/ jueves 7 de diciembre de 2023

Presidente del Poder Judicial de Zacatecas exige más presupuesto

Arturo Nahle García amaga con promover una controversia constitucional

“No me explico, no tiene lógica, no estamos de acuerdo que al Poder Judicial se le esté bajando el presupuesto, quiero una explicación, quiero una justificación”, declaró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García.

Al reunirse con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso estatal, lamentó que en el Paquete Económico del 2024 propuesto por el gobernador, David Monreal Ávila, se le quiera recortar al Poder Judicial un punto porcentual respecto del 2023.

Detalló que el presupuesto real de este año, incluyendo el aumento salarial para los trabajadores sindicalizados, fue de 636 millones, mientras que el Poder Ejecutivo quiere asignar sólo 630 millones.

Enfatizó que el Ejecutivo no tiene facultades para recortar recursos a otros Poderes, por lo que incluso podría promover una controversia constitucional, aunque luego aclaró: “no lo haremos porque no pretendemos que haya confrontación entre poderes”.

Reconoció que sería absurdo que la delincuencia esté perfectamente organizada y las autoridades estén desorganizadas y hasta confrontadas, por ello, desde años anteriores no se promovió dicha controversia.

Se ha puesto de moda denostar al Poder Judicial, yo espero que esa actitud no se dé en nuestro estado, entre poderes debe haber colaboración, respeto, coordinación, no confrontación.

Luego opinó que si un gobernante no le inyecta recursos a las instituciones de seguridad y justicia “entonces su prioridad no es la seguridad y no es la justica (…) podrá decir otra cosa, pero será demagogia”.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión legislativa, insistió en su petición de aumento: “lo menos que pedimos es que se incremente lo de la inflación, dennos por lo menos ese 5% para no morirnos de hambre”.

Luego envió felicitaciones al Gobernador por aumentar el presupuesto de otras instituciones, como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública a la que se plantea un 10% más, a lo que agregó: “La seguridad y la impartición de justicia deben ir de la mano, son un binomio indisoluble”.

Austeridad total

El magistrado presidente enfatizó que “en el Poder Judicial del estado, se trabaja con una austeridad total”, lejos de “la cantaleta” de que en los poderes judiciales hay excesos, lujos, privilegios y prerrogativas.

Apuntó que este año el Poder Judicial representó sólo el 1.67% del presupuesto global de Zacatecas, indicador que para el 2024 se pretende bajar al 1.63%.

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Además, apuntó que se prevén “cero pesos” para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar que, en un periodo de cuatro años, costará en Zacatecas 200 millones de pesos “en un cálculo muy conservador”.

Recordó que, por la pandemia, la crisis económica y el clima de inseguridad, crecieron las cargas de trabajo: al año se inician 30 mil juicios, lo que da un acumulado 100 mil juicios civiles, mercantiles, familiares, penales y laborales pendientes de resolver.

Arturo Nahle recalcó que este trabajo es atendido por mil 200 funcionarios judiciales que no han recibido un aumento salarial en muchos años, por lo que Zacatecas, tiene uno de los tres poderes judiciales peor pagados del país.

Riesgo de protestas

El magistrado, Virgilio Rivera Delgadillo, quien junto a otros magistrados asistió a la reunión con legisladores, reconoció que, si a los sindicalizados se les arrebata el aumento salarial obtenido este año, se incurriría en una injusticia laboral.

Advirtió que con el recorte hay riesgo de detonar conflictos laborales como los que ya se dieron en la Fiscalía: “Con algo de sensibilidad se podría evitar que un sector de trabajadores inicie una movilización”.

Integrantes de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como Karla Valdez Espinoza y Zulema Yunuen Santacruz, se comprometieron a atender las demandas de los magistrados. El diputado, Benigno Gallardo Sandoval, reconoció que se debe poner más recursos si realmente se quiere combatir la impunidad.

El presidente la Comisión, José Guadalupe Correa afirmó que “se hará un análisis responsable de todos los llamados que lleguen, para tratar de apoyarlos en lo mejor que se pueda” dentro del presupuesto que sea aprobado antes de que finalice este año.

“No me explico, no tiene lógica, no estamos de acuerdo que al Poder Judicial se le esté bajando el presupuesto, quiero una explicación, quiero una justificación”, declaró el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Arturo Nahle García.

Al reunirse con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso estatal, lamentó que en el Paquete Económico del 2024 propuesto por el gobernador, David Monreal Ávila, se le quiera recortar al Poder Judicial un punto porcentual respecto del 2023.

Detalló que el presupuesto real de este año, incluyendo el aumento salarial para los trabajadores sindicalizados, fue de 636 millones, mientras que el Poder Ejecutivo quiere asignar sólo 630 millones.

Enfatizó que el Ejecutivo no tiene facultades para recortar recursos a otros Poderes, por lo que incluso podría promover una controversia constitucional, aunque luego aclaró: “no lo haremos porque no pretendemos que haya confrontación entre poderes”.

Reconoció que sería absurdo que la delincuencia esté perfectamente organizada y las autoridades estén desorganizadas y hasta confrontadas, por ello, desde años anteriores no se promovió dicha controversia.

Se ha puesto de moda denostar al Poder Judicial, yo espero que esa actitud no se dé en nuestro estado, entre poderes debe haber colaboración, respeto, coordinación, no confrontación.

Luego opinó que si un gobernante no le inyecta recursos a las instituciones de seguridad y justicia “entonces su prioridad no es la seguridad y no es la justica (…) podrá decir otra cosa, pero será demagogia”.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión legislativa, insistió en su petición de aumento: “lo menos que pedimos es que se incremente lo de la inflación, dennos por lo menos ese 5% para no morirnos de hambre”.

Luego envió felicitaciones al Gobernador por aumentar el presupuesto de otras instituciones, como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública a la que se plantea un 10% más, a lo que agregó: “La seguridad y la impartición de justicia deben ir de la mano, son un binomio indisoluble”.

Austeridad total

El magistrado presidente enfatizó que “en el Poder Judicial del estado, se trabaja con una austeridad total”, lejos de “la cantaleta” de que en los poderes judiciales hay excesos, lujos, privilegios y prerrogativas.

Apuntó que este año el Poder Judicial representó sólo el 1.67% del presupuesto global de Zacatecas, indicador que para el 2024 se pretende bajar al 1.63%.

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Además, apuntó que se prevén “cero pesos” para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar que, en un periodo de cuatro años, costará en Zacatecas 200 millones de pesos “en un cálculo muy conservador”.

Recordó que, por la pandemia, la crisis económica y el clima de inseguridad, crecieron las cargas de trabajo: al año se inician 30 mil juicios, lo que da un acumulado 100 mil juicios civiles, mercantiles, familiares, penales y laborales pendientes de resolver.

Arturo Nahle recalcó que este trabajo es atendido por mil 200 funcionarios judiciales que no han recibido un aumento salarial en muchos años, por lo que Zacatecas, tiene uno de los tres poderes judiciales peor pagados del país.

Riesgo de protestas

El magistrado, Virgilio Rivera Delgadillo, quien junto a otros magistrados asistió a la reunión con legisladores, reconoció que, si a los sindicalizados se les arrebata el aumento salarial obtenido este año, se incurriría en una injusticia laboral.

Advirtió que con el recorte hay riesgo de detonar conflictos laborales como los que ya se dieron en la Fiscalía: “Con algo de sensibilidad se podría evitar que un sector de trabajadores inicie una movilización”.

Integrantes de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como Karla Valdez Espinoza y Zulema Yunuen Santacruz, se comprometieron a atender las demandas de los magistrados. El diputado, Benigno Gallardo Sandoval, reconoció que se debe poner más recursos si realmente se quiere combatir la impunidad.

El presidente la Comisión, José Guadalupe Correa afirmó que “se hará un análisis responsable de todos los llamados que lleguen, para tratar de apoyarlos en lo mejor que se pueda” dentro del presupuesto que sea aprobado antes de que finalice este año.

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