Al insistir que no hay dinero para el aguinaldo de los pensionados, el director del Issstezac, Ignacio Sánchez González anunció que combatirá, hasta en la Suprema Corte de Justicia de ser necesario, las multas que el Poder Judicial de la Federación pretende aplicarle por presunto desacato a la orden pagar dicha prestación.
El pasado 31 de julio, el Juez Primero de Distrito en el estado, emitió un acuerdo en el que ordena a las autoridades del Issstezac, pagar los aguinaldos de los años 2021 y 2022 de un grupo de 50 pensionados, bajo pena de multa, inhabilitación o cárcel.
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Afirmó que no está justificada la sanción, ya que ha demostrado mediante los saldos de cuentas bancarias, que el Instituto carece de recursos: “A nosotros nos están exigiendo y aplicando multas como si con eso brotara de manera espontánea el dinero”.
El problema de fondo –explicó- es que el Instituto “no recibe un quinto” para pagar los dos meses de pensión a los que equivale el aguinaldo, ya que los trabajadores en activo aportan mensualmente para cubrir solamente los 12 meses de nómina de los pensionados.
Ante la quiebra financiera del Instituto, recalcó que se requiere una reforma a su legislación para que se grave el aguinaldo y los trabajadores se vean obligados a cooperar también para dicha prestación.
Ya se pagaron mil 428
De acuerdo con registros del Issstezac, se han pagado 64.4 millones de pesos para mil 428 aguinaldos de quejosos que obtuvieron resoluciones judiciales a favor, los pagos corresponden sólo al año 2021 y quedan pendientes todos los del 2022.
El número de pensionados beneficiados sólo representa el 31.75% del total de quejosos con requerimientos judiciales, por lo que quedan tres mil 69 pendientes de pagar, que representan una erogación de 91.5 millones.
Además del director, el juez menciona como autoridades responsables y sujetas a sanción a: Verónica Yvette Hernández de Lara, presidenta de la Junta Directiva del Instituto y a los consejeros de la junta: Ricardo Olivares, secretario de Finanzas; Rodrigo Castañeda, secretario de Economía y Ruth Angélica Contreras, coordinadora estatal de Planeación.
También figuran los tres líderes sindicales que fungen como consejeros y a quienes se concedieron cinco días hábiles para acatar la resolución: José Israel Chávez, secretario general del SUTSEMOP; Óscar Castruita, líder de la sección 58 del SNTE y Héctor Manuel Fernández, del SITTEZ.
