Todos usamos esta herramienta de mensajería. Ya sea en su plataforma de whatsapp, de telegram o alguna otra son esenciales para la comunicación personal.
En el caso del gobierno se han usado de dos maneras. Una, como forma de comunicación con los ciudadanos en situación de emergencia, tal como sucedió con el COVID-19 que muchas agencias gubernamentales difundieron información para cuidar a sus ciudadanos o bien la brindar información de impuestos o servicios.
Recientemente se ha automatizado su uso para convertirse en chatbots , es decir, ya no hay una persona detrás de la comunicación sino una máquina, que responde los mensajes de acuerdo a lo que tiene programados.
La segunda forma es para organizar las actividades gubernamentales, como sus reuniones, decisiones, pero sobre todo las tareas que deben realizar para cumplir un objetivo o llegar a un proceso. Quiero enfocarme en este último caso por que recientemente concluí una investigación en una dependencia de gobierno, de la que no deseo revelar su nombre y donde entrevistamos a directores generales y jefes de departamento acerca del uso que le daban a esta herramienta.
Una de las cuestiones más importantes es que los burócratas reciben instrucciones de sus jefes a través del teléfono. No solo piden información, sino intercambian datos y mandan oficios, cartas oficiales, dictámenes, sentencias, usando esta plataforma de datos. Todo ello, sin pensar en la privacidad de los datos, ni mucho menos en que toda la información pueda ser utilizada por hackers o terceras personas.
Otro aspecto que encontramos es que los burócratas también comparten información sensible en sus redes de mensajería, desde nombres, direcciones, teléfonos, hasta diagnósticos medicos, finanzas personales, filiación política o género. Con la finalidad de acelerar los procesos como: citas, proyectos de ley, pagos, liquidaciones, etc, se comparten todos estos datos entre una dependencia y otra, entre un burócrata y otro, sin que exista ninguna restricción al respecto.
En Inglaterra, por ejemplo, los burócratas tienen prohibido transmitir información gubernamental de cualquier tipo, ciudadanos incluida, usando sus dispositivos personales. La solución, según plantean algunos académicos es que tengan un teléfono propiedad del gobierno con sistemas de encriptación especiales, o bien, una red privada - VPN - a través de la cual se transmita esa información para garantizar su protección y la seguridad de los datos.
El otro problema constante de los sistemas de mensajería como WhatsAPP es la falta de una regulación estricta, que ponga los límites de qué tipo de información puede compartirse, cómo hacerlo y cuando no se debe compartir bajo pena de recibir algún tipo de sanción.
Sin este marco jurídico indispensable, es probable que tengamos más fugas de información gubernamental que pongan en riesgo nuestros datos como ciudadanos, pero también la viabilidad del gobierno. Espero que pronto algún legislador voltee a ver con cuidado y responsabilidad el uso de estas plataformas de mensajería dentro de las operaciones gubernamentales.
