Secretarios del gobierno estatal y líderes sindicales que conforman la Junta Directiva del Issstezac, fueron multados por el juez primero de distrito debido a que no justificaron su imposibilidad de acatar la orden de pagar el aguinaldo a Juana Lara López, una de las miles de personas pensionadas que han promovido amparos contra la negativa de cumplir con dicha prestación.
Los secretarios de Finanzas, Ricardo Olivares y de Economía, Rodrigo Castañeda; la coordinadora Estatal de Planeación, Ruth Angélica Contreras y la presidenta de la junta directiva del Issstezac, Verónica Yvette Hernández de Lara, fueron apercibidos con 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen a 15 mil 561 pesos.
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El juez Rodolfo García Camacho también acordó la multa para tres líderes sindicales: Israel Chávez Leandro, secretario general del Sutsemop; Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del SNTE y Héctor Manuel Fernández, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ).
Jorge Rada Luévano, representante legal muchos de los jubilados afectados, informó que, de los dos mil 500 amparos obtenidos del Poder Judicial Federal para el pago del aguinaldo de los años 2021 y 2022, en sólo el 30% se ha obtenido el pago de la prestación.
La resolución del juez primero de distrito señala que “toda vez que transcurrió el término concedido para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho ni justificado su imposibilidad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto (…) a cada uno de los integrantes de la autoridad responsable”.
Funcionarios serían “consignados”
Incluso se les advierte a los siete integrantes de la junta que, de no cumplir con la sentencia se les impondrá una nueva multa de cien UMAs y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del mismo circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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También se hace un requerimiento al Gobernador del Estado de Zacatecas “en su carácter de superior jerárquico” a efecto de que ordene a los miembros de la Junta del Instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo.
El acuerdo del juez subraya que no bastará con que el gobernador emita un oficio con la orden, sino que “deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento”.
