Julio “N”, exfuncionario del municipio de Guadalupe, Zacatecas y su esposa, María “N”, podrían pasar entre 21 y 46 años en prisión de ser condenados por los delitos de homicidio calificado y robo calificado.
Su abogado, Darío Gamón Rodríguez, declaró en entrevista que ya se prepara la defensa ante ese “panorama” de punibilidad que está contemplado en el Código Penal para el Estado de Zacatecas, aunque para ello aún se solicita acceso a la carpeta de investigación.
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Insistió en que Julio “N”, “no tiene ninguna vinculación con los hechos” en los que perdió la vida Raúl Calderón Samaniego y, con el objetivo de demostrarlo, este fin de semana no se opuso resistencia alguna a los cateos hechos por la Fiscalía General de Justicia del Estado en su vivienda ni en otros dos inmuebles.
El artículo 299 del Código Penal señala: “Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas”. El artículo 321 impone una pena de hasta seis años de prisión por el robo calificado.
Gamón Rodríguez explicó que, si la autoridad jurisprudencial lo califica como un concurso, podrá imponer solamente la pena del delito que tenga la mayor sanción, en este caso, el homicidio.
Expresó que buscando conservar la libertad de Julio “N” y también de su esposa María “N”, a la defensa “evidentemente le preocupan” ambos delitos, pues por sí sólo, el robo calificado amerita la prisión preventiva oficiosa si se establece que fue cometido con violencia.
“En automático estarían en prisión preventiva”
Luego de que el pasado viernes, el Congreso del estado le quitara el fuero al exfuncionario, con lo que ya “no goza de inmunidad constitucional ni procesal”, abogado dijo que “sería muy irresponsable” de parte de la defensa, pedirle que se presentara a la audiencia inicial, pues los delitos que se han mencionado públicamente, ameritan prisión preventiva oficiosa.
En automático, él y su esposa estarían en prisión preventiva siguiendo el procedimiento
Aclaró que ambos perderían la libertad a pesar de que, tras interponer un amparo, se les concedió la suspensión provisional de la orden de aprehensión, pues dicha suspensión se encuentra sujeta todavía a determinar el tipo de delito.
Lamentó que aún se carece de acceso a la carpeta de investigación, la cual es necesaria para obtener la mayor cantidad de información posible para trabajar en la defensa y no seguir trabajando con base en suposiciones.
Buscan dejar sin efectos orden de aprehensión
El abogado explicó que la intención de fondo del amparo es que el Juez de Distrito pueda advertir que hubo irregularidades en la orden de aprehensión. Aunque todavía se carece de la información de la carpeta, la defensa considera que la autoridad omitió evaluar la “necesidad de cautela”.
Al respecto, apuntó que los dos imputados no representan riego para la sociedad, para las víctimas indirectas ni para el desarrollo del procedimiento, pues tomando en cuenta las actividades públicas que realizaban, no hay indicios de “un riesgo de fuga”.
Afirmó que se estará atendiendo el amparo con la finalidad última de que “se declare la ilegalidad de esa orden de aprehensión y que quede sin efectos la misma”.
También van en contra de proceso de desafuero
Anunció que, a más tardar mañana martes, se realizará una acción legal en contra del procedimiento de los diputados que elaboraron el dictamen de remoción del fuero constitucional, ya que “estuvo plagado de irregularidades y violaciones a los derechos que asistían (a Julio “N”) en calidad de servidor público”.
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Reconoció que las definiciones de la Legislatura en los juicios de procedencia y en los juicios políticos “son inatacables”, por lo que la defensa no va en contra de la decisión de los diputados en el pleno, sino que señalará las violaciones a los derechos que hubo en el procedimiento
Darío Gamón insistió en que se violó el debido proceso al no respetar el derecho de audiencia, ni el derecho a una representación adecuada, ya que a los abogados se les negó el expediente para emitir un argumento defensivo.
