Zacatecas, Zac.- Los directores de dos de las empresas minerasmás importantes del país, expresaron su desacuerdo ypreocupación ante el impuesto para empresas contaminantes quepretende aplicar el gobierno de Zacatecas. Los titulares de Peñoles y de Fresnillo PLCdudan de la legalidad del nuevo gravamen estatal, además de que–afirman- quita competitividad y amenaza con provocar lacancelación de nuevas inversiones. “Trataremosde convencer al gobierno de Zacatecas de que un nuevo impuesto noes el camino a seguir”, expresó Octavio Alvídrez Ortega,director de Fresnillo PLC, la cual tiene las dos minas que másplata producen en el país: “El Saucito” y “Fresnillo”.
Opinó que a través de la generación de empleos y elcrecimiento de la derrama económica, las minas pueden contribuirmás con el desarrollo de Zacatecas que a través de una cargafiscal adicional.
Mencionó que en los últimos cinco años se ha sufrido la bajaen los precios de los metales, a lo que se sumó el impuesto mineroque las empresas del sector pagan desde hace dos años.
En entrevista dijo estar en desacuerdo con que se califique a laminería como una industria altamente contaminante ya que lamayoría de las empresas cumplen todas las normas ambientales ycuenta con los certificado de Industria Limpia.
Señaló que tan sólo Fresnillo PLC, en dos años de impuestominero, ha contribuido con cerca de 200 millones de pesos.
“NOS PREOCUPA (…) SE HAN RETIRADO EXPLORACIONES”:FERNANDO ALANIS (PEÑOLES)
Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñolesdijo que los empresarios del sector están preocupados ante laposibilidad de nuevos gravámenes.
Recordó que con la reforma fiscal reciente se gravó el 7.5 porciento a las utilidades, medida recaudatoria que “ya no espareja” en relación con el resto de los sectores.
Los impuestos –dijo- quitan la ventaja competitiva que tieneMéxico en comparación con otros países que ahora más atractivospara la inversión: “Ha habido un retiro importantísimo deempresas mineras exploradoras precisamente por la falta deincentivo y por el gravamen que se impuso hace dos años”.
Subrayó que el también denominado “impuesto ambiental” noes legal porque la minería depende de una legislación federal, aligual que la vigilancia del medio ambiente, por lo que lainiciativa fiscal debería ser igualmente federal.
“Esperamos una mayor revisión del gobierno estatal y que seconsidere que el sector minero no puede ya con cargasadicionales”, recalcó.
ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON INVERSIONESMILLONARIAS
Alanís Ortega recordó la preocupación de la industria ante lapropuesta de proteger cerca de una tercera parte del territorioestatal, ya que Peñoles y otras empresas tienen fundos con objetode hacer exploración.
“Vemos con beneplácito la decisión del gobernador de haceruna revisión profunda de esta área natural, de reducirla y deencausarla a zonas donde realmente sea conveniente hacer estaprotección”, agregó.
Afirmó que para contar con dichos fundos, ya se contaba conconcesiones de la autoridad federal, pero una declaratoria de estetipo, hubiera impedido cualquier inversión en la zona.
Por su parte, Octavio Alvídrez Ortega, director de FresnilloPLC informó que en la zona que se pretendía declarar “zonanatural protegida”, hay una potencial inversión de entretres mil y cuatro mil millones de dólares a concretar en losaños próximos.
Recordó que los mineros han insistido en que el potencial deexplotación y desarrollo de esa zona del semidesierto, no es sóloen materia de minería, sino también en otros sectores como lageneración de energía eólica y en la ganadera.
