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Luego de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investigó durante cuatro años y medio a 11 empresas y 14 particulares por prácticas monopólicas, e incluso las multó con más de 600 millones de pesos, éstas siguieron participando en licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció ayer su titular Zoé Robledo.
El funcionario recordó que el llamado "Cártel de la Sangre" es investigado desde marzo de 2016 tras una denuncia por prácticas monopólicas interpuesta por el IMSS, bajo el expediente DE-011-2016. La institución acusó a los proveedores de coludirse entre sí para simular competencia y repartirse las partidas de siete licitaciones entre 2008 y 2015, lo que les permitió vender al Instituto estudios de laboratorio y bancos de sangre a sobreprecio.
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Aunque no mencionó a las empresas por su nombre, se trata de Selecciones Médicas (Seme), Selecciones Médicas del Centro (Semece), Centrum Promotora Internacional, Impromed, Hemoser, Instrumentos y Equipos Falcón, Dicipa, Grupo Vitalmex, Vitalmex Internacional, Vitalmex Administración y Vitalmex Soporte Técnico.
Robledo expuso que las sanciones que la Cofece emitió cuatro años después, en agosto pasado, se limitan a multas millonarias sin que exista una sanción que impida a las empresas seguir participando en concursos.
“¿A qué se debe la demora de Cofece?, ¿por qué se tardaron cuatro años? Pues nosotros nos preguntamos exactamente lo mismo, porque durante toda esa etapa las empresas siguieron participando en licitaciones, no sólo en el IMSS, en muchas otras instituciones. El problema es que el resultado de las resoluciones de la Cofece, la que debería evitar que haya monopolios, tampoco impiden ni limitan la participación de estas empresas”, señaló.
El 11 de agosto de 2020, la Cofece multó con 626.4 millones de pesos al Cártel de la Sangre.
El Sol de México informó en noviembre de 2019 que el órgano regulador también interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia para proceder penalmente en contra de esas empresas.
Alejandra Palacios, titular de Cofece, ya había señalado meses atrás la inquietud de Zoé Robledo, aclarando que el órgano regulador legalmente no puede inhabilitar empresas.
