El Juzgado Segundo de Distrito admitió la demanda de amparo indirecto que Julio “N” interpuso en contra de la LXIV Legislatura del Estado “por violación a diversos preceptos constitucionales” en la elaboración del dictamen que terminó en el juicio de procedencia del exfuncionario municipal de Guadalupe.
La admisión de la demanda se obtuvo tras cumplirse dos semanas de que los diputados locales removieron la inmunidad procesal a Julio “N” y aprobaron que fuera retirarlo del cargo de alcalde, para que enfrentara las acusaciones en su contra por el asesinato del abogado, Raúl Calderón.
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“La intención es que la jueza segunda de distrito del Estado, declare la ilegalidad e inconstitucionalidad del procedimiento para, en su caso, ordene que se reponga el procedimiento en la Legislatura”, explicó el abogado defensor de Julio “N”, Darío Gamón Rodríguez.
En caso de que el amparo proceda y se conceda de fondo, el juez ordenaría que se vuelva a realizar el proceso desde las comisiones legislativas, pero cumpliendo con los tiempos que marcan los reglamentos para que se le dé oportunidad al imputado de defenderse.
“También lo que nos interesa es que la sociedad se dé cuenta de la forma irregular en que la Legislatura actuó, se violaron los derechos fundamentales con esa celeridad con la que se elaboró el dictamen en contra del doctor Julio César”, dijo a El Sol de Zacatecas.
La audiencia constitucional del juicio de amparo se llevará a cabo la mañana del 9 de junio del 2023.
Gamón Rodríguez aclaró que la votación que emitieron los diputados en el pleno, dentro del juicio de procedencia realizado el 21 de abril, no es atacable, pero sí lo es el procedimiento que llevó a la elaboración del dictamen en comisiones.
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De acuerdo con documentos emitidos por el Juzgado Segundo de Distrito, la admisión de la demanda se fundamenta en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo.
Esta admisión de amparo en contra del proceder de la Legislatura, se suma a la suspensión definitiva a la orden de aprehensión que obtuvieron Julio “N” y su esposa, María “N”, señalados como posibles coautores del delito de homicidio y robo calificado.
Debido a que el delito de homicidio calificado amerita prisión preventiva oficiosa, a pesar de la suspensión obtenida, los dos imputados aún pueden ser recluidos mientras concluyen las investigaciones, lo cual puede durar hasta dos años, según lo establece el código nacional de procedimientos penales.
