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En un documento firmado por 10 organizaciones exponen que no hubo condiciones para la participación ciudadana, pues realizaron un proceso de ratificación opaco y sin una discusión pública amplia
Ambientalistas, integrantes de comunidades y Greenpeace instaron a ministros e indicaron que con esta decisión se fortalecerían los derechos al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente