El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Arturo Nahle García presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción, por la deficiente construcción del edificio de juzgados laborales en la que estuvieron involucrados dos secretarios de Infraestructura del exgobernador, Alejandro Tello Cristerna.
El titular del Poder Judicial declaró que quienes solaparon y encubrieron las fallas estructurales del inmueble, construido entre 2017 y 2018 en las instalaciones del Poder Judicial, pueden ser constitutivas de los delitos de peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
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En el tiempo que se hizo la licitación, contratación y ejecución de la obra, a cargo de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), hoy Secretaría de Obras Públicas (SOP), estuvieron como titulares Francisco Ibargüengoitia Borrego –quien ocupó dicho cargo desde la administración de Miguel Alonso– y Jorge Luis Pedroza Ochoa.
En conferencia de prensa, luego de presentar la denuncia “contra quien resulte responsable”, fue cuestionado sobre quién podría ser el responsable de lo que calificó como quebranto y como un desfalco, a lo que respondió: “Yo creo que fue el secretario de Obras Públicas, muy probablemente, pero no quiero prejuzgar”.
Minutos más tarde rectificó, reconociendo que los dos secretarios tendrían responsabilidad, ello tras revisar en presencia de varios periodistas, la fecha de los documentos relativos a las supervisiones del avance de la obra, y la estimación de pagos hechos a la constructora Sahara S.A. de C.V, la cual ejecutó el proyecto que tuvo un costo de 20 millones 290 mil pesos.
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El edificio cuenta sólo con un sótano, planta baja y un primer nivel, aunque desde su concepción estuvo contemplado como una torre de seis niveles.
Las fallas de cimentación detectadas en una supervisión hecha apenas en febrero de este año, hacen imposible que la construcción siga creciendo pues se corre el peligro de un colapso.
Funcionarios involucrados
El contrato fue suscrito por el Francisco Ibargüengoitia, quien luego autorizó, en septiembre del 2017, un anticipo de seis millones, y la primera estimación de más de dos millones entregada al contratista.
El magistrado aclaró que la mayoría de las 12 estimaciones pagadas entre octubre de ese año y diciembre del 2018, fueron autorizadas por Jorge Luis Pedroza Ochoa, siguiente titular de Sinfra que nombró Alejandro Tello.
El 30 de junio del 2017, meses antes de que se licitara dicho inmueble, se suscribió el convenio entre el Gobierno del Estado y el Poder Judicial, que establece que Sinfra, llevará a cabo la presupuestación, la adjudicación, seguimiento técnico, supervisión y ejecución, de los edificios que requiera el Tribunal Superior.
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Arturo Nahle anunció que estos hechos también los hará del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno del Estado.
Ante medios de comunicación aclaró que la denuncia la formuló y la presentó “a título personal” y no en representación del Poder Judicial, porque “el Poder Judicial no va a ser juez y parte”.
Graves fallas estructurales
El 8 de febrero del 2023, y con la intención de construir un nuevo nivel, el Poder Judicial pidió a la SOP revisar la condición de las pilas de cimentación, en las que se detectaron grietas y fisuras, prueba de su deficiente construcción.
El dictamen de la SOP informa, a manera de antecedente, que cuando la obra todavía estaba en proceso, el supervisor de Sinfra dictaminó la necesidad de demoler las pilas, al encontrar graves errores de cimentación y fuertes desplomes en las pilas cuyo acero de refuerzo estaba descentrado.
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En lugar de demoler –dice el dictamen- las estructuras “se encamisaron” con concreto para esconder las fallas.
Al respecto, Arturo Nahle apuntó: “no se le hizo caso al supervisor responsable y la obra continuó y siguieron pagándole al constructor (…) no debieron seguir pagando las estimaciones si el avance no estaba bien, nadie paga por algo que se está haciendo mal”.
Aunque el edificio no representa actualmente un peligro de colapso, es imposible construir más niveles.
A cuatro años de inaugurada la obra, el Poder Judicial ya había tramitado un subsidio federal “que ya prácticamente está autorizado”, para añadir otro nivel el edificio.
El magistrado dijo confiar en que la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado, investigará y determinará quien “solapó, quien encubrió y quien causó este quebranto”.
