantes que se están reuniendo actualmente en Tijuana para intentar ingresar a Estados Unidos.

La decisión del juez se da a raíz de una demanda interpuesta por la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU) para frenar las nuevas reglas de asilo de la administración Trump y se emite luego de que Tigar escuchara a lo largo del lunes argumentos de abogados de la ACLU y del gobierno federal.



Un juez federal en California bloqueó temporalmente las nuevas reglas establecidas por el presidente Donald Trump para prohibir el asilo a los inmigrantes que ingresaran en forma ilegal al país, pero sin resolver en definitiva la cuestión de si las medidas son legales o no.

El juez federal Jon Tigar, dictaminó casi al punto de la media noche de este lunes que la nueva política de la administración que restringe el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente en el país parece estar en conflicto con la ley que específicamente les permite hacerlo.

El pasado 9 de noviembre, ante el posible arribo de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica, el presidente Trump emitió nuevas directrices para que sólo las personas que cruzan en los puertos de entrada legales a lo largo de la frontera con México pudieran solicitar asilo.

Bajo dichas medidas, los que cruzan en otros lugares, pueden buscar una forma de protección temporal que sea mucho más difícil de calificar y que no lleve a la ciudadanía estadounidense.

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Sin embargo, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a los Estados Unidos, puede solicitar asilo.

La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliablemente con el INA y la intención expresada por el Congreso. Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente.

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