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Secretaria de Gobierno acepta parcialmente recomendación de la CDHEZ

  • Juan Castro
  • en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Ante los diputados de la LXII Legislatura, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, aceptó de manera parcial la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el caso Salaverna, al aceptar la capacitación y la inscripción de una de las afectadas al Registro Estatal de Víctimas, pero rechazó la argumentación de desplazamiento forzado y estableció que los habitantes de la comunidad se encuentran en riesgo.

Afirmó que la prioridad para el Gobierno del Estado es salvaguardar la vida de los habitantes de Salaverna, se acudió a la comunidad para proteger la vida e integridad de los pobladores, no para dañarlos.

“No nos vamos a esperar a que haya una tragedia, un hundimiento mayor o hasta pérdida de vidas para actuar, nuestra obligación es salvaguardar la integridad física de las personas y así lo estamos haciendo”.

Además, negó que exista algún interés político o personal en el caso, y que no se está de parte de las mineras.

Velar por la vida de los zacatecanos

Es responsabilidad del estado velar por la seguridad de los zacatecanos, se informó con oportunidad a los pobladores de la comunidad de Salaverna que están en riesgo sus vidas y sus pertenencias, debido a la existencia de una falla geológica, falla veta, hundimiento del suelo y el deterioro del subsuelo, por la operación minera de antaño, que llevan a la urgente intervención de la autoridad con el objeto de salvaguardar los derechos humanos, particularmente el de la vida, integridad y salud de la población.

El Gobierno del Estado de Zacatecas aceptó de manera parcial las recomendaciones hechas por la comisión estatal de derechos humanos, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes se encuentran trabajando en ellas.

Con esta acción el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con los derechos humanos y es receptivo al trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, convencidos de su tarea responsable, además de relevante en el estado.

Se difiere por los razonamientos técnicos

Clarificó que la Secretaría General de Gobierno no aceptó la recomendación hecha por la Comisión en fecha 14 de junio del 2017, ya que si bien es cierto que hay importantes coincidencias en varias de las recomendaciones planteadas, también es cierto que las consideraciones vertidas por dicha comisión difieren de los razonamientos técnicos y conclusiones hechos por la Secretaría.

Es fundamental precisar ante la sociedad, puntos clave que no fueron considerados con rigor técnico y es necesario pronunciar que:

En fecha 6 de julio de 2017, mediante oficio número SGG/744/2017, en tiempo y forma legal, fundado y motivado se dio contestación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicando el por qué no se coincidió con los criterios de las ocho recomendaciones formuladas a la Secretaría General de Gobierno; ajustándose al procedimiento establecido en el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El documento de contestación de no aceptación de las recomendaciones, se integra por 31 fojas útiles por su parte anversa, además de 185 folios que integran 12 anexos que contienen documentos probatorios.

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Las razones para no aceptar

PRIMERA RECOMENDACIÓN.- “Dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se inscriba a los C.C. Martha Leticia Mendoza, Daniela Monserrat Sánchez Zamarripa, Micaela Zamarripa Hernández, María de los Ángeles Guevara Ledezma, Miguel Ángel Sánchez Zamarripa y Emilia Torres Anguiano en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que, en un plazo máximo de un año, se le indemnice, considerando lo señalado en el apartado IX de esta recomendación y se envíen a esta comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.”

Respecto a esta primera recomendación y después de un análisis exhaustivo llevado a cabo al caso particular de la C. Martha Leticia Mendoza, hace necesaria una nueva reflexión  a la luz del principio pro persona para concluir  que quien se ostenta como quejosa pudo haber sido afectada en su garantía de seguridad jurídica, por lo que se estima que dicha presunción resulta suficiente para que esta autoridad instruya de forma inmediata a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, para que, con base en lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, así como la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, inscriba a la señora Mendoza en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tenga acceso oportuno a las medidas de ayuda, asistencia y reparación, que son los conceptos previstos por las normas aludidas.

Por lo que respecta a las CC. Daniela Monserrat Sánchez Zamarripa, Micaela Zamarripa Hernández, María De Los Ángeles Guevara Ledezma, Miguel Ángel Sánchez Zamarripa y Emilia Torres Anguiano; de las constancias que integran el expediente de queja, no se desprende medio de convicción alguno que haga suponer siquiera a esta autoridad que las acciones denunciadas hayan sido ejecutadas en perjuicio de sus derechos, pues al contrario, tales personas continúan habitando en sus domicilios.

SEGUNDA RECOMENDACIÓN.-”Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta recomendación, se valore y determine si los agraviados requieren de atención psicológica, relacionada con el proceso de desplazamiento forzado y los sucesos ocurridos el 23 de diciembre de 2016, motivo de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posteriores a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que, de ser voluntad de los agraviados, inicien su tratamiento hasta su total restablecimiento.”

Precisó que contrario a lo que establece la recomendación que se alude, se habla del término “el proceso de desplazamiento forzado” situación que en lo absoluto ocurrió, ya que en todo momento se ha manifestado y demostrado que no se trata de actos de desplazamiento o desalojo, sino que únicamente  se trata de una actuación administrativa realizada por personal de la Dirección Estatal  de Protección Civil y Bomberos, quienes en ejercicio de sus atribuciones, procedieron a solicitar la evacuación voluntaria de las viviendas que aún están habitadas con motivo del probado y latente riesgo de hundimiento, que pone en peligro la integridad física de las personas y la vida de los habitantes de la localidad de Salaverna, Mazapil, por lo que se afirma que no se llevó a cabo ningún desplazamiento de personas, tan es así que las familias notificadas continúan viviendo en las construcciones emplazadas en la comunidad de Salaverna, del municipio de Mazapil.

Se niega categóricamente que el Gobierno del Estado, por conducto de los funcionarios señalados como responsables hayan realizado actos que dieran como resultado el desplazamiento forzado, entendiendo este concepto, como el traslado de un lugar cierto a uno incierto o no permanente con motivo de la huida de actos derivados de conflictos bélicos o en extremo violentos.

TERCERA RECOMENDACIÓN.- “Dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de aceptación de esta recomendación, se capacite al personal de la dirección de protección civil del estado en temas relativos a la protección y respeto del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, para que en lo sucesivo se conduzcan en su actuar con apego y respeto a las disposiciones legales y a los derechos humanos de todas las personas, así como en los principios rectores del desplazamiento forzado del alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados, especialmente en casos que impliquen la afectación a sus derechos con motivo de la actividad minera.”

El personal de Protección Civil constantemente se capacita en el conocimiento de los derechos humanos, pues la naturaleza de la institución es precisamente salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentran en situaciones de riesgo.

Sin embargo, dijo que se tiene conciencia que los procesos de capacitación deben de ser continuos para actualizar y mejorar los protocolos de actuación del personal que tiene como misión la protección civil.

Bajo este contexto coincidimos con la comisión de derechos humanos, en esta necesidad.

CUARTA RECOMENDACIÓN.- “Dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, la Dirección de Protección Civil del Estado deberá ordenar a quien corresponda la elaboración de un diagnóstico científico en el que deberá de realizar estudios a detalle de hundimiento en el poblado de Salaverna, Mazapil, con apoyo a técnicas de prospección geofísica adecuadas, con la finalidad de identificar cavidades en el subsuelo y de esta forma determinar zonas de peligro, además con respecto a la falla natural que afecta la zona. De igual manera se deberá realizar la verificación de los monitoreos sísmicos y la instrumentación adecuada al caso concreto. Para efectos del cumplimiento de este punto recomendatorio se deberá enviar el referido estudio a esta comisión, en un plazo no mayor a quince días, a partir de la fecha en que sea recibido por la dirección de protección civil del estado.” La solicitud por parte del organismo, para realizar estudios de prospección y riesgo geológico, omite que ya existen cuatro estudios medibles, cuantificables y comprobables del riesgo que tiene asentamiento de la localidad; además de una inspección que advierte de los riesgos los cuales no se valoraron, pese que fueron ofrecidos oportunamente como medio de prueba.

No obstante lo anterior, cabe destacar que el día 6 de diciembre de 2012, derivado de la falla geológica la comunidad de Salaverna se vio afectada por uno de los hundimientos de suelo causando severos estragos en varias viviendas y en el templo de esa comunidad, situación que apresuró la reubicación de las primeras 44 familias al fraccionamiento de Nuevo Salaverna.

Adicionalmente, el estudio que precisa en la recomendación no cambia la naturaleza del peligro inminente, pues aun cuando  esa Comisión señala que en cuatro años no ha ocurrido ninguna eventualidad que haya dañado a persona alguna, lo único real es que el riesgo es latente, pues de acuerdo a los estudios del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), cuando existe un hundimiento la zona no vuelve a ser segura, hecho que se demuestra con dos hundimientos más ocurridos en la zona cercana al asentamiento humano de Salaverna  en el año 2016, durante los meses de agosto y octubre.

QUINTA RECOMENDACIÓN.- “Dentro de un plazo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, la Dirección de Protección Civil del Estado deberá ordenar a quien corresponda la elaboración de un estudio técnico-científico sobre el impacto del uso de explosivos en el interior de la mina perteneciente a la minera Tayahua S.A. de C.V., ubicada en el subsuelo de la comunidad de Salaverna, Mazapil, en el cual deberá solicitar se especifique además cuál es la afectación concreta que se verifica con las detonaciones practicadas para la extracción del mineral con respecto a la falla geológica de la zona y su impacto en superficie. Para efecto del cumplimiento de este punto se deberá enviar el referido estudio a esta comisión, en un plazo no mayor a quince días a partir de la fecha en que sea recibido por la Dirección de Protección Civil del Estado.”

El Sol de Zacatecas

Foto: Osvaldo Martínez │ El Sol de Zacatecas

Respecto de esta recomendación, se considera satisfecha toda vez que dicho estudio existe y forma parte del expediente identificado como denuncia popular  número JUR/031/2010, en custodia de la Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos, presentada  ante la Unidad Municipal de Protección Civil de Concepción del Oro y relativa al posible riesgo que implica para los habitantes de la comunidad de Salaverna, Mazapil, Zacatecas; esta solicitud fue  girada al entonces secretario de Economía del estado, obteniendo respuesta el día 5 de agosto de 2010 por el director de Minas de la SecretarÍa de Economía de Zacatecas y en la misma se expone:

Oficio DM-097-2010

Asunto: respuesta a su oficio DEPC Y B/157/2010

“La empresa no está trabajando el área de la comunidad de Salaverna, sin embargo tienen trabajos cercanos a esa zona, sólo que están a 771 metros de profundidad, por lo que es muy difícil que las vibraciones producidas por las detonaciones con el uso de explosivos lleguen a tener  efectos nocivos en las fincas de los habitantes de la población, la empresa realiza monitoreos con sismógrafo a las detonaciones con el uso de explosivos en las voladuras, así como mediciones frecuentes de los efectos de estas voladuras, los cuales no registran ninguna alteración a menos de 70 metros, por lo antes expuesto los habitantes de Salaverna no tienen algún riesgo por los trabajos de explotación minera que ejecuta la empresa Tayahua, S.A. de C.V.”

SEXTA RECOMENDACIÓN. “Dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se implemente una campaña de sensibilización, dirigida al personal de la dirección de protección civil, para efectos de que su participación en casos donde haya una afectación a la población por actividad minera siempre se verifique cuidando el respeto a los derechos humanos.”

En el mismo sentido de la justificación de la tercera, recomendación, se insiste que el personal adscrito a la Dirección de Protección Civil y Bomberos se encuentra calificado y capacitado en materia de derechos humanos.

SÉPTIMA RECOMENDACIÓN.- “En un plazo no mayor a quince días hábiles, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, realizar las acciones necesarias para que se inicien las investigaciones administrativas con el fin de determinar las responsabilidades de los servidores públicos implicados en el presente caso.”

En atención a la recomendación séptima se coincide con la necesidad de que el órgano de control interno del Poder Ejecutivo estatal, la Secretaría de la Función Pública en ejercicio a las atribuciones y facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, revise la totalidad de las constancias que integran el expediente de queja y, de ser necesario inicie las investigaciones administrativas a que hubiese lugar si fuera el caso.

OCTAVA RECOMENDACIÓN.- “Dentro de un plazo máximo de tres meses se incluya a los habitantes del poblado de Salaverna y de “Nuevo Salaverna” en algún programa de apoyo estatal que les permita mejorar su calidad de vida en relación a la situación de desplazamiento en la que se encuentran.”

En referencia a la última de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, la misma se advierte un exceso en la recomendación al incluir a los habitantes de Nuevo Salaverna en un programa de apoyo estatal, que permita mejorar su nivel de vida, pues al hacerlo introduce actos novedosos que no forman parte de los hechos denunciados; dado que por una parte como quedó evidenciado, no se demuestra la existencia de un desplazamiento forzado, pues el mismo requiere como condición sin ecuanón la ausencia de voluntad del desplazado; situación que en especie no ocurre, pues cada uno de los habitantes de Nuevo Salaverna, de forma expresa y ante notario público manifestó su voluntad de reubicarse de forma permanente en el fraccionamiento Nuevo Salaverna, a consecuencia del hundimiento ocurrido en el año 2012, y fueron los propios habitantes quienes solicitaron en su momento ser reubicados.

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