/ jueves 16 de marzo de 2017

Así fue el convenio de la UAZ-Sagarpa

Zacatecas, Zac.- Como supuestos estudios, investigaciones,diagnósticos, asistencia técnica y desarrollo de los 36 proyectosanálisis, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) le entregóa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación (Sagarpa) dos libros encuadernados yempastados con páginas de internet, incluidas de Wikipedia,monografías del INEGI y páginas oficiales de distintosgobiernos.

Hasta el momento, el exrector de la UAZ, Armando Silva Cháirez,no ha accedido a dar una declaración al respecto.

Además, como parte del convenio, la Auditoría Superior de laFederación (ASF) detectó que el análisis de la estrategia actualde atención de territorio e impacto de los programas de apoyo enlos municipios de Cruzada contra el Hambre se le asignó a uncampesino que cultiva frijol, maíz y cuida borregos.

Además, a un supuesto productor de mango le fue aprobada unainvestigación y propuesta de prácticas sustentantes para laproducción apícola en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; a unestudiante de la Facultad de Contabilidad de la UAZ que trabaja enun estudio fotográfico se le acreditó un programa para elfortalecimiento comercial de los productores de aguacate de Colima,Guanajuato y Jalisco.

Los proveedores

El 58 por ciento del dinero —128 millones 507 mil 100 pesos—fue transferido a 16 “proveedores”: Competitividad Aplicada, S.C., Nyseen Consultores Asociados, NSC Consultores Asociados, GrupoAntiplano del Valle, S. de R. L. de C. V., Oseguera Vázquez Ochoay Compañía, S. C., Pafik Internacional, S. C., Asesoramientos yAdministrativos Heca, S. A. de C. V., Innovación en Tecnología deInformación, S. A. de C. V., Gráficos G. L., S. A. de C. V.,Imagen Arte Análisis y Comunicación, S. A. de C. V., Tecnimac, S.A. de C. V., TI Consulting, S. C., Grupo Diez para los Diez, S. deR. L. de C. V., Corporatise, S. C., Servicios Administrativos y dePersonal Logar, S. A. de C. V., Servicios de Promoción L&F, S.A. de C. V. Tales proveedores facturaron a la UAZ servicios deconsultoría, auditoría externa, encuestas, entrevistas,desarrollo de base de datos, mapeo y asistencia técnica.

Simulación de contrataciones

La UAZ fue utilizada para triangular recursos mediante lasimulación de contrataciones con entidades federales, laUniversidad Autónoma de Zacatecas participó en el esquemadenominado Convenios de Coordinación, Colaboración y AcuerdosEspecíficos Suscritos con la Administración Pública Federal parael Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y OtrosServicios. En 2015 funcionarios de la Sagarpa transfirieron a laUAZ un total de 219 millones 430 mil pesos, mediante cinco“convenios de colaboración” que, en consideración de laAuditoría Superior de la Federación (ASF), fueron simulaciones deadquisiciones, por lo que determinó que tanto la UAZ como laSagarpa son responsables de ese millonario daño patrimonial. LaSagarpa era encabezada entonces por Enrique Martínez y Martínez,actual embajador de México en Cuba, y las arcas de la UAZ lasmanejaba el rector Armando Silva Chairez, cuyo periodo concluyó en2016. Martínez y Martínez salió de la Sagarpa en agosto de2015.

La trama

La trama para la transferencia fue perfectamente elaborada: laSagarpa publicó en su portal electrónico cinco convocatorias paraacceder a los recursos del Programa de Productividad yCompetitividad Agroalimentaria a través del Programa Regional deDesarrollo Previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y Planeaciónde Proyectos. En las reglas de operación se estableció que losproyectos seleccionados deberían ser realizados por institucionesacadémicas o de investigación, de cobertura nacional ointernacional, o empresas que contaran con la experiencia yherramientas adecuadas para su realización. Supuestamente 24personas físicas y 12 morales fueron seleccionadas, así que, conbase en la convocatoria publicada y la solicitud de apoyopresentada por los 36 beneficiarios, la Sagarpa suscribió con cadauno de ellos un convenio de concertación para la realización dediversos estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas deinformación, asistencia técnica y capacitación en diversasactividades. Coincidentemente, junto con su solicitud de apoyo a laSagarpa, cada una presentó propuestas conjuntas a favor de la UAZpara llevar a cabo sus proyectos. En cada uno de los 36 conveniosde concertación se estableció la aceptación por parte delbeneficiario para que la Sagarpa transfiera los recursos federalesa la UAZ, y también para suscribir un convenio con la universidady cederle los derechos de los recursos. Al mismo tiempo, la UAZsuscribió con cada uno de ellos un contrato de cesión de losderechos adquiridos en el convenio de concertación, que incluyólos recursos económicos.

Las cuentas bancarias

De esta manera, la Sagarpa realizaría los depósitos de losrecursos federales en 36 cuentas bancarias que abrió launiversidad para tal efecto. El importe por cada uno de losproyectos sumó los 219 millones 430 mil pesos. Cada convenio fuefirmado, supuestamente, por mano de cada beneficiario junto con elentonces rector de la Universidad, y como testigos figuran eldirector de Administración de Riesgos y la subdirectora de Calidadde la Sagarpa. Una vez que los 36 cedieron sus derechos, laSagarpa, a través de la Dirección General de Administración deRiesgo, suscribió con la UAZ cinco convenios “decolaboración” que englobaban los 36 proyectos. En la firma decada convenio, la UAZ declaró que contaba con los profesionalesespecializados, así como con los recursos técnicos y decapacitación necesarios para la ejecución, supervisión yseguimiento de las acciones encomendadas, así como con losrecursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutarcon eficacia y calidad los servicios solicitados. De tal forma,sería la única responsable de ejecutarlos. La Sagarpa emitió 36cuentas por liquidar certificadas (CLC) a favor de la UAZ, mediantelas cuales realizó los pagos sustentados en 36 facturas expedidaspor la misma universidad.

Bajo la lupa

La peculiaridad de los servicios contratados, ajenos al objetivode la institución educativa, llevó a la ASF a ponerla bajo lalupa en la revisión de la cuenta pública de 2015. La ASFdeterminó que lo manifestado por la UAZ carecía de veracidad yque el dinero lo transfirió a las cuentas bancarias de personasfísicas y morales. Otros 90 millones 922,900 pesos los transfirióa cuentas bancarias abiertas a nombre de la propia UAZ. De estos,transfirió 76 millones 325 mil 200 pesos a 624 “prestadores deservicios” supuestamente contratados por honorarios. En realidad,eran recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros,columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadoresgráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas,carniceros, policías, cajeros, nutriólogos, entre otros,domiciliados en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México,Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Tabasco, Querétaro,que nada tenían que ver con el proyecto.

Transferencias

Las transferencias se hicieron a través de 107 cuentasbancarias, y en consideración de la ASF, “fueron abiertas enforma irregular”. Otros 14 millones 036 mil 100 pesos seetiquetaron como “cuotas administrativas”, y únicamente sesoportaron de manera contable con un recibo simple expedido por laUAZ. Otros 561 mil 600 pesos que se etiquetaron como gastosadministrativos se “respaldaron” contablemente como gastos depapelería, consumibles, alimentos, prendas de vestir, compra delaptops, renta de copiadora, despensa, horno. Es decir, nadarelacionado con los proyectos. Se trató de un esquema en el que—comprobó la ASF— la UAZ y la Sagarpa simularon convenios parala transferencia de los recursos a través de cesión de derechossuscritos con los beneficiarios de los apoyos para que la Sagarpapudiera en realidad transferir los recursos. El esquema lespermitió simular los servicios y transferir el dinero a supuestosproveedores y personas contratadas por honorarios asimilados, quede ninguna manera cubrían el perfil ni contaban con la capacidadtécnica, material y humana para los trabajos. De los supuestosbeneficiarios de la convocatoria de la Sagarpa, 15 no reconocieronhaber firmado ningún trámite, ni con la Sagarpa ni con la UAZ,“por lo que se presume el uso indebido de datos personales y laalteración de la documentación relacionada con el expedientetécnico de los supuestos beneficiarios”, concluye la ASF. Otroscinco supuestos beneficiaros no pudieron ser localizados, y enotros dos casos no proporcionaron información. “Se desprendeque, en los 36 proyectos relativos al análisis, asistenciatécnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema deinformación e investigaciones elaborados por la UAZ, con loscuales se erogaron recursos por un importe de 219 millones 430 milpesos no se presentó evidencia de que las personas físicas omorales apoyadas por la Sagarpa hayan recibido algún beneficiotangible, menos aún las empresas dedicadas a la misma actividadsocial en el estado y a nivel nacional. Lo anterior, se refuerzacon el análisis e investigaciones practicadas en la ejecución dela auditoría en donde se observó que las actividades económicasde los beneficiarios difieren del objeto de los estudiosrealizados”, detalla la ASF. Con la Universidad Autónoma deZacatecas se suma otra institución educativa utilizada paratriangular recursos. La dupla UAZ-Sagarpa provocó un dañopatrimonial por 219 millones 430,000 pesos.

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Hasta el momento, el exrector de la UAZ, Armando Silva Cháirez,no ha accedido a dar una declaración al respecto.

Además, como parte del convenio, la Auditoría Superior de laFederación (ASF) detectó que el análisis de la estrategia actualde atención de territorio e impacto de los programas de apoyo enlos municipios de Cruzada contra el Hambre se le asignó a uncampesino que cultiva frijol, maíz y cuida borregos.

Además, a un supuesto productor de mango le fue aprobada unainvestigación y propuesta de prácticas sustentantes para laproducción apícola en Yucatán, Campeche y Quintana Roo; a unestudiante de la Facultad de Contabilidad de la UAZ que trabaja enun estudio fotográfico se le acreditó un programa para elfortalecimiento comercial de los productores de aguacate de Colima,Guanajuato y Jalisco.

Los proveedores

El 58 por ciento del dinero —128 millones 507 mil 100 pesos—fue transferido a 16 “proveedores”: Competitividad Aplicada, S.C., Nyseen Consultores Asociados, NSC Consultores Asociados, GrupoAntiplano del Valle, S. de R. L. de C. V., Oseguera Vázquez Ochoay Compañía, S. C., Pafik Internacional, S. C., Asesoramientos yAdministrativos Heca, S. A. de C. V., Innovación en Tecnología deInformación, S. A. de C. V., Gráficos G. L., S. A. de C. V.,Imagen Arte Análisis y Comunicación, S. A. de C. V., Tecnimac, S.A. de C. V., TI Consulting, S. C., Grupo Diez para los Diez, S. deR. L. de C. V., Corporatise, S. C., Servicios Administrativos y dePersonal Logar, S. A. de C. V., Servicios de Promoción L&F, S.A. de C. V. Tales proveedores facturaron a la UAZ servicios deconsultoría, auditoría externa, encuestas, entrevistas,desarrollo de base de datos, mapeo y asistencia técnica.

Simulación de contrataciones

La UAZ fue utilizada para triangular recursos mediante lasimulación de contrataciones con entidades federales, laUniversidad Autónoma de Zacatecas participó en el esquemadenominado Convenios de Coordinación, Colaboración y AcuerdosEspecíficos Suscritos con la Administración Pública Federal parael Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y OtrosServicios. En 2015 funcionarios de la Sagarpa transfirieron a laUAZ un total de 219 millones 430 mil pesos, mediante cinco“convenios de colaboración” que, en consideración de laAuditoría Superior de la Federación (ASF), fueron simulaciones deadquisiciones, por lo que determinó que tanto la UAZ como laSagarpa son responsables de ese millonario daño patrimonial. LaSagarpa era encabezada entonces por Enrique Martínez y Martínez,actual embajador de México en Cuba, y las arcas de la UAZ lasmanejaba el rector Armando Silva Chairez, cuyo periodo concluyó en2016. Martínez y Martínez salió de la Sagarpa en agosto de2015.

La trama

La trama para la transferencia fue perfectamente elaborada: laSagarpa publicó en su portal electrónico cinco convocatorias paraacceder a los recursos del Programa de Productividad yCompetitividad Agroalimentaria a través del Programa Regional deDesarrollo Previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y Planeaciónde Proyectos. En las reglas de operación se estableció que losproyectos seleccionados deberían ser realizados por institucionesacadémicas o de investigación, de cobertura nacional ointernacional, o empresas que contaran con la experiencia yherramientas adecuadas para su realización. Supuestamente 24personas físicas y 12 morales fueron seleccionadas, así que, conbase en la convocatoria publicada y la solicitud de apoyopresentada por los 36 beneficiarios, la Sagarpa suscribió con cadauno de ellos un convenio de concertación para la realización dediversos estudios, investigaciones, diagnósticos, sistemas deinformación, asistencia técnica y capacitación en diversasactividades. Coincidentemente, junto con su solicitud de apoyo a laSagarpa, cada una presentó propuestas conjuntas a favor de la UAZpara llevar a cabo sus proyectos. En cada uno de los 36 conveniosde concertación se estableció la aceptación por parte delbeneficiario para que la Sagarpa transfiera los recursos federalesa la UAZ, y también para suscribir un convenio con la universidady cederle los derechos de los recursos. Al mismo tiempo, la UAZsuscribió con cada uno de ellos un contrato de cesión de losderechos adquiridos en el convenio de concertación, que incluyólos recursos económicos.

Las cuentas bancarias

De esta manera, la Sagarpa realizaría los depósitos de losrecursos federales en 36 cuentas bancarias que abrió launiversidad para tal efecto. El importe por cada uno de losproyectos sumó los 219 millones 430 mil pesos. Cada convenio fuefirmado, supuestamente, por mano de cada beneficiario junto con elentonces rector de la Universidad, y como testigos figuran eldirector de Administración de Riesgos y la subdirectora de Calidadde la Sagarpa. Una vez que los 36 cedieron sus derechos, laSagarpa, a través de la Dirección General de Administración deRiesgo, suscribió con la UAZ cinco convenios “decolaboración” que englobaban los 36 proyectos. En la firma decada convenio, la UAZ declaró que contaba con los profesionalesespecializados, así como con los recursos técnicos y decapacitación necesarios para la ejecución, supervisión yseguimiento de las acciones encomendadas, así como con losrecursos humanos, materiales y técnicos suficientes para ejecutarcon eficacia y calidad los servicios solicitados. De tal forma,sería la única responsable de ejecutarlos. La Sagarpa emitió 36cuentas por liquidar certificadas (CLC) a favor de la UAZ, mediantelas cuales realizó los pagos sustentados en 36 facturas expedidaspor la misma universidad.

Bajo la lupa

La peculiaridad de los servicios contratados, ajenos al objetivode la institución educativa, llevó a la ASF a ponerla bajo lalupa en la revisión de la cuenta pública de 2015. La ASFdeterminó que lo manifestado por la UAZ carecía de veracidad yque el dinero lo transfirió a las cuentas bancarias de personasfísicas y morales. Otros 90 millones 922,900 pesos los transfirióa cuentas bancarias abiertas a nombre de la propia UAZ. De estos,transfirió 76 millones 325 mil 200 pesos a 624 “prestadores deservicios” supuestamente contratados por honorarios. En realidad,eran recepcionistas, encargados de hoteles, vendedores de seguros,columnistas de medios informativos, mercadólogos, diseñadoresgráficos, asistentes administrativos, edecanes, telefonistas,carniceros, policías, cajeros, nutriólogos, entre otros,domiciliados en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México,Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Coahuila, Tabasco, Querétaro,que nada tenían que ver con el proyecto.

Transferencias

Las transferencias se hicieron a través de 107 cuentasbancarias, y en consideración de la ASF, “fueron abiertas enforma irregular”. Otros 14 millones 036 mil 100 pesos seetiquetaron como “cuotas administrativas”, y únicamente sesoportaron de manera contable con un recibo simple expedido por laUAZ. Otros 561 mil 600 pesos que se etiquetaron como gastosadministrativos se “respaldaron” contablemente como gastos depapelería, consumibles, alimentos, prendas de vestir, compra delaptops, renta de copiadora, despensa, horno. Es decir, nadarelacionado con los proyectos. Se trató de un esquema en el que—comprobó la ASF— la UAZ y la Sagarpa simularon convenios parala transferencia de los recursos a través de cesión de derechossuscritos con los beneficiarios de los apoyos para que la Sagarpapudiera en realidad transferir los recursos. El esquema lespermitió simular los servicios y transferir el dinero a supuestosproveedores y personas contratadas por honorarios asimilados, quede ninguna manera cubrían el perfil ni contaban con la capacidadtécnica, material y humana para los trabajos. De los supuestosbeneficiarios de la convocatoria de la Sagarpa, 15 no reconocieronhaber firmado ningún trámite, ni con la Sagarpa ni con la UAZ,“por lo que se presume el uso indebido de datos personales y laalteración de la documentación relacionada con el expedientetécnico de los supuestos beneficiarios”, concluye la ASF. Otroscinco supuestos beneficiaros no pudieron ser localizados, y enotros dos casos no proporcionaron información. “Se desprendeque, en los 36 proyectos relativos al análisis, asistenciatécnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistema deinformación e investigaciones elaborados por la UAZ, con loscuales se erogaron recursos por un importe de 219 millones 430 milpesos no se presentó evidencia de que las personas físicas omorales apoyadas por la Sagarpa hayan recibido algún beneficiotangible, menos aún las empresas dedicadas a la misma actividadsocial en el estado y a nivel nacional. Lo anterior, se refuerzacon el análisis e investigaciones practicadas en la ejecución dela auditoría en donde se observó que las actividades económicasde los beneficiarios difieren del objeto de los estudiosrealizados”, detalla la ASF. Con la Universidad Autónoma deZacatecas se suma otra institución educativa utilizada paratriangular recursos. La dupla UAZ-Sagarpa provocó un dañopatrimonial por 219 millones 430,000 pesos.

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