Al cumplirse ocho meses del homicidio del abogado Raúl Calderón, su hermana, Armida Calderón, expresó su temor de que las protestas en la Fiscalía y la vulneración de sus sistemas informáticos, entorpezcan el proceso y las investigaciones del crimen cuyos imputados siguen prófugos.
Calificó como “aterrador” que se pueda aprovechar el derecho legítimo de manifestación de los trabajadores de la Fiscalía “para nublar el ambiente, para ensuciar y entorpecer un proceso en el que no sólo se busca justicia para Raúl, sino en su nombre, se busca justicia para tantos”.
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Lamentó que nadie advierta que, mientras en las calles se desarrollan manifestaciones, en el interior de la Fiscalía quizás se intente “destruir el material que sin duda es el sustento de un juicio que más de uno anhelamos”.
Agregó que le resulta muy inquietante que en la denuncia que el fiscal general, Francisco Murillo interpuso el pasado lunes ante la Fiscalía General de la República, en contra de los líderes de las protestas, se incluye "el acceso ilícito a los sistemas de informática de la fiscalía, sobre todo, porque gran parte de las pruebas en la carpeta de investigación del homicidio de Raúl, son técnicas”.
Al respecto también cuestionó:
¿Por qué la dignificación salarial puede incluir el vandalismo cibernético? ¿Bajo qué derecho humano se sustenta?
Enfatizó que no debe admitir justificación de ningún tipo “el encubrimiento, ahora auspiciado bajo la súplica de un grupo de trabajadores que estoy segura, ni saben lo que hay detrás”.
Sobre el homicidio de su hermano ocurrido el 31 de diciembre del 2022, mencionó:
Es un hecho desgarrador para nosotros, su familia, y para Zacatecas en general, pues, sin duda, no solamente se trata de una persona que, aun después de muerto, levanta simpatías, sino porque refleja una triste realidad que como sociedad nos aqueja.
A cuatro meses del desafuero
Ya se cumplieron cuatro meses de que Julio “N”, es buscado como posible coautor del delito de homicidio calificado cometido en contra de Raúl Calderón.
Fue el 21 de abril cuando la Legislatura del Estado removió su inmunidad procesal y aprobó que fuera retirado del cargo de presidente municipal de Guadalupe, para que enfrente las acusaciones en su contra.
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Con la votación unánime de los 28 diputados presentes en la sesión, concluyó el proceso que había iniciado cuatro días antes cuando la FGJE solicitó la remoción de fuero constitucional “por considerar que ha participado en calidad de coautor “en los delitos de homicidio y robo calificados”.
Según ha informado el fiscal del estado, está vigente la notificación de búsqueda en organismos como la Interpol, la Oficina de Investigación Criminal en el Extranjero del Consulado General de los Estados Unidos y la Alianza Estratégica para Detención de Fugitivos (SAFE por sus siglas en inglés).
