Portugal prohíbe desde hoy la letra pequeña en los contratos de cláusulas generales, como los de bancos, empresas de telecomunicaciones o de energía, para facilitar la lectura y comprensión por parte de los clientes.
La prohibición parte de una ley que entró en vigor este miércoles, que obliga a que todas las cláusulas de los contratos entre clientes y proveedores de bienes o servicios tengan un tamaño de fuente mínimo de 11 -o 2,5 milímetros- y un espacio entre líneas no inferior a 1,15.
La norma, que modifica un decreto de 1985, también prevé la creación de un sistema administrativo de control y prevención de cláusulas abusivas.
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Este sistema, que busca asegurar que las cláusulas que han sido consideradas prohibidas por decisión judicial no sean aplicadas por otras entidades en sus contratos, debe ser creado por reglamentación del Gobierno, lo que todavía no ha ocurrido, por lo que aún no tiene aplicación en la práctica.
La Asociación Portuguesa del Derecho al Consumo criticó esta falta de reglamentación y envió este mes una carta al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y al del Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, lamentando la tardanza.
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Aun así, la nueva legislación ha sido valorada de forma positiva por asociaciones de defensa de los consumidores como DECO, que ya había pedido durante una comisión parlamentaria reglas que facilitasen la legibilidad de los contratos.
La norma fue aprobada en el Parlamento el pasado abril por mayoría -aunque el gobernante Partido Socialista se abstuvo- y promulgada en mayo por el presidente.
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