Durante más de un año, la legislatura de Zacatecas ha tenido en la congeladora la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensora de los Derechos Humanos del Estado.
La iniciativa, cuyo propósito es salvaguardar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que ejercen la libertad de expresión, fue presentada por el diputado, José Luis Figueroa Rangel desde el 22 de febrero del 2022.
Luego de cumplirse 15 meses de que la propuesta fue turnada a la comisión legislativa de Justicia, el legislador independiente dijo que está por darse el siguiente paso, que sería la dictaminación y la aprobación de la ley para que entre en funciones.
Adelantó que se pretende destinar inicialmente la cantidad de un millón 200 mil pesos para garantizar los mecanismos de protección para reporteros, comunicadores y defensores de los derechos humanos que lo requieran, de acuerdo con lo que establece la ley una vez que se publique.
Expresó que tal legislación es necesaria porque “existe un alerta nacional respecto de la amenaza que hay con comunicadores en los municipios y en la regiones que tienen amenaza de no publicar nada, donde hay más violencia e inseguridad”.
Reconoció que grupos criminales ejercen, lo que se podría denominar “un tipo mordaza” en diversas regiones del país.
En Zacatecas existen alrededor de 40 estaciones de radio, más de 10 canales de televisión, 10 diarios impresos, y un mayor número de sitios web informativos, afirma en la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa.
Derechos de los periodistas
La ley incluye nueve derechos de las personas periodistas; el primero corresponde al reconocimiento de su actividad profesional “como de interés público, por lo que ésta debe ser tutelada y protegida por el Estado”.
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Además reconoce: el derecho a la protección ante riesgos contra su integridad; el derecho a mantener el secreto profesional de sus fuentes, de libre acceso a la información ya generada y de la que se esté generando, a la capacitación continua, a la reparación integral cuando haya daños a su integridad.
También reconoce el deber del Estado de amparar su ética con la cláusula de conciencia y de castigar penalmente a responsables de impedir, interferir, limitar o que atenten en contra de la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión.
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