Diputados locales denunciaron subejercicios, retraso en ejecución de proyectos de infraestructura e incluso el pago de obras defectuosas o inconclusas del ejercicio 2022 en varios municipios del estado.
En sesión ordinaria, el Congreso aprobó por unanimidad instruir a la Auditoría Superior del Estado para que realice la verificación y validación física de las obras que están reportadas como pagadas en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública y que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, no fueron ejecutadas o siguen incompletas.
La diputada independiente, Zulema Yunuen Santacruz presentó el punto de acuerdo para que en lo inmediato se inicie dicha auditoría a cargo del órgano de fiscalización, debido a que -dijo- ha recibido quejas por irregularidades en la aplicación del recurso atribuibles a la “ineficiencia y torpeza en el ejercicio del gasto público o el terrible tortuguismo en la toma de decisiones” de funcionarios estatales.
“Es claro que los resultados obtenidos por varias dependencias de la administración pública estatal, están muy lejos de las expectativas que los zacatecanos demandan, además del riesgo inminente de regresar a la Federación el recurso no devengado y mal ejecutado”, declaró al recordar que en el ejercicio 2022, el Congreso aprobó un recurso de 969.7 millones de pesos para el capítulo seis mil.
A raíz de la iniciativa, diputados de los grupos parlamentarios denunciaron varios casos de obras que podrían ser una prueba palpable de actos de corrupción.
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La priista Gabriela Basurto Ávila, dio a conocer que hay dependencias estatales que “no saben ejecutar el recurso” como es el caso de la Secretaría de Obras Públicas que terminó el ejercicio 2022 con 458 millones de pesos no aplicados.
Afirmó que el mal uso del presupuesto se ve demostrado en “todas las calles de Guadalupe que hoy están abiertas” con obras de agua potable y electrificación que estaban programadas para el 2022 y cuyo recurso “estuvo guardado durante un año”.
El diputado independiente, José Luis Figueroa mencionó que ante las sospechas se debe hacer la revisión en obras como el deficiente e inconcluso rescate al tramo carretero Luis Moya - Loreto al que sólo “se le hizo un sello” deficiente que no pudo haber costado los cinco millones de pesos que fueron invertidos según le informó la SOP.
Xerardo Ramírez Muñoz expresó que lo que se dice en el informe de obra pública “y lo que se ve en las calles no corresponde”, sobre todo observando el enorme deterioro de las carreteras estatales.
Afirmó que la construcción del Cristo de La Paz es otro ejemplo de las obras con recursos públicos que se hacen “al ahí se va” inaugurándose inconclusas. Al respecto advirtió que falta infraestructura, vías de acceso adecuadas, y el corredor comercial que formaba parte del proyecto original.
Sobre dicha escultura religiosa, la más grande del país que fue anunciada como un atractivo turístico que costó 30 millones de pesos, el diputado del Partido del Trabajo cuestionó: “¿Quién va a querer ir con la condición en que están las carreteras y sin infraestructura mínima para recibir turistas?”
“Constructores mañosos y mafiosos”
La diputada Susana Barragán Espinosa, defendió a los funcionarios estatales encargados de ejecutar obras públicas y aclaró que también parte del problema corresponde a los contratistas de la iniciativa privada.
En el pleno del Congreso, la legisladora que es hija del secretario de Turismo del Estado, afirmó que hay constructores mañosos e incluso involucrados en una mafia, sobre la cual “en su momento platicará”.
La integrante del grupo parlamentario Nueva Alianza lamentó que a los diputados los culpan de que no sacan su trabajo legislativo, cuando la sociedad “no sabe lo que hay en el fondo”.
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Cabe recordar que recientemente Antonio Martínez Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Vivienda (Canadevi) denunció al El Sol de Zacatecas que la comisión legislativa de Obra Pública y Desarrollo Urbano, presidida por Susana Barragán, ha retrasado demasiado la modificación al código urbano, lo cual afecta a las empresas del sector.
La diputada insistió en su petición de que las acusaciones no se enfoquen solamente en los funcionarios del Poder Ejecutivo porque también hay constructoras que tienen “años y años beneficiándose de todo esto y que no le dan oportunidad a otras” empresas.
