El excoordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Simón Pedro “N” obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó en octubre por su posible participación en el esquema de desvío de recursos conocido como la estafa maestra.
El político zacatecano, acusado de incurrir en ejercicio indebido de atribuciones y facultades, promovió el juicio de amparo el pasado 24 de noviembre. Actualmente se encuentra preso en el reclusorio sur de la Ciudad de México, donde ha permanecido desde el 9 de octubre.
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El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió “la suspensión provisional, para el efecto que el procedimiento continúe hasta que termine de celebrarse la audiencia intermedia”.
El juez que emitió el acuerdo de la medida cautelar agendó la audiencia incidental para el próximo 4 de diciembre, en la que podría conceder una suspensión definitiva.
Entre los hechos que la Fiscalía le ha imputado, está el presunto quebranto a la hacienda pública por la indebida suscripción de un convenio entre la Universidad Intercultural del Estado de México y la Sedesol, en el año de 2015.
Se investiga en la UAZ
Quien fuera colaborador de Rosario Robles cuando fue titular de la Sedesol, también es investigado por un contrato de prestación de servicios firmado en el año 2016 con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) por más de 55 millones de pesos para la elaboración de proyectos no realizados, durante la administración del exrector, Armando Silva Cháirez.
El actual rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes, compareció el pasado 18 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de testigo en las investigaciones.
Entonces el rector reconoció la existencia de universitarios involucrados en la estafa maestra: “Nosotros no solaparemos absolutamente a nadie que haya cometido algún delito, coadyuvaremos con la investigación”.
Mientras que la FGR continúa las investigaciones, desde el mes de octubre la UAZ lleva a cabo una investigación interna que fue ordenada por la presidencia colegiada del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución educativa.
