/ domingo 18 de febrero de 2024

FGR pospone audiencia de la Estafa maestra; ex rector de la UAZ es testigo

Antonio Guzmán Fernández fue llamado a declarar

La fiscalía general de la República (FGR) reprogramó la audiencia del juicio oral sobre el esquema de desvío de recursos, conocido como "la estafa maestra", en la que se tendría como uno de los testigos a Antonio Guzmán Fernández, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Guzmán Fernández, quien estuvo al frente de la casa de estudios del 2016 al 2021, confirmó a El Sol de Zacatecas que fue llamado a declarar como testigo y con la finalidad de ratificar la información que ya había enviado respecto al caso.

Aclaró que, aunque originalmente la audiencia estaba programada para el 6 de febrero de este año, se ha reprogramado en dos ocasiones, sin que al momento se tenga fecha para su realización.

Cabe señalar que también se ha pospuesto la presentación del testimonio de Gustavo Guerrero García, coordinador operativo de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad.

La investigación de la Fiscalía gira en torno al contrato de prestación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó con la UAZ para la elaboración de una serie de proyectos no realizados, suscrito en el 2016, durante la administración del exrector, Armando Silva Cháirez.

Según oficio dirigido al actual rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes con carácter de "extra urgente", la Fiscalía piden notificar a Antonio Guzmán y Gustavo Guerrero, que el juicio oral 5/2023 que se desahogaría el 12 de febrero en el reclusorio norte de la Ciudad de México “se reprogramó”.

El propio Rubén Ibarra, el 6 de noviembre de 2023 ya compareció ante la fiscalía general de la República para declarar como testigo en las investigaciones que se realizan en la estafa maestra.

El pasado 18 de octubre, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Simón Pedro 'N', excoordinador de delegaciones de la Sedesol por la firma de un contrato con la UAZ con un importe de 55 millones de pesos, el cual pudiera constituir el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La fiscalía general de la República (FGR) reprogramó la audiencia del juicio oral sobre el esquema de desvío de recursos, conocido como "la estafa maestra", en la que se tendría como uno de los testigos a Antonio Guzmán Fernández, exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Guzmán Fernández, quien estuvo al frente de la casa de estudios del 2016 al 2021, confirmó a El Sol de Zacatecas que fue llamado a declarar como testigo y con la finalidad de ratificar la información que ya había enviado respecto al caso.

Aclaró que, aunque originalmente la audiencia estaba programada para el 6 de febrero de este año, se ha reprogramado en dos ocasiones, sin que al momento se tenga fecha para su realización.

Cabe señalar que también se ha pospuesto la presentación del testimonio de Gustavo Guerrero García, coordinador operativo de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad.

La investigación de la Fiscalía gira en torno al contrato de prestación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmó con la UAZ para la elaboración de una serie de proyectos no realizados, suscrito en el 2016, durante la administración del exrector, Armando Silva Cháirez.

Según oficio dirigido al actual rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes con carácter de "extra urgente", la Fiscalía piden notificar a Antonio Guzmán y Gustavo Guerrero, que el juicio oral 5/2023 que se desahogaría el 12 de febrero en el reclusorio norte de la Ciudad de México “se reprogramó”.

El propio Rubén Ibarra, el 6 de noviembre de 2023 ya compareció ante la fiscalía general de la República para declarar como testigo en las investigaciones que se realizan en la estafa maestra.

El pasado 18 de octubre, la FGR cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Simón Pedro 'N', excoordinador de delegaciones de la Sedesol por la firma de un contrato con la UAZ con un importe de 55 millones de pesos, el cual pudiera constituir el delito de ejercicio indebido del servicio público.

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