A más de tres meses de que estalló la huelga en la Minera Peñasquito, el Congreso de Zacatecas pidió la intervención urgente de los gobiernos estatal y federal “para resolver el conflicto y reanudar las actividades lo antes posible”.
El cierre de la mayor productora de oro del país, no sólo ha provocado una pérdida de 472 millones de dólares a Newmont –propietaria de la mina- sino también estragos económicos en las comunidades cercanas, según la exposición de motivos de la iniciativa aprobada con 17 votos a favor y dos abstenciones.
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El exhorto de los legisladores se dirige a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y al secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza para que funjan como interlocutores entre la empresa y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.
La mina que se ostenta como la mayor empleadora en Zacatecas, con más de cinco mil empleos directos y 28 mil empleos indirectos, cerró desde el 7 de agosto. Los huelguistas del sindicato dirigido por el senador de Morena Napoleón Gómez, expresaron como principal demanda un reparto más justo de las utilidades.
“Hasta ahora nuestras autoridades estatales y federales, no han tomado en serio este tema que es de suma importancia para la gente del semidesierto y sus comunidades ya muy afectadas”, expresa la iniciativa del diputado José David González, representante del distrito de Mazapil, municipio en el que se ubica la mina.
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El legislador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) refirió que Peñasquito aportó mil 900 millones de dólares al país en el 2022, de los cuales, unos 643 millones correspondieron a salarios, prestaciones y pago de derechos a los gobiernos locales y federal.
Insistió en que el paro afecta económicamente a los habitantes del semidesierto por la suspensión en el pago de proveedores, empleadores, y comercios de por lo menos 25 comunidades del municipio de Mazapil, ubicadas en la zona de influencia de la mina.
El paro total provocó una reducción del 25% de la producción anual proyectada a inicios del 2023. De acuerdo con un anuncio de Newmont, no habrá reparto de utilidades para los trabajadores el año próximo, ya que “las ventas cero” de los últimos meses, dan por resultado “ingresos cero” y “utilidades cero”.
Solidaridad con trabajadores
El diputado independiente José Luis Figueroa Rangel expresó su deseo de que la huelga se resuelva “pero no en las condiciones que quiere imponer la empresa a sus trabajadores”.
El legislador acusó a Newmont de actuar con prepotencia al no acceder a la realización de una auditoría que permita revisar la contabilidad y así desmentir los señalamientos del sindicato sobre un reporte de ganancias inferior a las reales, lo cual se habría visto reflejado en un reparto injusto de utilidades.
“Newmont actúa con tanta soberbia como si nos hiciera un favor al saquear nuestros minerales, principalmente el oro, o quiere que agradezcamos que viene a sobreexplotar a la mano de obra, pero no tenemos nada que agradecer”, enfatizó Figueroa Rangel.
El diputado Ernesto González Romo, sin aludir la existencia de pruebas o citar fuentes de información, acusó a la empresa de “manipular su contabilidad para no pagar impuestos” y repartir menos utilidades a sus trabajadores:
“No debemos abogar por la resolución a costa de la dignidad de los zacatecanos ni a costa de los derechos de los trabajadores (…) no nos hacen el favor de venir a explota nuestra mano de obra pagándole migajas y llevándose las riquezas”, enfatizó el integrante el grupo parlamentario de Morena.