Un juez federal liberó la segunda orden de aprehensión contra el ex funcionario federal, Simón Pedro “N”, quien es acusado de delito de uso indebido de atribuciones y facultades por el orden de los 124 millones de pesos desde su cargo como titular de la Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Este caso es conocido como la “Estafa Maestra” y la entonces titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, se encuentra presa.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente giró el mandamiento judicial tras el citatorio a una audiencia de imputación, a la que Simón Pedro “N” no asistió.
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En el año 2020 se giró la primera orden de aprehensión en contra de Simón Pedro "N", en esa ocasión acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
En este caso, por un supuesto desvío y blanqueo de 77.8 millones de pesos de un convenio para aplicar encuestas de evaluación de los programas de la Sedesol con universidades públicas.
En abril de 2020 un juez de control del Reclusorio Norte resolvió no vincularlo a proceso por falta de elementos.
Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo.
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La orden de aprehensión contra Simón Pedro "N" se relaciona con el convenio de coordinación del 5 de marzo de 2015, suscrito entre la Sedesol y la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).
El propósito de este convenio fue levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas, con el objetivo de localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades federativas.
Se entregaron copias sacadas de Wikipedia y otros datos que no cumplían con el objetivo del estudio.
En este sentido, la FGR acusa Simón Pedro N” de participar en una contratación indebida, porque este convenio fue autorizado sin un estudio de mercado, lo que ocasionó que el Estado no tuviera las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento, causándole una afectación.
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Tampoco existió una justificación adecuada del contrato ni se publicaron las bases del mismo en las páginas de internet de la Sedesol y Compranet, como lo marcan las normas administrativas.
Otra de las responsabilidades atribuidas al ex funcionario es no haber verificado que la UIEM carecía de la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios contratados por la Secretaría.
El ex funcionario federal ha argumentado que hubo una falsificación de su firma, además de que él nunca manejo recursos para dichos convenios.
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