El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila; el director general del Issstezac, Ignacio Sánchez González y todos los integrantes de su junta directiva, volvieron a ser objeto de multas debido al incumplimiento de órdenes judiciales para pagar el aguinaldo atrasado a pensionados y jubilados de dicho Instituto.
De acuerdo con la resolución del juez primero de distrito en el estado de Zacatecas, Rodolfo García Camacho, la multa para cada uno es por 100 UMAS, que equivalen a 10 mil 857 pesos.
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La resolución con fecha del 15 de febrero del 2024, especifica que el apercibimiento obedece a que “no han dado cumplimiento al fallo” del 9 de octubre del 2023 de realizar el pago del aguinaldo 2022 a un grupo de 60 jubilados y pensionados.
El juez señala que ya se había dado la orden de “agotar todas las medidas que estén a su alcance, incluso disponer de otras fuentes de ingreso o disponer de bienes que estén a su alcance para cumplir con el fallo”.
La multa también se aplicó al Gobernador debido a que, por ser superior jerárquico del director del Instituto y de algunos de los integrantes de la junta directiva, tiene responsabilidad de “demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de sancionar a sus subordinados para que cumplan con las ejecutorias de amparo”.
Hasta diciembre del 2023, aún se debía el aguinaldo de los últimos tres años, al 52% de los cerca de cinco mil pensionados y jubilados, ello, de acuerdo con registros del Issstezac. Cabe señalar que todos los pagos que se han realizado a la fecha, fueron en cumplimiento a órdenes judiciales.
Autoridades sancionadas
Otra de las autoridades sancionadas es Verónica Yvette Hernández de Lara, presidenta de la Junta directiva del Instituto y, en calidad de consejeros de la misma están: Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas del Estado; Rodrigo Castañeda, secretario de Economía; y Ruth Angélica Contreras, coordinadora Estatal de Planeación.
También se emitieron multas a Israel Chávez Leandro, líder del Sutsemop; Óscar Castruita Hernández, secretario general de la sección 58 del SNTE; y Héctor Manuel Fernández, titular del Sindicato de Telesecundarias.
El juez requiere nuevamente a las autoridades y a los líderes sindicales a que, en un término improrrogable de cinco días, den cumplimiento a “la sentencia protectora de derechos” de los jubilados, es decir, pagar su prestación, o de lo contrario, se harán acreedores a una nueva multa.
