Zacatecas, Zac.- Por la comisión del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades que provocaron un quebranto por el orden de los 124 millones 100 mil pesos, el zacatecano Simón Pedro de León Mojarro fue imputado por la Fiscalía General de la República, como parte de lo que se denominó la “Estafa Maestra”. El también zacatecano Marcos Salvador Ibarra Infante no se ha presentado a pesar de haber sido citado.
El pasado 19 de marzo, los zacatecanos Simón Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones en Sedesol, y Marcos Salvador Ibarra Infante, fueron citados por un juez.
Hasta el momento son cinco los exfuncionarios públicos que han sido imputados por los convenios suscritos con instituciones de educación superior, al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones.
Enrique González Tiburcio y Armando Saldaña son los dos exfuncionarios de más alto rango que hasta ahora han sido sujetos a proceso penal, en la causa derivada de la Estafa Maestra.
José Antolino Orozco Martínez; quienes ya fueron notificados de las acusaciones en su contra.
La audiencia para emplazar a Marcos Salvador Ibarra Infante y Simón Pedro de León Mojarro se dio el pasado viernes 29 de marzo en el Reclusorio Norte.
Ibarra Infante no se presentó a la audiencia, por lo que se ordenó que sea notificado nuevamente.
La audiencia tuvo que ser diferida, para el pasado 25 de marzo.
En los próximos tres meses, la Fiscalía General de la República deberá presentar las evidencias del involucramiento de los exfuncionarios en la trama que desvió más de cinco mil millones de pesos.
En las pesquisas se determinará quiénes autorizaron la liberación de los recursos entregados a la Universidad Politécnica y otras instituciones educativas.
En la audiencia, el juez concedió la duplicidad del término para que se determine su situación jurídica
La Audiencia de Pedro de León
Se llevó a cabo la audiencia el pasado viernes, y el ministerio público expuso que el 5 de marzo de 2015 fue suscrito el convenio con la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM) por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Se calificó el contrato como indebido, porque la Universidad no podía subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero.
La Sedesol habría entregado la cantidad de 124 millones de pesos que fueron registrados en la partida Subcontratación de Servicios con Terceros.
Se subcontratataron los trabajos que entregó la Sedesol por la cantidad de 31 millones 222 mil pesos, lo que representó el 49.3 por ciento del monto total.
Se estableció que la Universidad no contaba con la capacidad técnica, material y humana para la realización de los servicios.
La labor a realizar era la aplicación de cuestionarios de información socioeconómica en zonas rurales y semiurbanas, para la identificación y localización de personas en situación de pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades.
De acuerdo con el testimonio de la Fiscalía General de la República, este levantamiento no se llevó a cabo.
