En medio de una ofensiva criminal en varios municipios de Tierra Caliente, Montaña y norte de Guerrero, a principios de diciembre pasado el general Jorge Pedro Nieto Sánchez tomó posesión de la comandancia de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. Su arribo ocurrió en medio de una crisis social desbordada por el desplazamiento forzado en comunidades rurales de municipios como San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, donde comunidades rurales han sido bombardeadas con drones operados por la banda criminal autodenominada La Familia Michoacana (LFM).
Un mes después de su llegada la crisis estalló a otro nivel ante el reforzamiento del control de este grupo criminal de las economías locales en Taxco, Buenavista de Cuellar, Pilcaya e Iguala, donde las autoridades municipales identificadas con el partido oficial no dejan lugar a duda de que por omisión responden a los intereses de los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de LFM.
El cambio de mando en la zona militar que tiene su jurisdicción en estas regiones del estado de Guerrero, podría ser uno más de los que con periodicidad se dan en el Ejército, pero poco se sabe que el general Nieto Sánchez es de los militares mejor informados del país. Como jefe hasta hace pocos años de la sección séptima (S-7) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN), un área enfocada en operaciones contra el narcotráfico que en los últimos tiempos amplió sus tareas a la seguridad pública, el general tenía información al día que le entregaba la subsección enfocada entre otras cosas en monitorear homicidios violentos, agresiones a personal militar y cuerpos policiales, robo de combustible, ejecuciones vinculadas a la disputa de rutas y ciudades, y todo lo relacionado con tareas policiales. Además de conocer a detalle imágenes satelitales con la ubicación de plantíos de droga y sus rutas de salida. Hasta aquí podría decirse que tiene idea cómo ha estado Guerrero este sexenio.
Hoy día los mandos militares poco pueden hacer para abonar a la solución de los problemas de gobernabilidad y seguridad pública, que de raíz son políticos y de fallas sistémicas graves en la procuración de justicia. El principal factor que abona a la descomposición son las redes creadas alrededor de la clase política, funcionarios de partido, legisladores y caciques regionales que han mutado de partido en partido, para camuflar sus intereses al servicio de líderes criminales que despuntaron en poder e influencia este sexenio como el caso de los Hurtado Olascoaga.
La crisis en Guerrero no se puede explicar sin la omisión en sus funciones de Evelyn Salgado, que se presenta como gobernadora pero luce atrapada por la red que rodea a su padre Félix Salgado Macedonio, senador por Morena. Una de las pistas de cómo los intereses criminales se incrustaron en el partido oficial en Guerrero lleva al clan Mora Eguiluz, caciques de Tlalchapa, en la región calentana. Martín Mora Aguirre y su esposa Gudalupe Eguiluz se han rotado en repetidas ocasiones la presidencia municipal, primero por el PRD ahora por Morena. Una de sus hijas, ex funcionaria del gabinete de Salgado y hoy miembro del comité ejecutivo del partido oficial en el estado, está identificada como “cabeza de playa” de los vínculos entre políticos morenistas y LFM. Tiene lógica que la población, empresarios, agricultores y comerciantes digan que Guerrero ha sido tomado por el crimen.
