Además de las denuncias interpuestas por trabajadoras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), también existen denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por acoso y hostigamiento sexual en contra de servidores públicos de otras dos secretarías estatales y de una dependencia federal.
Fátima Encina Arroyo, Fiscal Especializada de Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, informó que en lo que va del 2023 se han recibido siete denuncias por violencia laboral de trabajadoras de gobierno, tanto en contra de sus jefes, como de sus compañeros.
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La fiscal precisó en entrevista que de enero a septiembre se han extendido dos denuncias por acoso sexual que –explicó- se caracteriza por “no haber desigualdad de poderes” entre las partes, así como cinco por hostigamiento sexual, “donde hay una relación de subordinación y una desigualdad de poderes” respecto al agresor.
Tenemos varias denuncias en cuyos hechos se encuentran involucrados en calidad de personas imputadas servidores públicos que trabajan en Gobierno del estado.
Encina Arroyo expuso que las instituciones donde se han ocurrido hechos de violencia contra las mujeres y las víctimas han decidido denunciar, son el C5, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Informó que en general, el número de denuncias por delitos sexuales ha aumentado año con año, sin excepción en la violencia laboral: “ya que va creciendo la decisión de las mujeres de denunciar, es importante que agoten la posibilidad de la denuncia porque es su derecho, las víctimas tienen el derecho de que administrativamente se emitan sanciones contra las personas que están ejerciendo este tipo de violencia”.
Importante prevenir
La fiscal insistió en que es importante que al interior de todas las instituciones se tomen medidas preventivas para evitar el acoso y el hostigamiento sexual hacia las mujeres.
Señaló que, aunque estas investigaciones suelen llevar tiempo debido a que generalmente ocurren sin testigos, se tiene un alto nivel de efectividad en los casos judicializados: “a veces están tan normalizadas algunas conductas que implican violencia contra las mujeres, que las víctimas no cuentan con el apoyo de sus compañeros que son testigos de insinuaciones, asedios, amenazas o hasta de abusos sexuales”.
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En este sentido, explicó que una vez que la víctima decide denunciar, se parte del testimonio de la mujer confiando en la veracidad de su dicho y tienen la obligación de buscar los datos de prueba que corroboren lo que se está relatando, “una de las herramientas que tenemos es el dictamen de psicología forense, buscamos todas las huellas, todo lo que nos lleve a confirmar los hechos”.
Una vez que la víctima solicita la intervención de las autoridades, se hace una valoración por parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y se emite medidas de protección que se hacen llegar al superior jerárquico de cada institución, posteriormente a través del órgano de control interno determina las medidas, que puede ser el cambio de adscripción de la víctima o del agresor o incluso la destitución del imputado.
