Zacatecas, Zac.- Un colectivo de ocho organizaciones promovieron una demanda en contra de 112 jueces y magistrados del Poder Judicial de Zacatecas por violar la obligación de publicar sus sentencias, es decir, por trabajar en la opacidad.
La estrategia se da a través de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, es decir, una demanda de amparo ante un juez de Distrito, un juez del Poder Judicial de la Federación con residencia en Zacatecas, demandando a todos estos jueces.
La demanda fue interpuesta por Equis Justicia para las Mujeres, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Borde Político, Participando por México, Controla tu Gobierno, Artículo 19 y Fundar Centro de Análisis e Investigación, y 18 organizaciones de otros estados, debido a que en dos años no han publicado una sola sentencia.
Como contestación de demanda, se ha “encontrado una tan cínica como si quieres tú la sentencia ven por ella, es decir, si tú quieres esta sentencia pídemela a través de un procedimiento, lo que limita los derechos del ciudadano.
Otra contestación dice el juez “efectivamente, yo he incumplido con mi obligación de publicar las sentencias que emito”, igual este juez le está apostando a la impunidad, pero se debe buscar que se obligue a estos jueces a cumplir con su obligación.
Al pedirle una explicación al Poder Judicial de Zacatecas sobre la falta de publicación de las sentencias, señalaron que no las consideran de interés público.
Lo que se busca con este litigio estratégico es que se defina que todas las sentencias son de interés público y, por lo tanto, se deben de publicar.
Si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están obligados a cumplir con sus responsabilidades de transparencia, el Poder Judicial no debe de estar exento de ello.
Conocer las sentencias permite identificar si existen actos de corrupción y evaluar las capacitaciones del Poder Judicial en las que se han invertido 596 millones de pesos en los últimos diez años.
La denuncia se hizo en la Ciudad de México, donde se explicó que la directora de Equis Justicia, Ana Pecova, explicó que para que se pueda monitorear y dar seguimiento a cómo se imparte la justicia en México, una herramienta necesaria es tener acceso a las sentencias.
Originalmente, el Poder Judicial en México estaba obligado a publicar todas las sentencias, según las investigaciones que se han realizado ningún Poder Judicial estatal logró cumplir completamente con este requisito, sin embargo, están obligados a hacerlo.
Con la llegada de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se documentó un grave retroceso en cuanto a la posibilidad de monitorear el trabajo de los Poderes Judiciales del país.
A partir de esta ley los Poderes Judiciales únicamente obligados a publicar las sentencias que son de interés público.
El problema es que este concepto carece completamente de una definición clara y precisa y queda en manos de los mismos jueces y magistrados definir qué casos son de interés público o, en otras palabras, qué sentencias se van a publicar.
Existen casos como el estado de Zacatecas que deciden no publicar ninguna, por esa razón varias organizaciones de la sociedad civil, que creen en la importancia de la participación ciudadana y la impartición de justicia han decidido explorar estrategias para exigir una mayor rendición de cuentas al Poder Judicial.
El caso Zacatecas
Zacatecas es uno de los estados donde en los últimos dos años no se ha publicado ni una sola sentencia, es decir, los 112 jueces y magistrados que laboran en este Poder consideran que ninguna de las sentencias que han emitido es de interés público y debe de ser publicada.
Esto viola el derecho al acceso a la información y se ha decidido impugnarlo a través de una estrategia. Zacatecas no es el único estado, el único Poder Judicial que labora en la opacidad, después de la revisión de la información que está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia se ha identificado que los Poderes Judiciales de estados como Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Colima, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, tampoco han publicado ninguna sentencia.
La labor del Poder Judicial es un servicio público y, por lo tanto, no puede estar al margen de la rendición de cuentas.
Para cambiar esto se exige que el concepto de interés público se dote de contenido, que se establezca que todas las sentencias son de interés público y que se publiquen.
Mexicanos contra la corrupción
se diseñó una estrategia jurídica buscando que el Poder Judicial de la Federación, en primer lugar, se pronunciara de una vez por todas en lo que se refiere a lo que debe entenderse como una sentencia de interés público.
Pero no sólo eso, sino que efectivamente se obligue al juez que incumple con la norma, a actuar y hacer pública la versión de cada una de las sentencias que emiten
en un principio se iba a demandar a los 112 jueces, sin embargo, se decidió por cuestiones procesales demandar a todos los jueces del municipio de Zacatecas y de Fresnillo, porque por cuestiones de distancias iba a ser más difícil notificar a jueces de municipios más alejados de la capital que a los más cercanos.
Entonces, en un principio se decide demandar a estos jueces, casi 50, y en un segundo momento se dirigirá contra los demás si es que se sigue incumpliendo con estas obligaciones.
La demanda se presentó el viernes 23 de marzo, si bien se promovió como colectivo, como quejosos surgieron Equis Justicia para las Mujeres y el área jurídica de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
La demanda ya fue admitida, en contra de los pronósticos que se tenían, porque los jueces de Distrito a veces prefieren lavarse las manos y mejor que lo resuelva un Tribunal Colegiado, un tribunal de segunda instancia.
El juez Primero de Distrito de Zacatecas admitió la demanda er4n contra de los jueces, e incluso ya han llegado contestaciones de demanda de algunos de los jueces que están incumpliendo.
Un ciudadano que quiera consultar un criterio judicial puede llegar a tardar más de un año en conseguir su propósito.
