México se encuentra en un momento político-electoral crucial. El próximo 2 de junio serán las elecciones más grandes de nuestro país, donde se elegirá al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, congresos locales, gubernaturas, municipios y alcaldías. Más allá de la defensa y promoción de los derechos político-electorales, llama la atención la violencia en contra de los aspirantes a un puesto de elección popular.
La ONG Data Cívica, ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023 como parte de una espiral de violencia. Y tomando en cuenta los ataques y amenazas, suman 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.
Y es que la violencia no distingue de partidos políticos o convicciones ideológicas. Hasta este mes se han reportado el homicidio de 16 aspirantes en el país, así como el de 3 funcionarios públicos. Entre los aspirantes asesinados se encuentran Giovanni Lezama Barrera, David Rey González Moreno, Sergio Hueso, Miriam Nohemí Ríos Ríos, Marcelino Ruíz Esteban, Jaime Vera, Juan Pérez Guardado, Julián López Galeana y Yair Martín Romero Segura.
En este cruento escenario, el Instituto Nacional Electoral presentó el mecanismo de protección de candidatas y candidatos en caso de amenaza durante las campañas de 2024, enfocado en cuidar el tema de la seguridad de las candidaturas a nivel federal, además del acompañamiento de seguridad para los trabajadores del INE y colaboradores de los estados que realizan recorridos. Pese a ello, y ante los asesinatos registrados en las últimas semanas, es necesario fortalecer y evaluar la efectividad de las medidas de protección para garantizar la seguridad de las y los contendientes.
El derecho como ciudadanos a buscar un puesto de elección popular no debería ser vulnerado y mucho menos el derecho a la vida. No debemos dejar de lado estos focos rojos de inseguridad que podrían ir incrementando de no tomarse las medidas pertinentes y necesarias. Antes, el fraude atentó contra la democracia, hoy, no podemos permitir que, a sangre y fuego, se imponga la funesta voluntad y los sórdidos intereses de grupos criminales.
La seguridad en las elecciones traerá inherentemente la legitimidad del proceso electoral donde la participación ciudadana fortalece la estabilidad política y la defensa de los derechos político-electorales. Más allá de partidos e ideologías, la pacificación es un elemento fundamental para el desarrollo de una democracia sana y próspera.
