La rabia, la impotencia y la incertidumbre, llevaron a Erika a convertirse en una luchadora social. Erika es la madre de una niña que fue violada a los siete años. Es una de las mujeres que tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Su exigencia y las de todas las inconformes, generó eco a tal grado que estas manifestaciones se replicaron en Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México, donde se produjo el violento desalojo.

En este escenario, no solo debemos cuestionar la autonomía y eficacia de estos órganos encargados de velar y proteger los derechos de las víctimas. También debemos preguntarnos por la falta de eficiencia de todas aquellas instituciones encargadas de proteger, garantizar y procurar justicia.

Para dimensionar la magnitud del problema, analicemos los siguientes datos:

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de este año, se han registrado 1 millón 42 mil delitos, lo que representa 4 mil 962 diariamente, 206 cada hora, 3 ilícitos por minuto como homicidios, secuestros, violaciones, extorsiones, entre otros.

El problema radica en que solo el 7% de estos delitos son denunciados y únicamente el 1.3% se esclarecen. Respecto a los asesinatos, el 89.5% quedan impunes. Por otro lado, a nivel nacional, el 40% de las sentencias son menores a tres, es decir, la impartición de justicia está enfocada solo a sancionar delitos de bajo impacto. Datos de la organización Impunidad Cero.

“Impunidad es la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos”. En otras palabras, ausencia y abandono de la justicia.

La toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el resto de las manifestaciones, lograron visibilizar el legítimo reclamo y el hartazgo de todas aquellas víctimas que no han podido acceder a la justicia. Las inconformes han amenazado en no abandonar el edificio hasta que se cumplan sus demandas. Y su mayor exigencia es que su movilización no sea ni criminalizada o ignorada.

Es momento que las instituciones rectifiquen, que se castiguen a los infractores. Es momento de abatir la impunidad. Que las víctimas sean escuchadas.