La conmemoración del Día Internacional de la Mujer la inició en 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dos años más tarde, la Asamblea General de dicho organismo formalizó el 8 de marzo como día oficial a nivel mundial. Sin embargo, cabe recordar que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó esa fecha en memoria de la huelga de trabajadoras del sector textil, realizada un año antes en Nueva York, Estados Unidos.
En cualquier caso, el 8 de marzo se estableció como fecha para conmemorar a las mujeres de todo el planeta, a fin de sensibilizarnos sobre la importancia de que continúen empoderándose en los diferentes ámbitos y entornos políticos, económicos y sociales; salvaguardar sus derechos; garantizar que puedan alcanzar todo su potencial; visibilizar la desigualdad y la discriminación que aún padecen, así como aumentar su presencia en cargos de liderazgo y eliminar las brechas salariales de género, entre otras cuestiones.
En México, se ha avanzado significativamente en materia de protección y ejercicio de derechos para las mujeres. Se cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres, que se encarga de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, así como la participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país.
Actualmente, poco más de quienes laboran en la Administración Pública Federal son mujeres (el 51 por ciento), cuando en 2019 la cifra era del 49 por ciento. Si ello se analiza en términos cualitativos, se puede notar un avance, ya que, por ejemplo, en 2017, de un total de 18 secretarías de Estado, solo tres eran encabezadas por mujeres, lo que representaba apenas un 16.6 por ciento. Hoy, el número de secretarias de Estado es de ocho, de un total de 19 dependencias de gobierno.
Por otra parte, cabe señalar que el 13 de febrero pasado, en el Senado de la República, fue aprobada por unanimidad una reforma al artículo 2 constitucional, que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, en particular en los pueblos y las comunidades indígenas.
También en el mismo Senado aprobamos reformas en favor de la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres, una de las cuales modifica el artículo 10 del Código de Procedimientos Penales, a fin de propiciar y fomentar la no discriminación por razones de sexo, género u orientación sexual. La propuesta establece que las y los juzgadores deben aplicar la perspectiva de género en su quehacer jurisdiccional cuando las personas sean susceptibles de ubicarse en una situación de desigualdad y exclusión, en virtud de las razones antes mencionadas, que se traduzca en la disminución de sus oportunidades y derechos.
Otra de las reformas busca promover, respetar, proteger y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, por medio de la derogación al artículo 158 del Código Civil Federal (CCF), el cual establece que, en caso de divorcio, la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados 300 días de la disolución del anterior, a menos de que dentro de ese plazo diere a luz a un hijo.
Ese artículo es una anacrónica y absurda decisión jurídica que se ha mantenido en el CCF desde el siglo pasado. Con esta modificación, se actualiza nuestro sistema jurídico y se avanza en los derechos de las mujeres, a contrario sensu de lo que acontece, por ejemplo, en Argentina, en donde se eliminó el uso del lenguaje inclusivo y en donde no se estará aplicando la perspectiva de género para juicios ni para acciones de carácter jurídico y jurisdiccional.
El Día Internacional de la Mujer no es una fecha más. Es una conmemoración que nos recuerda las luchas y los logros, pero también los desafíos, que siguen enfrentando las mujeres. En México lo sabemos y, por ello, luchamos y avanzamos junto con ellas.
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