A principios de junio del 2022 policías militares habilitados como agentes de la Guardia Nacional se hicieron con el control de las carreteras de los últimos 10 estados del país que faltaban en el programa de militarización de las vías de comunicación que comenzó en el otoño del 2021. Entre las entidades donde soldados uniformados de GN se apostaron estaban San Luis Potosí, Morelos, Veracruz y Michoacán, lugares donde hoy día la delincuencia organizada transita, vigila e impone su ley sin mayor problema.
Las advertencias de especialistas en seguridad y militares retirados del error que implicaba asignar a la Policía Militar el patrullaje en carreteras, eran porque el curso de capacitación de tres meses por el que tenían que pasar para cumplir esta misión, resultaría insuficiente. Además irían a una tarea donde la tentación por el dinero fácil y la corrupción, tomando en cuenta que la mayoría de la tropa tiene estudios de nivel secundaria y preparatoria, significaría que la delincuencia tomaría el control de las carreteras con mayor facilidad. El pronóstico no pudo ser más acertado.
Fuentes de la GN aseguraron a este espacio que las agencias estadounidenses de inteligencia tienen monitoreado todo lo que ocurre con la corporación en las carreteras. Tienen información de cómo se usan patrullas para transportar droga, de cómo sirven a un bando cuando se meten a robar a los grupos criminales contrarios pagados por “la contra”, también de cómo se usan patrullas para escoltar inmigrantes ilegales a la frontera. Hace pocas semanas, por ejemplo, las denuncias de automovilistas que en la autopista México-Cuernavaca eran los mismos agentes de la Guardia Nacional los que estaban asaltando se viralizaron en redes sociales y no pasó nada. Esta vía es de las más inseguras del país en el tramo Tres Marías-Cuernavaca.
El desastre que impera en la dirección de seguridad en carreteras e instalaciones de la Guardia Nacional, a cargo del general Cruz Isac Muñoz Navarro, se traduce en una de las caras de la crisis de seguridad nacional que asoma al cierre del sexenio. Durante 2023 se cometieron a diario en las carreteras del país 36 asaltos a camioneros, lo que significó un repunte de 3.9 por ciento respecto al 2022. De los más de nueve mil atracos registrados, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), siete mil 862 fueron con lujo de violencia. El top ten de las entidades del país donde la delincuencia se ha enfocado en el robo de mercancías como bebidas y alimentos, fáciles de comerciar en el mercado informal, son los arriba mencionados más Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala.
El paro nacional de transportistas con el que inició esta primera semana de febrero fue una advertencia de la gravedad de la situación que impera en las carreteras del país. Representantes de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), señalaron que su actividad es fundamental en el desarrollo del país, contribuye con 3.5 del Producto Interno Bruto (PIB), emplea a más de nueve millones de personas y moviliza más de 548 millones de toneladas de mercancías y otros productos anualmente. La corrupción en las carreteras del país no se acabó, se transformó en una ley de la selva.
