Docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), discutieron y analizaron el Primer Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, concluyendo en que en la entidad “las cosas están de cabeza”, pues queda mucho a deber.
Se requiere mayor investigación académica para coadyuvar en combatir la corrupción, incluso de policías con el crimen organizado, lo cual, también necesita voluntad; un cambio que todas y todos los mexicanos quisieran ver, sin embargo, por ahora permanece la inseguridad y la ambivalencia, resaltó el investigador Fernando Robledo.
Temas como las afectaciones ocasionadas por la minería, las deudas de pensiones hacia las y los derechohabientes del Issstezac, los desplazamientos forzados a consecuencia de la delincuencia organizada; así como los homicidios y feminicidios, fueron algunos de los temas que se debatieron en el foro que reunió a estudiantes y maestros de la Unidad Académica de Economía (UAE).
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Los investigadores, Rodolfo García Zamora, Saúl Robles Soto, Alma Dávila Luévano, Alejandro Pérez Escatel, Arturo Burnes Ortiz, Fernando Robledo, especialistas en temas diversos, coincidieron en que el gobierno actual queda mucho a deber y se requieren implementar políticas públicas eficientes, pero también propuestas desde la academia para incidir en un verdadero cambio social.
El docente, Fernando Robledo, sostuvo que la entidad zacatecana se colocó como la octava entidad con mayor número de atrocidades al registrar 139 hechos de violencia extrema con 179 víctimas durante los primeros seis meses de este 2022.
En estos actos hubo al menos 23 casos de tortura, 23 masacres y 15 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; pero, además, las carreteras del estado no cuentan con seguridad alguna pues al menos en la de Concepción del Oro, hasta Villa de Cos “no se tiene comunicación y ahí suelen suceder asaltos y asesinatos a los migrantes que comúnmente pasan por ahí”.
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Pero también resaltó el tema de los desplazamientos forzados, en donde a consecuencia de los grupos delictivas, familias de diversos municipios en la entidad, tuvieron que salir de sus hogares, se habla principalmente de 18 comunidades afectadas, principalmente, Palmas Altas, Sarabia, Guadalupe Victoria y la Ermita de los Correa.
En este sentido, refirió que, aunque ha existido acompañamiento por parte de las autoridades a las familias para que acudan por sus pertenencias “no se mantienen ahí”, es decir, no se aplica la ley de manera adecuada. Finalizó.
