/ miércoles 4 de diciembre de 2019

La educación es un bien social: Dridickson

El investigador de la UNAM participó en una mesa de análisis en Zacatecas

Para alcanzar la obligatoriedad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tendrá que invertir 600 millones de dólares anuales, sobre la tendencia de subsidio actual y su tasa relacionada con el Producto Interno Bruto (PIB).

Axel Didriksson Takayanagui, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que, actualmente son 15 las universidades con condiciones financieras y fiscales terribles, entre ellas se encuentra la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), es decir, casi la mitad de las instituciones públicas estatales presentan esta problemática desde hace décadas.

A manera de plantear la reconstrucción de la situación crítica por la que atraviesan las instituciones en México, investigadores reconocidos desarrollaron este miércoles la mesa de análisis: “Debates sobre el futuro de la universidad pública en los tiempos de la 4T”.

Didriksson Takayanagui, destacó que el 60 por ciento de las actividades efectuadas por profesionistas técnicos serán sustituidas por las nuevas tecnologías, además las y los jóvenes que concluyen su educación superior con licenciatura, tiene menos posibilidades de encontrar empleo que quien sale del nivel secundaria.

El investigador, detalló lo que la Ley General de Educación Superior (versión octubre) 2019 contempla, misma que logra sustituir la ley denominada de Coordinación de la Educación Superior, en donde no existe política de inclusión afirmativa como en otros países de América Latina que permiten acceso a poblaciones marginadas, en México no existe ninguna, no hay acceso, tampoco existen oportunidades.

Sostuvo que la educación es un bien social, no es una mercancía y las instituciones privadas deben establecerse en el país sin fines de lucro, esta ley además contempla que el Estado es garante de la progresividad de la inclusión para todas y todos a este sistema.

Una formación integral no puede existir sin perspectiva sensible, humana y estética; para los fines de articular y coordinar el sistema, desde una perspectiva de planeación y reordenamiento de acuerdo con los principios y fines de la Ley se establece la creación de un Consejo Nacional de Autoridades de Educación Superior y Consejos Locales de Participación y Vinculación, argumentó.

La prueba PISA, mantiene en México bajos niveles de aprendizaje, en lecto-escritura llegó al penúltimo lugar, destacando que las evaluaciones sirven como herramientas de cambio; y agregando que se requiere favorecer la coordinación horizontal e interinstitucional, por la vía de proyectos conjuntos.

En mayo de 2019 se aprueba la reforma constitucional del Artículo tercero, en donde se establece la obligatoriedad en la educación superior; en dicha reforma se establece una educación gratuita en todo el sistema educativo.

En términos de acceso a educación superior se habla sobre la obligatoriedad ascendente para el acceso a este nivel educativo, estableciendo un fondo federal estatal para desarrollar estos recursos que garanticen la plurianualidad en la infraestructura.

Dentro de las 10 alternativas que el investigador presentó para la reorganización de la proyección de un escenario de futuro para la Universidad Pública en México, destaca la creación de Centros de Innovación Tecnológica y Social (CITYS), un nuevo liderazgo de la administración central de la universidad y sus principales cuerpos colegiados, intervención dinámica de la universidad en el conjunto del sistema educativo nacional, sobre todo en el mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje, así como el fortalecimiento de las comunidades académicas con énfasis en el derecho universal a la Autonomía Universitaria y la Libertad de Cátedra e investigación, con responsabilidades sociales territoriales.

En esta mesa estuvo presente el director de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Raúl Delgado Wise, así como Hugo Aboites Aguilar de la UAM-X, y Arturo Burnes Ortiz de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

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El investigador, detalló lo que la Ley General de Educación Superior (versión octubre) 2019 contempla, misma que logra sustituir la ley denominada de Coordinación de la Educación Superior, en donde no existe política de inclusión afirmativa como en otros países de América Latina que permiten acceso a poblaciones marginadas, en México no existe ninguna, no hay acceso, tampoco existen oportunidades.

Sostuvo que la educación es un bien social, no es una mercancía y las instituciones privadas deben establecerse en el país sin fines de lucro, esta ley además contempla que el Estado es garante de la progresividad de la inclusión para todas y todos a este sistema.

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