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Sin elementos para otra elección: Magistrado

  • Juan Castro
  • en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, José Antonio Rincón González, consideró que para la anulación de la elección en la capital no se cuentan con elementos claros y objetivos que conduzcan a declararla, pues esta medida sólo debe tomarse en un caso real y racionalmente extremo, ya que lo primordial es que prevalezca la voluntad del ciudadano, y con los datos con que se cuenta, no es posible medir qué número de votos se emitieron de forma irregular por causa de los actos anticipados de precampaña y campaña, y menos que esto haya definido el resultado de la votación.

En suma, de los actos que se tienen por demostrados tanto como anticipados de precampaña como de campaña, no existen elementos claros y suficientes que permitan establecer la existencia de una determinancia cuantitativa y cualitativa.

Dijo no coincidir en la determinancia de las irregularidades, figura clave cuando se trata de nulidades. es el concepto que se desarrolla en el proyecto, como base para decretar la nulidad de elección.

A través de un voto particular, manifestó su discordancia en los siguientes términos: para anular una elección se ha exigido que las violaciones han de ser generalizadas, ello significa que no debe de tratarse de irregularidades aisladas, sino que las violaciones que tengan mayor repercusión en el ámbito que abarca la elección respectiva.

En el proyecto de resolución, el argumento fuerte en el que se sostiene reside en la magnitud y trascendencia que se le otorga a los actos anticipados de precampaña y campaña, hasta considerarlos determinantes para el resultado de la elección celebrada el cinco de junio pasado en el municipio de Zacatecas, y decretar la nulidad.

Dijo no desconocer la existencia de infracciones a la Ley Electoral por parte del partido Morena y de su candidata, que resultaron triunfantes en los comicios del pasado cinco de junio en el municipio de Zacatecas, según el cómputo del Consejo Municipal Electoral, pues la mayoría de aquellas han sido objeto del tamiz de este propio Tribunal.

La Sala Superior ha considerado que una elección puede declararse inválida por violación a principios constitucionales, cuando ocurran irregularidades durante el proceso electoral, siempre que: Se aduzca el planteamiento de un hecho que se estime violatorio de algún principio o norma constitucional, o parámetro de derecho internacional aplicable (violaciones sustanciales o irregularidades graves); Que tales violaciones sustanciales o irregularidades graves estén plenamente acreditadas; Que se constate el grado de afectación que la violación al principio o norma constitucional o parámetro de derecho internacional aplicable haya producido dentro del proceso electoral, y Que las violaciones o irregularidades sean cualitativa o cuantitativamente determinantes para el resultado de la elección.

Lo cuantitativo lleva consigo evidentemente la obligación de examinar la cuestión desde una óptica de medición, pero no sólo con relación al número de votos que como diferencia presentan los dos contendientes que lograron llegar al final, sino teniendo en cuenta la magnitud de las irregularidades, para poder establecer un nexo causal entre estas y el número de votos emitidos y así saber si los sufragios se emitieron de manera irregular.

Los elementos de propaganda político electoral a favor de la entonces candidata del partido político Morena, se circunscribieron a un espectacular, siete bardas y veintiuna lonas.

Al menos una barda y trece lonas según certificación de la autoridad administrativa electoral, sólo duraron unas horas de manera ilegal, ya que de dichos elementos de propaganda se dio fe el día nueve de abril a partir de las dieciséis horas con veintitrés minutos, hasta las diecisiete horas con treinta y cinco minutos y el registro se otorgó a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos del nueve de abril, según informe rendido por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el expediente TRIJEZ-PES11/2016, relativo al procedimiento especial sancionador.

De acuerdo con la certificación que se examina únicamente aparece que se colocaron un espectacular, seis bardas y ocho lonas desde el cinco y seis de abril del presente año.

Esa serie de consideraciones permiten concluir que aun cuando indebidamente los terceros interesados iniciaron campaña cuando no contaban con el registro, en ese lapso (del tres al ocho de abril del año en curso) el partido actor y su candidata, aun cuando de forma legal, también realizaron actos de ese tipo.

En esas condiciones, racionalmente no es posible establecer una medición para concluir que hubo inequidad en la contienda con la dimensión que se le otorga en el proyecto, y que la misma es causa grave que amerite anular la elección, si ambos contrincantes realizaron actos de campaña. Y si bien uno de forma ilegal, esto obedeció a que el tercero interesado no contaba con el registro.

No es posible que un espectacular de ocho metros de alto por diez de ancho, veintiuna lonas cuyas dimensiones aproximadas de un metro por dos de ancho, que se colocaron cuando todos los contendientes hacían lo propio puedan calificarse de tan alta gravedad y sin sustento para anular una elección.

A partir de lo señalado, es racional considerar que en el lapso indicado con actividades propias de campaña de ambos contendientes, no puede hablarse de inequidad en su forma más grave.

En el proyecto, si bien se adminiculan datos probatorios, no se demuestra qué repercusión tuvo, para determinar la gravedad de la irregularidad.

No se desconoce que el Instituto Nacional Electoral hace referencia a gastos no reportados por Soledad Luévano Cantú, en el periodo de precampañas, pero tampoco puede establecerse que ello constituya irregularidad grave, dolosa y generalizada, pues no se sabe cuántos actos se realizaron, dónde y de qué naturaleza, para poder entrar al análisis de los mismos y darles la dimensión que objetiva y racionalmente merecen.

En la propuesta no se aprecia que ese análisis se haya realizado, y no se advierte de autos la presencia de elementos de prueba que permitan tener elementos de medición para saber si con el nombramiento de Promotor de la Soberanía Nacional, se logró que los electores fueran a las urnas a depositar un voto viciado y cuántos lo hicieron.

El desarrollo del proceso electoral se dio en paz y con la vigilancia y escudriño de los partidos políticos que contendieron, pues valga decirlo, se realizó en sede administrativa nuevo escrutinio y cómputo del total de la votación emitida.

Particularmente debe resaltarse, en el periodo de campaña electoral, los partidos políticos contendientes realizaron las actividades propias de esta etapa, de modo que no se aprecia que las irregularidades en que ciertamente incurrió el partido político Morena y su candidata a la presidencia municipal de Zacatecas, impidieran ni alteraran el desarrollo de esa otra fase, lo que abona la idea de que ni hay elementos para calificar de graves, dolosas y generalizadas las faltas ni por la consecuencia es posible concluir que aquellas sean suficientes para sostener que fueran determinantes para el resultado final, es decir que el triunfo derivó de actos realizados fuera de la ley y tomar la medida extrema de anular la voluntad de la ciudadanía que en número x acudió a las urnas.

Ante la falta de elementos para establecer la determinancia en las condiciones señaladas, pues no es posible saber si realmente fueron las irregularidades de tal magnitud que definieron el resultado de la elección, debe prevalecer el principio de conservación de los actos válidamente celebrados y por tanto, lo que corresponde es confirmar los resultados y validez de la elección municipal impugnada.

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