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No existen estudios que comprueben peligro en Salaverna

  • Juan Castro
  • en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el caso Salaverna no existe un estudio técnico científico que compruebe la existencia de peligro inminente para los pobladores, indicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Ma de la Luz Domínguez Campos, quien estableció que en el caso se realizó una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional y apegada a la legalidad.

La Comisión de Derechos Humanos sentenció que “no se ha determinado claramente que haya un riesgo inminente, y no se sabe cuál es el nivel de este riesgo, porque no se ha determinado de manera puntual cuál es la zona de peligro”.

Además, señaló que en la investigación se detectó que personal de la Secretaría General de Gobierno, intervino en un operativo que fue arbitrario, autoritario y fuera de la legalidad.

Señaló que los estudios que señalan el riesgo inminente provienen en su gran mayoría de la minera, lo que ha quedado constatado en las pruebas documentales que integran el expediente y evidencian una decisión unilateral del consorcio minero de poder lograr que no existan personas en esta comunidad para realizar un proyecto minero que han denominado en sus propios escritos, a tajo abierto.

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Antecedentes

Explicó que el 23 de diciembre de 2016, a través de una llamada telefónica llegó una denuncia donde se quejaban de que se estaba llevando a cabo un desalojo en la comunidad de Salaverna.

La obligación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), al igual que en otros estados y a nivel nacional, cuando llega una queja se tiene la obligación de acudir a donde se les está llamando.

A raíz de la queja, dos visitadores acudieron a la comunidad, a donde se les impidió el acceso, debido a que estaban bloqueados por parte de elementos policiacos.

Una vez que los visitadores dialogan con los elementos de la Policía y les explican el motivo, se les permite entrar.

Observaron un operativo donde hay personal de Protección Civil, de la Secretaría General de Gobierno, elementos de la Policía Ministerial del Estado y de la Policía Estatal Preventiva.

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A raíz de esto, una ciudadana presenta de manera oral, verbal y directa, una solicitud de intervención de la Comisión y se queja de los servidores públicos que realizaban el operativo.

Por lo que se inició una investigación, pero cuando hay hechos violatorios de derechos humanos se puede actuar de oficio.

Se estaba realizando una violación flagrante a los Derechos Humanos, los hechos fueron verificados por los visitadores, quienes gozan de fe pública y al acudir a la comunidad constataron lo que acontecía en la comunidad y recibieron la queja de voz de esta ciudadana.

El argumento de la no existencia de firma se desvanece de manera específica.

La Comisión de Derechos Humanos realizó una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, profesional, apegada a la legalidad, cuyo único objetivo es la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, el cumplimiento de la legalidad de parte de los servidores públicos estatales y municipales, y vigilar que en la entidad prevalezca el Estado de Derecho.

Explicó que no es necesaria la firma de la quejosa, este señalamiento que se ha hecho es una argucia irrisoria que busca desvirtuar y desviar la atención del acto fundamental, que es que personal de la Secretaría General de Gobierno, intervino en un operativo que fue arbitrario, autoritario y fuera de la legalidad.

En este caso concreto, la queja se presentó por una ciudadana de manera oral, verbal y directa en el momento mismo que se estaba realizando la violación a los derechos humanos, es decir, en una violación flagrante a los derechos humanos, misma que fue constatada por los visitadores de la Comisión y quedó contenida y asentada por parte de los visitadores.

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Este caso se resolvió bajo los mismos principios que la Comisión de Derechos Humanos ha resuelto más de 500 casos durante el último año.

El asunto se inició alrededor del año 2010 cuando pobladores de la comunidad se quejan con el director de Protección Civil de Concepción del Oro, y señalan de manera puntual que sus casas se están hundiendo, y lo atribuyen a las explosiones de la minera, particularmente.

Se inició un expediente con este asunto y se inicia un caso, hay inspecciones de 2012, en donde personal del departamento de Atlas de Riesgo del Departamento de Protección Civil del estado van y revisan de manera puntual que hay este tipo de situaciones, y que por ello se requieren realizar diversos estudios, de carácter técnico científico, que permitan determinar de manera muy clara el motivo del hundimiento en la comunidad de Salaverna, y el estudio debe hacerse con apoyo técnico de prospección geofísica adecuada, capaz de detectar cavidades en el subsuelo y determinar de manera clara la zona de riesgo.

Se requiere también un estudio técnico científico sobre el impacto de uso de explosivos al interior de la mina para que se determine de manera puntal cuáles son los impactos en la superficie donde está ubicada la comunidad de Salaverna.

Esta se hizo en 2012 y es la base, la motivación que tiene el Gobierno del Estado para realizar el operativo de 2016 aludiendo riesgo inminente.

En 2012 se realizó una visita de inspección, no se establece ningún estudio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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